Por qué el narco alias Guacamayo se hizo pasar por indígena: el Ministerio del Interior lo certificó

La obtención de prisión domiciliaria mediante el traslado a jurisdicción indígena ha vuelto a posicionarse en el centro de las alertas en Colombia, tras una denuncia que involucraría a Carlos José Robayo Escobar, alias Guacamayo, jefe de organización del narcotrafico con amplio prontuario, la ‘la Gran Alianza’..

Documentos oficiales del Ministerio del Interior y testimonios recogidos por Infobae Colombia revelarían sospechas sobre el uso de mecanismos legales específicos por condenados de alto perfil, con antecedentes de homicidio y narcotráfico, para acceder a beneficios judiciales.

Según la denuncia obtenida, alias Guacamayo, obtuvo prisión domiciliaria tras la autorización de su traslado desde la cárcel de Valledupar al Resguardo Indígena Yu Cehk del pueblo Nasa.

El traslado se basó en un certificado de pertenencia indígena emitido en mayo de 2026 por el Ministerio del Interior, el cual acredita su integración en la comunidad y le otorga cobertura bajo la jurisdicción especial indígena.

Prisión domiciliaria y traslado de alias Guacamayo

Según una fuente reservada, en diálogo con Infobae Colombia, el traslado de alias Guacamayo habría sido avalado por el mencionado certificado de pertenencia indígena emitido en mayo de 2026, firmado por la Dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior.

Este documento certifica su registro como miembro activo de la comunidad Yu Cehk y es válido ante entidades públicas, permitiendo así el acceso a derechos constitucionales, entre ellos el traslado a la jurisdicción especial indígena y la posibilidad de no permanecer en cárceles ordinarias.

Tras su ingreso al resguardo Alto Naya, Robayo Escobar modificó su estatus judicial y comenzó a cumplir su condena en prisión domiciliaria.

Las rutas administrativas utilizadas—censos, gestiones y trámites oficiales—guardan similitudes con procesos previos de condenados por delitos graves que han accedido a medidas semejantes.

Este caso no sería el primer indicio de esta presunta costumbre para evadir la ley colombiana.

Un presunto esquema de traslados irregulares permitió que Juan Carlos Vacca Castillo, jefe de Los de Dimax, evitara seguir en prisión al presentarse como indígena, en un mecanismo que, según una investigación de Semana, desvirtúa la protección constitucional de los pueblos originarios y abre una ruta de posible corrupción judicial.

En departamentos como Valle del Cauca, Antioquia, Huila y Cauca se han documentado casos en los que condenados por distintos delitos obtuvieron beneficios carcelarios mediante una supuesta pertenencia a comunidades indígenas, pese a la falta de pruebas sólidas sobre su arraigo.

En Colombia, los resguardos indígenas pueden recibir a personas indígenas condenadas para que cumplan la pena dentro de sus territorios, de acuerdo con la Constitución. La verificación de esa pertenencia corresponde a los cabildos y a las autoridades judiciales, pero ese procedimiento se habría prestado a maniobras irregulares.

De acuerdo con los documentos obtenidos por el medio, algunos de esos traslados habrían sido facilitados a cambio de pagos, aunque el texto aclara que no existen pruebas directas ni investigaciones penales concluidas que acrediten los montos.

Antecedentes y trayectoria criminal de alias Guacamayo

El historial delictivo de alias Guacamayo muestra múltiples conexiones con bandas de narcotráfico y homicidios de repercusión nacional.

De acuerdo con investigaciones de El Tiempo en 2020, Robayo Escobar integró la red denominada “la Gran Alianza” y fue cercano colaborador de Diego Montoya, alias Don Diego, líder del cartel del norte del Valle en los años noventa. Ambos fueron extraditados y Robayo Escobar cumplió siete años de condena en Estados Unidos antes de regresar a Colombia.

Al volver al país, fue detenido en 2013 por homicidio, recuperando la libertad en 2018 por decisión judicial. Desde ese momento, Robayo Escobar modificó su apariencia física, sometiéndose a más de diez cirugías y bajando 30 kg de peso, aunque conservó tatuajes que facilitaron su identificación por parte de las autoridades.

En un operativo en La Dorada, Caldas, agentes de la Policía Nacional confirmaron su identidad mediante un tatuaje de guacamaya en el brazo izquierdo. Con cincuenta y un años, enfrentaba cargos por concierto para delinquir agravado, homicidio agravado y tráfico de armas.

Las autoridades también lo vinculan con crímenes como el asesinato del intendente de policía Hernando Zuluaga Lurduy en 2019 y la muerte de tres hermanos hallados en una fosa común en Zarzal, Valle del Cauca.

La Fiscalía califica a alias Guacamayo como persona de alta peligrosidad, lo que incrementa la preocupación sobre los controles judiciales y la efectividad del sistema para prevenir el uso irregular de beneficios: “Dentro de la investigación, muy coordinada con la Fiscalía, empezamos a desarrollar patrones y perfiles de comportamiento, verificamos antecedentes y realizamos varias entrevistas que nos fueron dando luces sobre quién o quiénes estarían detrás de los homicidios”, declaró una investigadora a El Tiempo en 2020.