
El Gobierno de Gustavo Petro respondió el miércoles 20 de mayo a la capital de Bolivia con una medida diplomática que marca un punto de tensión inusual en las relaciones bilaterales. El Ministerio de Relaciones Exteriores anunció la conclusión de funciones del encargado de la Embajada de Bolivia en Colombia, en reciprocidad a la expulsión de la embajadora colombiana en territorio boliviano.
La decisión se produjo luego de que el Gobierno de Bolivia considerara las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre las protestas sociales que iniciaron desde el 1 de mayo y se mantienen activas y la situación política interna como una “injerencia inaceptable”.
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Petro había calificado las movilizaciones como una “rebelión popular contra el neoliberalismo” y había instado a evitar la existencia de “presos políticos”, además de ofrecer apoyo como mediador.
La reacción en La Paz llegó con rapidez, por lo que el Gobierno de Rodrigo Paz rechazó esas afirmaciones y las calificó como una “injerencia inaceptable” en sus asuntos internos. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia declaró “persona non grata” a la embajadora de Colombia en ese país, Elizabeth García Carrillo, y ordenó el fin de sus funciones diplomáticas.

La decisión boliviana se apoyó en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 y marcó el primer movimiento formal dentro de la escalada. Aunque no implicó la ruptura total de los vínculos, sí abrió un escenario de distanciamiento inmediato entre ambas sedes diplomáticas.
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Colombia respondió con medida diplomática
Frente a esta decisión, el Gobierno colombiano activó una respuesta bajo el principio de reciprocidad, por lo que la Cancillería adoptó una medida equivalente y ordenó la salida del representante boliviano en Bogotá, Ariel Percy Molina Pimentel.
El comunicado oficial colombiano precisó: “El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Colombia, considerando la decisión adoptada por el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia en relación con la permanencia de la embajadora de Colombia en este Estado, se vio precisado a declarar, por reciprocidad, la conclusión de sus funciones al señor Ariel Percy Molina Pimentel, encargado de oficina de la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia en Colombia”.
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El texto oficial agregó que: “El Ministerio de Relaciones Exteriores enfatiza que, no ha mediado por parte de ningún funcionario o miembro del Gobierno nacional, el interés o el propósito de inmiscuirse en los asuntos internos de Bolivia, y, consecuentemente, ratifica su compromiso con los principios de igualdad soberana; no intervención en asuntos internos de los Estados; la autodeterminación de los pueblos; la solución pacífica de las controversias; y el respeto a la integridad territorial (sic)”.
En la misma comunicación, la Cancillería afirmó que Colombia conserva su disposición para acompañar iniciativas de diálogo político y salidas institucionales en el país andino, siempre bajo solicitud del Gobierno boliviano. También destacó el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales como ejes de su postura internacional.
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El documento oficial añadió que el país mantiene abiertos los canales diplomáticos con Bolivia, pese a la decisión adoptada, pues la relación bilateral, con más de un siglo de contacto institucional, recibió así una nueva tensión sin cierre definitivo de vínculos.

La Cancillería insistió en que la relación bilateral conserva bases históricas y dejó claro que “reafirma los históricos vínculos de fraternidad y cooperación” entre Bogotá y La Paz.
En el mismo mensaje oficial, también sostuvo que esos lazos se sostienen en “respeto, reciprocidad y entendimiento mutuo”, al tiempo que reiteró la intención de mantener abiertos los canales diplomáticos pese al intercambio de medidas.
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Por ahora, el distanciamiento entre ambas naciones se mantiene tras las declaraciones del jefe de Estado Gustavo Petro, mientras en Bolivia persisten las movilizaciones que ya completan cerca de 20 días de inconformidad frente a las políticas internas, en medio de reclamos sociales que no ceden y mantienen la tensión política en ese país.
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