
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, cuestionó nuevamente su inclusión en la denominada lista Ofac, también conocida como Lista Clinton, y aseguró que esta herramienta ha dejado de ser exclusivamente un mecanismo de lucha contra el narcotráfico para convertirse, según dijo, en un instrumento de “control político mundial y de geopolítica”.
Petro afirmó que con el paso del tiempo la lista “cada vez se llena más de dirigentes políticos y no de narcotraficantes”, y sostuvo que su caso no estaría relacionado con delitos, sino con su posición política expresada en la Asamblea General de Naciones Unidas.
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“Es mi posición política en Naciones Unidas lo que ocasionó mi entrada a la lista Ofac”, señaló en entrevista con Caracol Radio.
El mandatario aseguró que la sanción se habría producido poco después de sus intervenciones internacionales y la calificó como una decisión arbitraria.

Además, sostuvo que, a la fecha, no existirían pruebas en su contra: “No han encontrado ni jota y no lo van a encontrar”, dijo, al tiempo que afirmó que incluso agencias de inteligencia habrían buscado sustentar la medida sin resultados.
Petro comparó su situación con la de otros casos internacionales, como el de la relatora de la ONU Francesca Albanese, quien también ha sido objeto de sanciones por sus posiciones políticas, según recordó.
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El jefe de Estado también cuestionó el impacto personal de la inclusión en la lista Ofac, asegurando que le ha generado restricciones financieras, como dificultades para realizar transacciones o vender bienes. Sin embargo, afirmó que no le preocupa el efecto personal de la sanción.
En su intervención, Petro también hizo referencia al expresidente boliviano Evo Morales, advirtiendo que este tipo de medidas podrían tener consecuencias más graves en contextos políticos similares en la región.

Finalmente, el mandatario insistió en que su inclusión en la lista responde a su postura política internacional y no a actividades ilícitas, y reiteró su crítica al uso de sanciones financieras en el escenario global.
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Los intentos de Petro para salir de la lista Clinton
La defensa jurídica del presidente presentó ante autoridades de Estados Unidos una solicitud formal para que sea retirado de la lista Clinton, argumentando que no existen fundamentos legales ni pruebas que justifiquen su permanencia. El documento, divulgado por Rtvc Noticias, sostiene que Colombia mantiene desde abril del 2026 una cooperación activa con Estados Unidos en materia de lucha antidrogas.
Entre los elementos presentados, la defensa resalta la firma de órdenes de extradición de narcotraficantes durante el gobierno de Petro y la captura de varios individuos requeridos por la justicia estadounidense, además de incautaciones de droga y operaciones conjuntas entre ambos países.
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También se mencionan mecanismos bilaterales como grupos de inteligencia, programas de sustitución de cultivos y acuerdos de cooperación contra el crimen transnacional.
La inclusión de Petro en la lista Ofac, formalizada en octubre de 2025, también alcanzó a su entorno cercano, incluyendo al ministro del Interior Armando Benedetti, su hijo Nicolás Petro Burgos y la primera dama Verónica Alcocer. Este hecho ha incrementado el impacto político del caso y ha generado reacciones en distintos sectores del país.

La lista Clinton, administrada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, implica el bloqueo de activos y restricciones financieras a personas señaladas por vínculos con narcotráfico, terrorismo o lavado de dinero. Su uso en el caso del presidente colombiano ha abierto un debate internacional sobre su alcance y su posible evolución hacia un instrumento de presión política.
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Mientras el gobierno colombiano insiste en que se trata de una decisión de carácter político, sectores del Congreso estadounidense plantearon hipótesis distintas, asociando el caso a investigaciones más amplias sobre posibles vínculos con estructuras del narcotráfico, lo que ha profundizado la tensión bilateral.
El caso de Gustavo Petro continúa generando controversia internacional, tanto por sus implicaciones diplomáticas como por el debate sobre el uso de sanciones financieras en el escenario global.
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