El reclutamiento infantil en Colombia se dispara y la Contraloría lanzó grave alerta por millonario recorte a programas de prevención

Las alertas sobre el reclutamiento forzado de menores en Colombia volvieron a encenderse tras un pronunciamiento de la Contraloría General de la República. El organismo advirtió que las fallas institucionales y la reducción de recursos destinados a la prevención están dejando a miles de niños y adolescentes en un escenario de mayor vulnerabilidad, especialmente en las zonas más golpeadas por el conflicto armado.

El contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, aseguró que el país atraviesa un panorama crítico debido a “la ineficacia del gasto público, la reducción de recursos y debilidades estructurales en la implementación de las políticas públicas, lo que está aumentando el riesgo de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes”.

Las conclusiones surgieron luego de una revisión hecha por el ente de control a varias estrategias estatales relacionadas con la protección de menores. Entre ellas, la respuesta institucional liderada por la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento, Uso, Utilización y Violencia Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes, conocida como Ciprunna, además del funcionamiento del Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos (Pard) y los programas de atención a la primera infancia del Icbf.

Uno de los puntos que más preocupa tiene que ver con la fuerte caída en los recursos destinados a la prevención. Según el informe, la Ciprunna pasó de tener un presupuesto mucho más amplio en el periodo 2019-2023 a contar apenas con 1.810 millones de pesos para el ciclo 2024-2026. La reducción ronda el 83,8%, un recorte que, según la Contraloría, está afectando de manera directa la capacidad del Estado para actuar en los territorios donde el riesgo de reclutamiento sigue creciendo.

Pero el problema no se limita únicamente a la falta de dinero. El análisis del organismo también encontró serias dificultades para ejecutar los recursos disponibles. Durante el periodo 2019-2023 se asignaron $12.891 millones para la Ciprunna, aunque solo se utilizaron $9.216 millones. En otras palabras, $3.675 millones quedaron sin ejecutar pese a las necesidades existentes en las regiones más afectadas.

Para la Contraloría, “este comportamiento evidencia que el problema además de ser de reducción de recursos, es también de capacidad institucional para transformar el presupuesto en resultados efectivos”.

Las observaciones también alcanzaron al sistema encargado de restablecer los derechos de menores víctimas de vulneraciones. Durante visitas técnicas realizadas por el ente de control, se identificó que más del 60% de los equipos interdisciplinarios vinculados al Pard están incompletos. Esa situación, advirtió la entidad, dificulta la atención oportuna de los casos y limita la capacidad de respuesta frente a situaciones de violencia, abuso o reclutamiento.

En paralelo, la revisión a los programas de atención a la primera infancia del Icbf dejó en evidencia problemas relacionados con el seguimiento y la identificación de casos de vulneración de derechos. La Contraloría encontró inconsistencias en los reportes oficiales y fallas en los sistemas de información utilizados para registrar las alertas.

Las cifras llamaron particularmente la atención. Mientras en 2022 se reportaron 1.488 alertas y en 2024 otras 1.458, durante 2023 únicamente apareció registrado un caso. Para el ente de control, ese comportamiento estadístico “evidenciaría posibles limitaciones en la capacidad operativa de la entidad”.

Otro de los hallazgos apunta a las diferencias entre las zonas urbanas y rurales. De acuerdo con el informe, gran parte de los recursos se están concentrando en modalidades de atención ubicadas en ciudades, mientras las estrategias enfocadas en fortalecer a las familias y comunidades rurales enfrentan problemas de financiación y cobertura.

La Contraloría considera que esa distribución del gasto termina ampliando las brechas territoriales y dificulta la construcción de soluciones sostenibles en regiones donde los grupos armados ilegales continúan teniendo presencia y capacidad de presión sobre menores de edad.

En ese contexto, el contralor hizo un llamado a las entidades que integran el Sistema Nacional de Bienestar Familiar y a las autoridades locales y nacionales para fortalecer la respuesta institucional y garantizar que las inversiones realmente lleguen a quienes más lo necesitan. “Permitir que cada peso invertido se traduzca en protección real y verificable para la niñez”, insistió Rodríguez al referirse a la necesidad de mejorar la articulación entre las entidades encargadas de prevenir este delito.

La entidad de control también dejó claro que mantendrá vigilancia sobre la ejecución de los recursos públicos destinados a estos programas. “Donde se identifique que el gasto público no está cumpliendo el objetivo para el cual fue destinado, la Contraloría actuará con el fin de que se cumpla con los principios de eficacia y eficiencia en la ejecución de estos”, señaló el organismo.

Finalmente, el contralor reiteró que “el deber del Estado es garantizar que cada recurso se traduzca en protección y oportunidades para los niños, niñas y adolescentes”, en medio de un escenario donde el reclutamiento forzado sigue siendo una de las amenazas más graves para la infancia en varias regiones del país.