
El 20 de mayo la Fiscalía Penal Militar y Policial informó, a través de un comunicado de prensa, de la captura y judicialización de un subintendente la Policía Nacional que habría ayudado a que un requerido por circular roja de Interpol escapara de las autoridades.
De acuerdo con la investigación, el hecho se registró el 12 de mayo de 2026 en Medellín, cuando el uniformado cumplía funciones de custodia en las celdas de la Seccional de Investigación Criminal.
Los investigadores confirmaron que el uniformado recibió 500 millones de pesos a cambio de permitir el escape del privado de la libertad. “Los elementos recopilados indican que el procesado habría recibido y verificado instrucciones relacionadas con la entrega del dinero para posteriormente abandonar su puesto de vigilancia, circunstancia que fue aprovechada para ejecutar la fuga”.
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La Fiscalía Penal Militar y Policial informó que un equipo de la Policía Judicial realizó la captura del uniformado que ayudó a escapar a alias Negro Dago, requerido por las autoridades en Perú. Sobre el criminal, su nombre real es Dago Alberto Martínez Méndez y está siendo buscado por el asesinato de la enfermera Ericka Elizabeth Hernández Olivares en Perú, crimen que se registró en 2023.
“Como resultado de las labores investigativas el 16 de mayo de 2026 un Juez de Control de Garantías expidió orden de captura contra el subintendente por los delitos de favorecimiento de fuga dolosa agravada, cohecho propio agravado, abandono del puesto y desobediencia, misma que fue materializada el 19 de mayo y, en audiencia posterior, se avaló la legalidad del procedimiento de captura”, es parte del comunicado oficial.
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Además, la Fiscalía Penal Militar y Policial reafirmó su compromiso de ayudar a capturar y enviar a los países en los que son requeridos los criminales que tienen orden de captura de Interpol.

En otro hecho similar, un soldado adscrito al Batallón José Hilario López de Popayán, en el departamento del Cauca, fue capturado tras haberse evadido de su puesto de seguridad con material de guerra y de intendencia asignado para el cumplimiento de sus funciones.
De acuerdo con información oficial de la Fiscalía Penal Militar y Policial, el hecho se registró el 15 de mayo de 2026, cuando el uniformado abandonó su posición y se llevó consigo el equipo bajo su custodia. La rápida reacción de integrantes de la misma unidad militar permitió la ubicación y captura del soldado, además de la recuperación de los elementos sustraídos.
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Según reportó la Fiscalía Penal Militar y Policial, en audiencias concentradas celebradas ante el Juzgado 1717 Control de Garantías, se legalizó la captura del implicado. Posteriormente, la Fiscalía 2436 de Conocimiento formuló imputación por los delitos de peculado sobre bienes de dotación y abandono del puesto, señalando la concurrencia de ambas conductas en concurso heterogéneo. Los elementos materiales probatorios recolectados por la Policía Judicial respaldaron la imputación presentada por el ente investigador.

Durante la audiencia, el soldado imputado aceptó los cargos, según consta en los registros oficiales. A petición de la Fiscalía Delegada, el juzgado impuso medida de aseguramiento de detención preventiva intramural en un establecimiento carcelario, con el objetivo de garantizar la comparecencia del procesado ante la justicia y evitar cualquier obstáculo a la investigación. El caso ha sido considerado de particular interés para las autoridades, dado que involucra la sustracción de material de guerra y de intendencia, elementos fundamentales para la operatividad de las fuerzas militares. Voceros de la Fiscalía General Penal Militar y Policial reiteraron que este tipo de hechos representan una seria amenaza a la integridad institucional y a la confianza de la ciudadanía en la fuerza pública.
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La institución enfatizó que mantiene su compromiso con la legalidad, la disciplina institucional y la investigación efectiva de conductas que pongan en riesgo el cumplimiento del deber. “La investigación y la sanción de estas conductas son fundamentales para preservar la integridad y el correcto funcionamiento de la fuerza pública”.
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