Isabel Zuleta denunció al concejal Alejandro De Bedout y al movimiento Creemos por presunta violencia política de género

La senadora Isabel Cristina Zuleta López, presentó una queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación y una denuncia formal ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) contra el concejal de Medellín Alejandro De Bedout Arango y el movimiento político Creemos por presunta violencia política basada en género. Las acciones, radicadas esta semana, buscan que las autoridades investiguen hechos que, según la congresista, configuran hostigamiento y violencia contra las mujeres en el ámbito político.

De acuerdo con la documentación entregada por Zuleta, tanto la Procuraduría como el CNE recibieron información sobre “conductas reiteradas, sistemáticas y públicas” atribuidas a Alejandro De Bedout. En esa línea, la denuncia sostiene que el concejal habría promovido campañas de estigmatización e insultos en redes sociales, videos y columnas de opinión.

Según la senadora, estas acciones incluyeron acusaciones sin sustento judicial y expresiones que buscan desacreditar su labor institucional y política como mujer y como Coordinadora del Espacio de Conversación Socio Jurídico para la Paz Urbana en Medellín y el Valle de Aburrá.

Entre los hechos documentados se citan expresiones como “la reina de la cárcel de Itagüí”, “la Virgen de los sicarios” y “patrona de criminales”, además de señalamientos que la asocian públicamente con estructuras ilegales y supuestas interferencias en operativos judiciales.

Respaldo normativo y protección jurídica

La defensa de Zuleta subraya que las actividades que desempeña la senadora cuentan con respaldo jurídico, específicamente la Ley 2272 de 2022, así como las Resoluciones 138 de 2023 y 452 de 2024 del Gobierno Nacional y decisiones judiciales que han reconocido el marco legal de su actuación institucional. El documento recalcó que “las labores desarrolladas por la Senadora se encuentran amparadas en la Ley”, lo que refuerza su posición ante las autoridades.

Delitos y faltas disciplinarias imputados

La queja presentada ante la Procuraduría argumenta que las conductas denunciadas podrían constituir faltas disciplinarias relacionadas con hostigamiento por razones ideológicas, incumplimiento del deber de trato respetuoso, abuso de la investidura y violencia contra las mujeres en política, conforme a lo dispuesto por la Ley 1952 de 2019 y la Ley 2453 de 2025. En ese contexto, la senadora solicita que se evalúe la responsabilidad disciplinaria de De Bedout y se tomen medidas para prevenir que hechos similares se repitan.

Por su parte, la denuncia formal ante el Consejo Nacional Electoral apunta a la posible responsabilidad institucional del movimiento Creemos por omisión o falta de adopción de políticas eficaces para prevenir y rechazar las conductas de violencia política basada en género.

Impacto de los discursos y el rol de las mujeres en la política

En los documentos radicados, Isabel Zuleta advierte que las expresiones y señalamientos por parte del concejal reproducen estereotipos machistas que buscan ubicar a las mujeres en posiciones de subordinación simbólica en el ámbito político y en los procesos de construcción de paz. Según la senadora, este tipo de violencia afecta su imagen pública, su seguridad personal y el derecho de las mujeres a ejercer cargos públicos libres de agresiones.

La congresista resalta que la violencia política basada en género “busca silenciar, desacreditar y expulsar a las mujeres de los espacios de decisión pública”. Para Zuleta, la estigmatización y los discursos de odio no deben normalizarse como práctica política.

Peticiones de protección y garantías de no repetición

Como parte de las acciones jurídicas, Zuleta solicita medidas urgentes de protección y garantías de no repetición. Entre estas, pide el retiro y rectificación de publicaciones consideradas violentas o estigmatizantes, así como el seguimiento institucional para evitar que las conductas denunciadas continúen. También solicita la aplicación de enfoque de género e interseccionalidad en todas las actuaciones administrativas y disciplinarias relacionadas con este caso.

La senadora manifestó que defenderá sus derechos políticos y fundamentales frente a cualquier forma de violencia que tenga por objeto restringir la participación de las mujeres en la vida pública y en los procesos de paz del país. “No podemos permitir que la estigmatización y los discursos de odio se normalicen como forma de hacer política”, declaró la congresista en un comunicado.