Bienes de la congresista Saray Robayo están en riesgo por caso Centros Poblados: Fiscalía insiste en que tendrían relación con Emilio Tapia

El embargo judicial de bienes de la exreina de belleza Saray Robayo, ahora congresista del Partido de la U, forma parte de la nueva fase en el caso Centros Poblados, uno de los mayores escándalos de corrupción en Colombia.

Robayo, a través de su defensa, niega vínculos patrimoniales con fondos ilícitos presuntamente generados por Emilio Tapia, contratista condenado, y busca frenar la extinción de dominio que ordenó la Fiscalía General de la Nación, según información conocida por la revista Cambio.

La Fiscalía embargó cinco inmuebles de Saray Robayo por sospechar que estos podrían estar relacionados con recursos irregulares provenientes del contrato de Centros Poblados.

Sin embargo, la congresista presentó pruebas de que adquirió las propiedades antes de conocer a Tapia y argumentó la total independencia de su patrimonio, cuestionando que exista una sociedad patrimonial con el contratista condenado.

Entre los bienes bajo medidas cautelares destaca un terreno rural de 2.100 metros cuadrados en San Bernardo del Viento, Córdoba, adquirido en 2022 por 22 millones de pesos. También figuran una finca de 31 hectáreas en Montería —comprada junto a su medio hermano Raymundo Elías Méndez Bechara—, un penthouse de 338 metros cuadrados en Coveñas, Sucre, y dos inmuebles adicionales en copropiedad.

La extinción de dominio busca evitar que patrimonios originados en actos ilícitos permanezcan en manos de los involucrados. Aunque la Fiscalía admite el origen lícito de los bienes, sostiene que podrían haber sido utilizados para ocultar capitales ilegales, y apela a la “probabilidad jurídica fundada probatoriamente” para aplicar medidas a personas cercanas a Tapia.

La defensa de Saray Robayo ante la extinción de dominio

Entretanto, la defensa jurídica de Saray Robayo, encabezada por Andrés Pastás, sostiene que su relación sentimental con Tapia comenzó en 2024 y que, hasta finales de 2023, la congresista “ni siquiera conocía a Tapia”, por lo que descarta la existencia de convivencia y de una unión marital de hecho.

Pastás recalcó en documentos judiciales que “nunca existió apoyo mutuo económico, moral ni espiritual”, según documentos presentados al caso y citados por Cambio. El defensor argumentó también que Tapia sigue casado desde 2016, lo que impediría la declaración de patrimonios compartidos.

Asimismo, la congresista afirma que adquirió todos los bienes antes de iniciar cualquier vínculo con Tapia. El expediente judicial incluye sus declaraciones de renta: 1.929 millones de pesos en 2020, 1.795 millones en 2021 y 2.061 millones en 2022. La defensa señala que su patrimonio se originó en su trabajo en la Universidad del Sinú y el Ministerio del Interior en 2020.

Un elemento central de la defensa es que Robayo no entró a la cárcel El Bosque, en Barranquilla, donde estaba recluido Tapia, antes del 2 de mayo de 2024, según registros del Inpec. Este hecho respalda, en palabras de su equipo, que no convivió con el contratista durante el periodo relevante para la investigación.

Además, la estrategia de la defensa añadió un giro destacando la anterior relación sentimental de Robayo con Armando Benedetti, actual ministro del Interior, entre 2022 y 2023.

El expediente judicial revelado por la revista Cambio incorporó enlaces de prensa y pruebas de vuelos privados realizados por la congresista y Benedetti entre Barranquilla y Caracas en aeronaves de Helistar, Helijet y Río Sur, utilizados para reforzar que ese período descarta convivencia con Tapia.

Controversias en torno a fechas y vínculos patrimoniales

Uno de los focos principales del proceso es la incertidumbre sobre el momento exacto en que inició la relación Robayo-Tapia. Aunque la defensa alega que el vínculo comenzó en 2024, no suministró una fecha precisa, lo que dificultaría la validación de la unión patrimonial que requiere la Fiscalía como fundamento para su acusación.

De hecho, en una polémica entrevista de junio de 2025 concedida a Eva Rey, que al final nunca salió a la luz de forma completa, Robayo afirmó que su maternidad fue “planeada y concebida” en prisión junto a Tapia. Sin embargo, el expediente judicial no contiene el registro de nacimiento de la hija, aunque sí documentación relacionada con el matrimonio anterior de Tapia y su paternidad previa.

La defensa solicitó que Robayo, Tapia y sus abogados comparezcan ante la jueza para precisar el inicio del vínculo, pues solo una convivencia demostrada de al menos dos años podría crear una sociedad patrimonial de hecho, requisito clave para aplicar la extinción de dominio sobre los bienes de la congresista.

En declaraciones a Caracol Radio el 18 de abril de 2024, Robayo negó cualquier relación sentimental con Tapia. La declaración se produjo después de que el medio informara sobre supuestas salidas del contratista de la cárcel para encontrarse con la congresista, hecho que provocó una investigación interna del Inpec.