Estas son las medidas para priorizar crímenes y denuncias de periodistas que anunció la Fiscalía

La Fiscalía General de la Nación de Colombia adoptó nuevos lineamientos prioritarios para investigar crímenes y amenazas contra periodistas y trabajadores de medios, tras la expedición de la Resolución 00119 de 2026. El documento introduce medidas que buscan no solo acelerar, sino también fortalecer la respuesta estatal frente a homicidios, intimidaciones y otras agresiones vinculadas con el ejercicio informativo.

El eje central de la resolución reside en un mandato de diligencia reforzada para los fiscales, quienes ahora tendrán la obligación de actuar de manera exhaustiva y sin dilaciones injustificadas. Este nuevo estándar implica recolectar, preservar y analizar las pruebas de manera integral y con mayor rigor técnico.

El ente investigativo, reconoce que las agresiones a periodistas trascienden el daño individual y afectan de forma directa la libertad de expresión y el acceso a la información, pilares del debate público. Por esa razón, el protocolo demanda que la investigación contextualice cada caso.

Es decir, se deberá analizar tanto la agresión en sí como los hechos que el periodista venía denunciando o verificando, con el fin de identificar motivaciones relacionadas con censura o represalias por exponer intereses ilícitos.

Una de las novedades más relevantes radica en la inclusión de un enfoque diferencial. Esta directriz rechaza la exigencia de acreditaciones formales para reconocer la condición de periodista: cualquier persona que ejerza labores informativas —incluso en entornos digitales— será amparada por estos protocolos.

Este matiz busca contrarrestar los efectos de amedrentamiento o autocensura que puedan derivarse de amenazas, así como el impacto negativo en la circulación de información de interés público.

Entre las acciones operativas, la Fiscalía refuerza los procedimientos para recepción, registro y canalización de denuncias. Ahora, se pondrá especial atención a asegurar una identificación adecuada de la condición de la víctima y la existencia de un nexo entre los hechos denunciados y la actividad profesional periodística.

Además, las diversas dependencias y direcciones especializadas de la entidad estarán obligadas a coordinarse de forma más eficiente, lo que permitirá identificar patrones criminales con mayor efectividad y evitar la fragmentación de causas.

En los casos donde exista un riesgo actual o inminente para la vida, integridad física o el ejercicio periodístico, el documento exige a los fiscales priorizar la protección de las víctimas, verificar de inmediato el nivel de amenaza y poner en funcionamiento los mecanismos de prevención para impedir nuevas agresiones.

El reglamento también ordena la creación de un canal permanente de diálogo entre la Fiscalía y organizaciones de la sociedad civil abocadas a la defensa de la libertad de prensa. El objetivo es fortalecer tanto los dispositivos de prevención como el acompañamiento a las víctimas, además de facilitar la obtención de datos relevantes para las investigaciones.

Como complemento, la institución prevé la implementación de planes de capacitación dirigidos específicamente a los fiscales y a quienes reciben denuncias, con miras a garantizar que el aparato de justicia esté preparado para aplicar eficazmente los nuevos protocolos.

Defensoría lanzó alerta por la libertad de prensa en Colombia

El ejercicio periodístico en Colombia enfrenta actualmente un contexto de creciente presión y riesgo, según el último informe de la Defensoría del Pueblo. El pronunciamiento subraya el aumento de agresiones y la aparición de nuevas formas de intimidación, en especial hacia periodistas que cubren temas sensibles.

El informe detalla que durante 2025 se documentaron 469 agresiones a periodistas, incluyendo amenazas, hostigamientos, bloqueos para acceder a información y ataques en redes sociales. Estas situaciones afectan tanto a comunicadores en grandes ciudades como a reporteros en zonas apartadas, donde la presencia de actores ilegales y tensiones políticas locales agravan el escenario.

La Fundación para la Libertad de Prensa y Reporteros Sin Fronteras aportan datos complementarios. Según la Fundación, el número de ataques evidencia la constante presión sobre la profesión, mientras que Reporteros Sin Fronteras ubica a Colombia en el puesto 115 de 180 países evaluados en libertad de prensa, mostrando desafíos estructurales persistentes.

El informe destaca que la censura y la presión no se limitan a agresiones tradicionales, sino que también se manifiestan en campañas de desprestigio, ataques coordinados y difusión de información manipulada en entornos digitales. La Defensoría del Pueblo insiste en que la protección de la libertad de prensa debe ser integral y que las respuestas institucionales deben ir más allá de acciones reactivas, priorizando la prevención, protección y seguimiento.