
La decisión del presidente de la República, Gustavo Petro, de ordenar la suspensión temporal de las operaciones militares ofensivas y de policía contra miembros de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (Cneb) en Putumayo, en decreto firmado a una semana de que se lleve a cabo la segunda vuelta presidencial, prevista para el domingo 21 de junio, generó una reacción inmediata de sectores críticos del Gobierno.
Entre las voces críticas a esta suspensión se destacó la de José Félix Lafaurie, presidente de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegán), que a través de sus redes sociales expresó dudas sobre el trasfondo de la medida impulsada por el Ejecutivo. Y puso, de esta manera, su lupa en el proceso de negociación establecido con esta disidencia de las Farc, que hace parte de la política de Paz Total que es blanco de cuestionamientos.
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“¿Para qué suspende las operaciones militares contra los terroristas de las Farc en Putumayo? ¿Para que le hagan campaña?”, expresó el titular de la organización gremial, que recientemente se desvinculó del Centro Democrático para sumarse a las filas de Salvación Nacional. Lafaurie, que fue negociador del fallido proceso con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y, desde entonces, es crítico de estos procesos.

¿En qué consiste la suspensión de operaciones en el Putumayo?
El decreto 0603 de 2026, revelado por Infobae Colombia, estableció que las acciones militares y policiales quedarán suspendidas desde las 00:00 del domingo 14 hasta las 11:59 p. m. del viernes 19 de junio, apenas dos días antes de la contienda electoral. Según se indicó, la medida solo abarca únicamente los lugares y rutas previamente pactados para el traslado, preagrupamiento y llegada de los disidentes.
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De esta manera se espera “facilitar el inicio gradual y progresivo del tránsito a la vida civil” de los miembros de la Cneb, que serán ubicados temporalmente en la Zona para la Capacitación Integral y de Ubicación Temporal de Valle del Guamuez, en este departamento. El listado de estos integrantes es reservado, pero según se especificó cuenta con el visto bueno del consejero Comisionado de Paz, Otty Patiño.

En ese orden de ideas, el decreto también prevé la creación de un Mecanismo de Monitoreo y Verificación de carácter tripartito, integrado por el Gobierno nacional, la organización armada y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Este mecanismo, como es sabido, tendrá la tarea de supervisar el cumplimiento de la suspensión y el funcionamiento de la zona autorizada.
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Pese a las críticas que ha desatado esta medida en el decreto se precisó que la suspensión de operaciones solo aplica a los tramos y rutas acordados, y que la información sobre estos desplazamientos también tendrá carácter reservado. Además, se establece que la Cneb no podrá adelantar acciones ofensivas contra la fuerza pública durante el traslado y preagrupamiento, ni incurrir en conductas que vulneren los acuerdos.

En consecuencia, el Gobierno remarcó que las autoridades continuarán cumpliendo sus funciones constitucionales y legales durante este periodo, tal como indica el artículo 9 del decreto, y de esta manera eximió de responsabilidad penal y disciplinaria a funcionarios y miembros de la fuerza pública que estén implicados en este desplazamiento, siempre que actúen bajo estricto cumplimiento de sus funciones.
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El traslado forma parte de una hoja de ruta pactada desde 2025, como parte de los diálogos de paz, que incluyó la creación de zonas temporales para la capacitación y ubicación de integrantes del grupo armado en los departamentos de Nariño y Putumayo. De hecho, en abril de 2026, se firmó en Puerto Asís, el protocolo de fechas y procedimientos para este traslado; que coincidió, según el Ejecutivo, con el periodo electoral.
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