
Desde el centro del poder en Colombia, un conjunto de revelaciones del diario El Colombiano abre un capítulo incómodo para la Casa de Nariño; el nombre de Juliana Guerrero aparece en el eje de una trama que mezcla conversaciones privadas, decisiones administrativas y acusaciones sobre su nivel de influencia en el Gobierno de Gustavo Petro.
Las revelaciones describen un vínculo cotidiano —aunque polémico— entre el mandatario y Guerrero a través de Line, una aplicación de mensajería instantánea y la única plataforma de mensajería que usaría Petro. Allí, según el diario, se cruzan mensajes frecuentes que incluyen música de Bad Bunny, Beéle y vallenatos clásicos y referencias a autores como Karl Marx y Thomas Piketty.
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Una fuente consultada por el medio resume esa dinámica con una frase que marca el tono del vínculo: “Hablan todos los días, a veces en la madrugada, como si no existiera distancia institucional”. En ese mismo chat también se estarían abordando temas de la agenda pública, en un intercambio que el propio entorno presidencial reconoce como constante.

El reporte periodístico no se limita a describir cercanías: plantea un mapa de poder informal que, según fuentes citadas, opera entre chats, reuniones reservadas y contactos con altos funcionarios. El Colombiano expone versiones de funcionarios y fuentes cercanas al Ejecutivo que ubican a Guerrero en escenarios de discusión de alto nivel.
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La cuestionada influencia en la joven sobre el Ejecutivo
Un exfuncionario citado por la fuente citada afirma que “no es raro que el presidente pregunte qué piensa ella sobre temas de gobierno, incluso antes de hablar con ministros”. Esa afirmación, sin confirmación oficial, se suma a una cadena de testimonios que describen a Guerrero como un punto de contacto directo con el entorno presidencial.
El impacto de estas revelaciones tiene un peso importante debido a que se cruzan con el debate interno del Ejecutivo. Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) —cercana en su momento al mandatario— y luego gerente del Fondo Adaptación, entra en confrontación pública y lanza una de las frases más fuertes para la revista Semana: “Juliana Guerrero es la que maneja el poder en muchas entidades (…) ella es el verdadero poder”.
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En su relato, Rodríguez mencionó a Juliana Guerrero, la joven que se mueve por los pasillos de la Casa de Nariño, y la señaló por supuestos vínculos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), lo que abrió muchas interrogantes debido a que este grupo criminal se sentó con el Gobierno en un proceso de paz.
El diario también recogió episodios sobre el ascenso institucional de Guerrero, pues una fuente del Ministerio del Interior afirmó que “ella no pedía permiso, ella resolvía”. Otra versión añade: “Cuando ella llamaba, los temas se movían rápido, incluso en el Congreso”. Esas afirmaciones no aparecen aisladas: se repiten en distintos testimonios recogidos por el medio, que coinciden en describir una capacidad de intermediación política.
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En el Congreso, según El Colombiano, su nombre circula entre bancadas de distintos partidos. Un legislador consultado asegura que “más de un proyecto se movió después de una llamada de ella”. Otro añade: “No era raro que senadores buscaran contacto directo porque sentían que ella hablaba con el Gobierno”.
Además, un funcionario citado por el diario afirmó: “Ella estaba ahí cuando se discutían cosas delicadas, no como observadora, sino como alguien a quien le preguntaban”. Otro agregó: “A veces el presidente la escuchaba antes que a ministros”.
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El ascenso de Juliana Guerrero y su poder sobre los pasillos de la Casa de Nariño
Con apenas 24 años, Juliana Guerrero se mueve en el corazón del poder ejecutivo como una de las figuras más comentadas del entorno del presidente Gustavo Petro. Su nombre aparece en conversaciones internas, espacios de decisión y reuniones políticas que, según distintas versiones recogidas en investigaciones periodísticas, la ubican en un nivel de influencia que no corresponde a un cargo de alto rango formal.
Nacida en Valledupar, pero toda su vida estuvo en Codazzi (Cesar); su salto al escenario nacional ocurrió tras su participación en la campaña del Pacto Histórico. Desde allí pasó a cargos en el Ministerio del Interior, de la mano de Benedetti, y el Dapre como secretaria ejecutiva, pero en los ‘chismes de pasillo’, se dice que su rol real va más allá de lo administrativo; la describen como una persona con acceso directo al despacho presidencial y capacidad de interlocución con actores políticos y funcionarios de distintas entidades.
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El debate creció por su presencia en decisiones estratégicas y su papel como delegada del presidente ante el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar, un espacio donde participa en discusiones institucionales de alto impacto regional. En paralelo, su nombre circuló en conversaciones sobre intermediación política, contactos con congresistas y gestión de temas sensibles dentro del Ejecutivo, según testimonios recogidos por medios de investigación.

El caso toma otra dimensión por las denuncias sobre su formación académica, y es que la Fiscalía le imputó cargos por presunta falsedad en documento público y fraude procesal, en medio de cuestionamientos sobre títulos obtenidos en la Fundación Universitaria San José sin cumplir requisitos como las pruebas Saber Pro. Ese proceso judicial sigue en curso y mantiene su nombre bajo escrutinio.
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También fue señalada por supuestas irregularidades en contratación pública y por el uso de bienes del Estado en desplazamientos oficiales, por medio de los helicópteros de la Policía Nacional, junto a su hermana. A pesar de las controversias, el presidente Petro defiende públicamente su cercanía con ella, de hecho, en su momento el mandatario se refirió a ella como “activa y rebelde”.
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