En medio de la polémica por el caso de la joven funcionaria Juliana Guerrero por la presunta falsificación de sus títulos académicos para acceder al Ejecutivo, se conoció otro caso que involucra a una de las celebridades de la farándula colombiana.
Se trata de la reconocida actriz y exreina de belleza Yeimi Paola Vargas que fue citada por la Fiscalía General de la Nación a una audiencia de imputación de cargos para el 30 de abril de 2026, acusada por el delito de falsedad en documento público.
Según la investigación revelada por Semana, la exsoberana de la belleza es acusada por la presunta utilización de un diploma académico apócrifo para acceder a un contrato estatal en la Alcaldía de Cartagena durante 2025.
El eje de la acusación gira en torno a una certificación presentada por Vargas, la cual la acreditaba como tecnóloga laboral en actuación y teatro, supuestamente expedida por el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga.
De acuerdo con documentación oficial citada por el medio de comunicación, ese título fue requisito clave para la firma de un contrato por 55 millones de pesos y nueve meses de duración, firmado el 21 de marzo de 2025, y cuyo objeto era prestar servicios de apoyo en la gestión y promoción cultural del patrimonio de la ciudad.
La investigación reveló que, tras revisar los registros del instituto, la exreina no figura en los listados ni existen antecedentes administrativos, académicos ni certificaciones que respalden la existencia del diploma.
Un episodio determinante en el proceso de verificación fue la intervención del docente e investigador Álvaro González Álvarez que, en octubre de 2025, reportó irregularidades en la tipografía y formato del acta.
“Se evidencia que la señora Yeimy Paola Vargas no figura dentro de dicho listado, y que el documento presentado difiere del formato de diploma establecido por la institución; por lo anterior, el instituto no registra precedentes académicos, administrativos, ni certificación que soporte la expedición del documento referido”, fue la respuesta oficial de la institución académica revelada por el diario mencionado.
Vargas fue recontratada sin los requisitos exigidos
La controversia se intensificó cuando, tras seis meses de ejecutado el contrato original —que se suspendió debido a la denuncia pública—, la Alcaldía de Cartagena volvió a vincular a Vargas en 2026 por un periodo adicional, pero esta vez bajo el perfil de bachiller y un nuevo contrato de 18 millones de pesos, sin exigir la certificación académica cuestionada, tal como lo reveló el diario local El Heraldo.
La autoridad municipal argumentó que la decisión de volver a contratarla respetó el principio de presunción de inocencia, dado que hasta el momento de la segunda vinculación no existía inhabilidad legal vigente contra la actriz.
Este procedimiento administrativo es ahora objeto de revisión, ya que la Fiscalía ha anunciado que la investigación se ampliará hacia los funcionarios del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (Ipcc) responsables de la firma y verificación de los contratos.
Entre los documentos anexados en la hoja de vida entregada por Yeimy Paola Vargas a la Alcaldía de Cartagena figura también una certificación formal en curso de transparencia y lucha contra la corrupción.
Este elemento ha sido incorporado al acervo probatorio, al considerarse paradójico que acompañara a un diploma cuya autenticidad resultó refutada por la propia institución supuestamente emisora.
La investigación de la Fiscalía General no solo se centra en la autenticidad del diploma, sino en la eventual responsabilidad de terceros. La entidad ha enfatizado que el proceso de indagatoria continuará respecto a los funcionarios del IPCC que permitieron la contratación a pesar de las advertencias y de la polémica pública, con el objetivo de establecer si hubo omisiones administrativas o irregularidades sistemáticas.
De resultar culpable del cargo de falsedad en documento público, Vargas podría enfrentarse a una sanción carcelaria de entre cuatro y nueve años, además de quedar inhabilitada para realizar contratos con entidades estatales, según el Código Penal colombiano.
Hasta el momento, ni la actriz ni su equipo legal han emitido comunicados oficiales de defensa ante las acusaciones.
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