La reciente interceptación de una comunicación entre dos frentes del ELN reveló la existencia de un plan concreto para asesinar a la candidata presidencial Paloma Valencia, con el uso de un bus bomba en Bogotá.
La amenaza, confirmada y detallada por las investigaciones de las autoridades, se produjo tan solo un mes después del atentado mortal contra el precandidato Miguel Uribe Turbay, crimen atribuido a la Segunda Marquetalia.
El mensaje que encendió las alarmas fue divulgado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, lo que incrementó el nivel de alerta sobre la integridad de la candidata.
El contenido de la interceptación, junto con la logística identificada en la capital, llevó a la Policía –en coordinación con la seguridad de Uribe– a activar protocolos de protección inmediata.
Semana afirmó haber obtenido acceso al contenido completo de la comunicación y a los análisis oficiales sobre el riesgo inminente al que se enfrenta Valencia.
En el encabezado de la misiva, cuya autenticidad y peligrosidad fue confirmada por los cuerpos de inteligencia, puede leerse: “Objetivo PALOMA”.
La directriz, de acuerdo con las pesquisas, llegó en junio de 2025, cuando Uribe Turbay aún permanecía hospitalizado tras sobrevivir al ataque.
La orden fue remitida por el Frente Urbano Nacional del ELN al Frente de Guerra Nororiental, y detallaba los mecanismos y recursos movilizados para el atentado: “1 Entendimos el mensaje, tenemos los cros en disposición y el bus que puso la Bakatá. 2 El número es 313267****. 3 Todo está en la capital”, según consta en la denuncia entregada a la Fiscalía.
La frase cifrada que desencadenó el operativo de seguridad expresaba de manera inequívoca la intención homicida: “Esa paloma hay que ponerla a volar”.
La terminología empleada por los cabecillas coincidió con códigos detectados en otras comunicaciones interceptadas y eleva la veracidad de la amenaza, según confirmaron los análisis.
Para la identificación de los responsables, resultó determinante el rastreo de una línea telefónica registrada en Colombia y operada en julio del año anterior en la frontera con Venezuela, rastreo que condujo eventualmente a Bogotá.
El seguimiento de esa línea permitió comprobar que los miembros del grupo delictivo utilizaron aplicaciones de mensajería como WhatsApp, Signal, Telegram y Zangi, aunque evitaron realizar llamadas para dificultar su localización.
El dispositivo dejó registro de la transferencia electrónica de pagos, lo que permitió a las autoridades identificar a un integrante de la estructura urbana del ELN, encargado de movilizar fondos entre Venezuela y Bogotá.
Según la carta, el despliegue logístico en la capital incluía la llegada de explosivistas desde el Catatumbo, con el objetivo de ejecutar el atentado contra la caravana de Valencia con un bus bomba.
El análisis de inteligencia precisó que el plan contemplaba dos modalidades de ataque: suplantar una reunión de la candidata en un edificio público o en instalaciones del Estado, incluidas sedes de la fuerza pública, o bien emplear explosivos en un bus durante el trayecto de la caravana de Valencia.
Las autoridades recomendaron implementar contravigilancia en las rutas habituales de la candidata y reforzar los sistemas de videovigilancia para detectar posibles seguimientos.
También insistieron en mantener el máximo hermetismo para evitar que el ELN descubra la existencia de infiltraciones en sus redes de comunicación.
En ese mismo mensaje, la organización criminal elogió la preparación del operativo: “Muy bueno el trabajo que adelantan, esa paloma hay que ponerla a volar, debe mantenerse el seguimiento hasta nueva orientación Carlos Villamizar”, una sentencia que aportó a los investigadores la certeza de que el atentado seguía activo.
La relevancia de la amenaza se agravó por la participación del mismo frente urbano del ELN ya vinculado, según la línea telefónica rastreada, a atentados de menor escala en centros comerciales de Bogotá contra firmas exclusivas, hechos que constan en investigaciones previas.
La candidata Paloma Valencia relató que tenía conocimiento, aunque de forma extraoficial, de un supuesto plan en su contra consistente en la utilización de un bus bomba: “Lo conocíamos por algunas fuentes que de manera no oficial nos habían contado de este atentado con un bus bomba que está planeando el ELN en contra nuestra. La actitud que hemos tenido es la misma. Nos estimula a seguir en la batalla porque lo que queremos es una Colombia donde los terroristas no decidan quién puede gobernar”, declaró la senadora a Semana.
Valencia también denunció que su esquema de protección recibido de la UNP incluyó personal con antecedentes penales y vinculación política ajena a su partido, lo que la llevó a rechazar parte del equipo asignado: “Nos ofreció dos hombres de protección. Uno con 13 denuncias, incluyendo estafas, casos por captación masiva de dinero y abuso de confianza. La otra persona viene de la JEP, donde, evidentemente, ha estado rodeada de gente que no es de mi filiación política, razón por la cual decidí no aceptarlos”, explicó.
La interceptación del mensaje y las medidas adoptadas volvieron a ubicar en el centro del debate la política de Paz Total” impulsada por el presidente Gustavo Petro, que al inicio de su mandato prometió un acuerdo con el ELN en el plazo de tres meses.
Sin embargo, el canal de diálogo con ese grupo insurgente quedó congelado tras reiterados crímenes y la defensa pública de la organización de prácticas como los secuestros y la extorsión como mecanismos de financiación.
A través de intermediarios, la organización negó la existencia de cualquier plan de atentado o vínculo con procesos electorales: “Cualquier tema de atentados o relación con temas electorales son falsos”. La respuesta fue respaldada por una reciente columna del comandante Antonio García, que insistió en la misma línea de negación.
La situación volvió a resaltar la obligación del Estado de garantizar la custodia de la vida de los candidatos, especialmente de aquellos provenientes de la oposición, para evitar nuevos episodios de violencia política en Colombia.
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