El sistema de salud en Colombia se queda corto con más de 4.100 IPS cerradas, menos camas y más barreras para pacientes

El sistema de salud en Colombia atraviesa una tensión cada vez más evidente entre cobertura y capacidad real de atención. Aunque el país ha logrado mantener altos niveles de afiliación, ese avance ya no se traduce necesariamente en acceso oportuno, continuo y de calidad para los pacientes. Así lo advirtió el último informe del centro de pensamiento Así Vamos en Salud, que pone el foco en un deterioro progresivo de la oferta de servicios.

El documento, presentado como parte de su boletín de indicadores, señaló que el país enfrenta un problema estructural, la brecha entre estar afiliado y poder recibir atención efectiva. “Estar afiliado no garantiza acceder a los servicios de salud de manera oportuna, continua y con calidad”, advirtió el informe, que describió un escenario en el que la demanda sigue creciendo mientras la capacidad instalada se reduce.

Uno de los datos más contundentes tiene que ver con el cierre de instituciones prestadoras de salud. En los últimos años, el país vio desaparecer miles de estos centros, lo que impacta directamente la disponibilidad de servicios. “Más de 4.100 IPS han cerrado en cinco años”, señaló el reporte, evidenciando una contracción significativa en la red de atención, especialmente en zonas de alta demanda.

El fenómeno no es homogéneo. Las principales ciudades y departamentos concentran buena parte de estos cierres, lo que resulta particularmente preocupante por la presión asistencial que ya enfrentan. Bogotá lidera la lista, seguida por Antioquia, Atlántico, Cali, Barranquilla, Santander y Cundinamarca. Se trata de territorios con alta concentración poblacional, donde cualquier reducción de la oferta tiene efectos inmediatos sobre tiempos de espera, congestión y calidad del servicio.

Pero el problema no se limita a la infraestructura. El informe también advirtió un aumento sostenido en las barreras de acceso. El crecimiento de las Pqrs —peticiones, quejas, reclamos y sugerencias— refleja que el sistema no está respondiendo con la rapidez y eficiencia que demandan los usuarios. “El incremento sostenido de Pqrs está directamente asociado a barreras en el acceso a servicios y tecnologías en salud”, indicó el análisis, que interpreta este comportamiento como una señal clara de fallas persistentes.

A esto se suma un cambio en la estructura de financiamiento. La caída del régimen contributivo y el aumento del subsidiado están generando una mayor presión fiscal sobre el sistema. “Menos contributivos, más presión fiscal”, resumió el informe, al advertir que esta tendencia pone en riesgo la sostenibilidad financiera en el mediano plazo.

Otro punto crítico es la reducción de camas hospitalarias, especialmente en áreas sensibles como la atención materno-infantil. Esta disminución ocurre en un contexto en el que garantizar atención oportuna a mujeres gestantes, recién nacidos y niños debería ser prioritario. Sin embargo, la menor capacidad instalada está obligando a muchas familias a desplazarse mayores distancias para recibir atención, profundizando las brechas territoriales.

El documento también puso sobre la mesa una paradoja, mientras la cobertura se mantiene alta, se registra una leve pero sostenida disminución que deja a miles de personas por fuera del sistema. Este comportamiento, lejos de ser marginal, refleja tensiones estructurales en un contexto marcado por cambios en el empleo y altos niveles de informalidad.

La experiencia de los usuarios confirma este deterioro. Cuando las quejas no se resuelven de manera oportuna, los ciudadanos terminan acudiendo a mecanismos judiciales para garantizar sus derechos. “El aumento de las tutelas en salud confirma esta tendencia y pone en evidencia una debilidad estructural en la capacidad de respuesta institucional”, señaló el informe. En otras palabras, lo que debería resolverse dentro del sistema termina trasladándose a los jueces.

Más allá de las cifras, el análisis planteó un mensaje de fondo, el sistema necesita ajustes urgentes para evitar un deterioro mayor. La entidad recomendó fortalecer la gestión, mejorar la calidad de la atención y reducir las barreras de acceso, especialmente en regiones apartadas. También insistió en la necesidad de ajustar la oferta de servicios a las dinámicas actuales de la población, marcadas por el envejecimiento y el aumento de enfermedades crónicas.

Detrás de este diagnóstico hay una conclusión clara, el reto ya no es solo ampliar la cobertura, sino garantizar que esa cobertura se traduzca en atención real. Sin ese equilibrio, el riesgo es avanzar en cifras mientras retrocede la experiencia de los pacientes.