Gustavo Petro pidió investigar a 17.000 funcionarios y 200 policías por presunto constreñimiento electoral

El presidente Gustavo Petro solicitó este viernes 12 de junio de 2026 a la Procuraduría General de la Nación investigar a 17.000 funcionarios de alcaldías locales y a 200 integrantes de la Policía Nacional por presunto constreñimiento electoral, luego de que una investigación del medio Cuestión Pública revelara la existencia de una base de datos vinculada a la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella que contenía información personal de 1,4 millones de personas.

A través de su cuenta en la red social X, el mandatario aseguró que dichos funcionarios estarían participando en prácticas que podrían afectar la libertad del voto de cientos de miles de ciudadanos.

Además, anunció que la Presidencia de la República remitirá la información a la Fiscalía General de la Nación y a las veedurías internacionales que acompañan el proceso electoral en Colombia.

“Le solicito a la Procuraduría investigar a los 200 miembros de Policía y los 17.000 funcionarios de alcaldías locales que están constriñendo a centenares de miles de electores. La Presidencia debe pasar la lista a la Fiscalía y las veedurías internacionales”, escribió Petro.

La petición presidencial surge tras la publicación de una investigación periodística de Cuestión Pública que analizó una base de datos asociada a un código QR promovido durante la campaña presidencial de De la Espriella. Según el reportaje, detrás de ese código se encontraba una estructura con cerca de 1,4 millones de registros que incluían nombres, números de identificación y correos electrónicos.

De acuerdo con la investigación, entre los registros aparecían miles de funcionarios públicos, contratistas y miembros de la fuerza pública. El hallazgo abrió interrogantes sobre el posible uso de una red de referidos para captar apoyos electorales y construir una percepción de fortaleza política que, según el medio, no habría sido reflejada plenamente por las encuestas previas a la primera vuelta presidencial del pasado 31 de mayo.

El análisis periodístico señala que dentro de la base de datos se identificaron cerca de 17.000 funcionarios públicos y alrededor de 200 policías. También plantea que existirían coincidencias entre la distribución geográfica de esos registros y los resultados obtenidos por De la Espriella en diferentes regiones del país.

Uno de los casos destacados por la investigación se presentó en Santa Marta. Allí fue denunciado el alcalde Carlos Pinedo Cuello por presunto constreñimiento electoral y participación indebida en política. La denuncia fue respaldada por declaraciones de la superintendente de Economía Solidaria, María José Navarro, quien aseguró que existen elementos probatorios que merecen ser investigados por las autoridades.

Las denuncias sobre un presunto entramado de constreñimiento electoral y uso indebido de bases de datos se producen en medio de una creciente controversia por la legitimidad de la primera vuelta presidencial.

En los últimos días, el presidente Gustavo Petro ha insistido en que existen indicios de un posible fraude electoral y aseguró que cuenta con pruebas que entregará a las autoridades competentes.

Sin embargo, las principales misiones internacionales de observación electoral descartaron irregularidades que comprometan los resultados.

Tanto la Misión Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) como la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea concluyeron que la jornada transcurrió de manera transparente y que no encontraron evidencias de fraude en el proceso que dejó a Abelardo De la Espriella en el primer lugar de la votación.

Mientras Petro mantiene sus cuestionamientos sobre el sistema electoral y posibles manipulaciones en el preconteo, el candidato oficialista Iván Cepeda aceptó los resultados de la primera vuelta y avanzó hacia la campaña para el balotaje del próximo 21 de junio.

El mandatario, por su parte, afirmó que las investigaciones sobre las irregularidades que denuncia deberán ser resueltas por la justicia sin afectar la realización de la segunda vuelta presidencial.

La solicitud de investigar a 17.000 funcionarios públicos y 200 policías por presunto constreñimiento electoral añade un nuevo capítulo a la disputa política y judicial que rodea la recta final de la campaña presidencial,