Subir otra vez el salario mínimo desataría una espiral inflacionaria, la fuerte advertencia de Luis Fernando Mejía

El exdirector de Fedesarrollo Luis Fernando Mejía lanzó una advertencia directa al Gobierno sobre la posibilidad de impulsar un nuevo aumento del salario mínimo en medio del actual contexto económico. Según su análisis, insistir en esa estrategia podría agravar las presiones inflacionarias y desencadenar una cadena de efectos adversos que terminarían afectando, sobre todo, a los hogares más vulnerables.

Para Mejía, la discusión no puede desligarse de las decisiones recientes del Banco de la República, que optó por mantener una política monetaria restrictiva, elevando las tasas de interés como respuesta al comportamiento de los precios. En su concepto, una de las razones de fondo que explica ese endurecimiento ha sido precisamente el fuerte incremento del salario mínimo para este año, que superó el 23%.

“Es una muy mala idea que el Gobierno esté pensando en subir el salario mínimo producto de las decisiones que ha adoptado el Banco de la República en términos de subir su tasa de interés”, advirtió. A su juicio, ese aumento ya tuvo efectos visibles en las expectativas de inflación: “antes estaban por debajo del 5%, ahora estamos hablando de una expectativa que supera el 6,4% al cierre de este año”.

El economista explicó que insistir en nuevos incrementos podría alimentar un círculo difícil de contener. “Si el Gobierno insiste con esta estrategia, lo que va a generar es un aumento adicional de las expectativas de inflación y de la inflación para este año, lo que obligará al Banco Central a subir aún más su tasa de interés”, señaló. Ese escenario, añadió, podría derivar en una dinámica que describió como una “espiral inflacionaria”.

En términos prácticos, el mecanismo sería el siguiente, aumentos reiterados del salario mínimo presionan los costos y las expectativas de precios, lo que eleva la inflación; a su vez, el banco central responde con tasas de interés más altas para contenerla; y, frente a ese encarecimiento del crédito y la pérdida de poder adquisitivo, el Gobierno podría verse tentado a decretar nuevos incrementos salariales. “Mayor aumento del salario mínimo, mayor inflación, tasas de interés más altas y, por ende, otra vez el Gobierno tratando de compensar con subas adicionales del salario mínimo”, resumió.

Para sustentar su advertencia, Mejía recordó experiencias internacionales que, en su criterio, muestran los riesgos de ese camino. Mencionó el caso de Turquía durante el gobierno de Recep Tayyip Erdoğan, donde se combinaron presiones políticas sobre el banco central, reducciones en las tasas de interés en medio de alta inflación y aumentos recurrentes del salario mínimo. “Esto no es una teoría”, dijo, al señalar que esas decisiones terminaron generando una escalada inflacionaria aún mayor.

Desde su perspectiva, Colombia debería evitar replicar ese tipo de dinámicas. “Colombia no puede entrar en esa lógica porque sería altamente perjudicial”, insistió. En particular, subrayó el impacto social de la inflación, a la que calificó como un “impuesto” que recae con más fuerza sobre quienes tienen menores ingresos. “No olvidemos que la inflación es un impuesto a la tenencia de efectivo que afecta especialmente a las personas más pobres”, afirmó.

Más allá del debate económico, Mejía también planteó reparos desde el punto de vista jurídico. Según explicó, el Gobierno no tendría la facultad de decretar de manera unilateral un nuevo incremento del salario mínimo sin seguir el procedimiento establecido por la ley.

“La Constitución y la ley obligan a que los aumentos del salario mínimo se deban discutir en el seno de la Comisión de Concertación de Políticas Laborales y Salariales”, señaló. Este espacio reúne a representantes del Gobierno, los empleadores y los trabajadores, y es allí donde, cada año, se negocia el ajuste del salario mínimo.

De acuerdo con Mejía, solo en caso de que no se logre un acuerdo en esa instancia, el Ejecutivo puede intervenir de manera subsidiaria y definir el incremento mediante decreto. Por ello, advirtió que cualquier intento de saltarse ese proceso carecería de sustento legal. “Tendría que convocar a la comisión, surtir un nuevo episodio de discusión y una vez eso se haga, el Gobierno podría eventualmente pensar en un nuevo aumento, pero no lo puede hacer sin convocar a la comisión”, explicó.

El economista fue más allá y anticipó posibles consecuencias jurídicas si se ignoran estos pasos. “De otra manera, ese decreto no tendría ningún fundamento constitucional ni legal y, por supuesto, sería inmediatamente demandado”, concluyó.

Así, el debate sobre el salario mínimo vuelve a ubicarse en el centro de la discusión económica del país, con advertencias que no solo apuntan a los efectos sobre la inflación y las tasas de interés, sino también a los límites legales que enmarcan cualquier decisión en esta materia.