Por denuncias de Angie Rodríguez contra el Gobierno, Jennifer Pedraza aseguró que Petro le “vendió el alma al diablo”

La representante a la Cámara Jennifer Pedraza reaccionó con dureza a las denuncias de la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y actual gerente del Fondo de Adaptación, Angie Rodríguez, al señalar que estos señalamientos, en su criterio, evidencian profundas fracturas al interior del Gobierno.

En su pronunciamiento, sostuvo que lo ocurrido “ratifica que el presidente Petro le vendió el alma al diablo, Julianas y clanes”, en referencia a lo que describe como alianzas con distintos sectores políticos, incluida Juliana Guerrero y presuntas redes de poder que, según ella, habrían influido en el rumbo del Ejecutivo y desviado los mandatos de cambio prometidos en campaña.

Pedraza agregó que las revelaciones, incluidos chats y denuncias presentadas ante la Fiscalía y la Procuraduría, son de “extrema gravedad” y advirtió que reflejan un escenario preocupante dentro del Ejecutivo.

Finalmente, expresó solidaridad con Rodríguez, señalando que resulta alarmante que una figura identificada con la izquierda manifieste temor por su seguridad en medio de estas denuncias.

Denuncias que sacuden al Gobierno

Las acusaciones de Angie Rodríguez han generado un fuerte impacto político por la gravedad de los señalamientos y por los altos cargos mencionados. Según sus declaraciones en distintos medios, existiría un grupo de más de 20 personas que habría buscado desplazarla de su cargo en el Fondo de Adaptación, entidad que maneja recursos superiores a 1,2 billones de pesos.

Rodríguez sostiene que este supuesto esquema incluiría amenazas, constreñimiento y presiones para influir en decisiones administrativas. En entrevista con Caracol Radio, afirmó que personas cercanas al Ejecutivo le habrían advertido sobre movimientos internos destinados a debilitar su posición y facilitar el control de entidades estratégicas.

La funcionaria también aseguró que durante estos episodios recibió mensajes en los que se mencionaban nombres de altos funcionarios, entre ellos Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), y Juliana Guerrero, una joven que estuvo cerca de ser designada viceministra de Juventud.

Señalamientos sobre Juliana Guerrero

Uno de los puntos más sensibles de la denuncia apunta a Juliana Guerrero, a quien Rodríguez señala de ejercer influencia en distintas entidades del Ejecutivo sin contar con un cargo formal de alto nivel. Según la exdirectora del Dapre, Guerrero habría tenido injerencia en decisiones relacionadas con el Fondo de Adaptación, el Dapre, el Fondo Colombia en Paz y el Ministerio de la Igualdad.

Las acusaciones incluyen cuestionamientos sobre su idoneidad académica, en medio de una investigación previa por presunta falsificación de títulos. Rodríguez afirma que advirtió al propio presidente Gustavo Petro sobre estas irregularidades antes de que se considerara su eventual nombramiento en el Gobierno.

Además, la exfuncionaria sostiene que Guerrero habría llegado a proponer movimientos internos en la estructura del Ejecutivo, incluyendo cambios en altos cargos del gabinete, lo que ha generado preocupación en sectores políticos y jurídicos.

La respuesta de Carlos Carrillo

Las acusaciones también involucran a Carlos Carrillo, director de la UNGRD, quien ha sido señalado por Rodríguez de presuntamente haber ordenado la infiltración de un “espía” en el Fondo de Adaptación con el fin de obtener información interna.

Según la denuncia, existiría incluso una grabación en la que se mencionaría una estrategia de vigilancia interna. Carrillo ha rechazado de manera enfática estas afirmaciones, calificándolas de “muy graves” y exigiendo la presentación de pruebas ante las autoridades competentes.

“Yo hablo con pruebas. Cuando tengo algo, voy a la Fiscalía y denuncio”, afirmó el funcionario en entrevista con Caracol Radio, donde también negó conocer a la persona mencionada como supuesto infiltrado.

El enfrentamiento entre la exdirectora del Dapre y varios altos funcionarios del Gobierno abre un nuevo capítulo de tensión política en Colombia. Con acusaciones cruzadas, solicitudes de investigación y una creciente polarización, el caso se mantiene en desarrollo.

La verificación de pruebas, la actuación de los organismos de control y las eventuales decisiones judiciales serán determinantes para establecer la veracidad de los señalamientos y sus posibles consecuencias en la estructura del poder ejecutivo.