La expedición del Decreto 117 de 2026 por parte de la Administración distrital de Bogotá generó una amplia controversia sobre el futuro de los vendedores ambulantes y estacionarios en la ciudad. La normativa, que regula la ocupación de andenes y zonas de alto tráfico, busca ordenar el uso del espacio público, pero según voces en el Concejo, podría poner en riesgo el sustento de decenas de miles de familias que dependen de la economía informal.
El Decreto 117 de 2026 modifica el anterior, Decreto 642 de 2025, y establece nuevas reglas para la convivencia entre vendedores informales y peatones. La norma integra directrices constitucionales que exigen al Estado ofrecer alternativas de subsistencia antes de cualquier desalojo. Sin embargo, el articulado introduce restricciones que impactan directamente a quienes ejercen actividades comerciales en el espacio público.
Entre las disposiciones más relevantes se encuentra la prohibición del uso de cilindros de gas y sustancias inflamables fuera de establecimientos legalmente constituidos, la exigencia de cumplir normas nacionales de salubridad para la venta de alimentos y la prestación de servicios como tatuajes, piercings y peluquería.
Así como la protección de rutas de emergencia que obliga a dejar un radio libre de 1,5 metros alrededor de hidrantes y prohíbe la instalación de puestos sobre puentes peatonales o accesos al sistema de transporte público. Igualmente, el decreto ratifica la prohibición de comercializar pólvora, armas blancas y sustancias químicas peligrosas en el espacio público.
De acuerdo con estimaciones del distrito, las intervenciones que se derivan de la norma regulatoria afectarían de manera directa a cerca de 17.000 personas y sus familias. No obstante, la concejala Quena Ribadeneira advirtió que el alcance real podría ser mucho mayor, estimando que más de 95.000 vendedores y vendedoras informales podrían ver amenazado su sustento.
La funcionaria afirmó: “el Decreto 117 de 2026 está poniendo en riesgo el sustento de más de 95.000 vendedores y vendedoras informales, al imponer restricciones sin garantías reales, sin alternativas claras y sin un proceso efectivo de concertación”.
Críticas desde el Concejo de Bogotá: advertencias sobre exclusión social y vulneración de derechos
Las cabildantes Quena Ribadeneira y Heidy Sánchez Barreto manifestaron públicamente su rechazo a la política implementada por la administración de Carlos Fernando Galán. Ribadeneira señaló que lo que ocurre en la ciudad es consecuencia de una gestión que no ha escuchado a la población de vendedores informales y que, lejos de promover la inclusión, ha adoptado medidas que estigmatizan y vulneran el derecho al trabajo.
Ribadeneira cuestionó especialmente la creación de las llamadas “Zonas de Manejo Especial”, que considera se están usando como herramienta para adelantar desalojos sin ofrecer soluciones estructurales como la formalización, la reubicación digna o garantías de ingresos. “No es aceptable pretender reorganizar el espacio público en un plazo de seis meses sin acuerdos previos ni rutas claras para quienes hoy viven de esta actividad”, enfatizó.
La concejala subrayó que tanto el derecho al trabajo como el derecho al espacio público son principios constitucionales, por lo que cualquier proceso de regulación debe basarse en el diálogo, la progresividad y la protección de derechos adquiridos.
Sánchez precisió que desde el inicio del periodo se promovieron espacios de diálogo directo con los vendedores informales y se impulsó una comisión accidental en el Concejo, pero la administración no avanzó en estos escenarios ni mostró voluntad de articulación.
“Los vendedores informales no son delincuentes, son actores fundamentales de la economía popular y merecen respuestas institucionales que reconozcan su dignidad y su trabajo”, concluyó la cabildante.
Demanda de nulidad y advertencias sobre segregación social
La concejala Heidy Sánchez Barreto, del Pacto Histórico, presentó una demanda de nulidad contra el Decreto 117 de 2026, argumentando que vulnera derechos fundamentales y profundiza dinámicas de exclusión social en Bogotá. Según Sánchez, la norma pone en marcha un enfoque restrictivo que prioriza medidas de control y reducción de la presencia de vendedores informales, sin garantizar alternativas reales de subsistencia.
En su comunicado, la cabildante denunció que el proceso de formulación del decreto omitió escenarios adecuados de socialización y participación incidente del sector, lo que ha motivado movilizaciones de vendedores en exigencia de sus derechos.
Sánchez advirtió que la creación de “Zonas de Manejo Especial” y la introducción de exigencias administrativas, técnicas y sanitarias, sin acompañamiento institucional efectivo, podrían derivar en procesos de exclusión, desplazamiento y aumento de la conflictividad social.
La concejala sostuvo que la propuesta desconoce las condiciones reales de la economía popular y favorece dinámicas de privatización del espacio público en detrimento de las poblaciones vulnerables. Reiteró el llamado al Gobierno de Bogotá para que suspenda la implementación del decreto hasta garantizar un proceso amplio de participación y realizar los ajustes necesarios, con el fin de evitar que quienes dependen de esta actividad sean expuestos a mayores niveles de pobreza y exclusión.
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