El exalcalde de Cali y actual embajador de Colombia en el Estado de Palestina, Jorge Iván Ospina, fue designado por la Presidencia de la República como nuevo interventor de la Nueva EPS, la entidad promotora de salud con mayor cantidad de afiliados del país.
Sin embargo, su llegada ha desatado múltiples críticas en varios sectores del país, teniendo en cuenta que la entidad está bajo intervención forzosa administrativa desde abril de 2024, por decisión de la Superintendencia Nacional de Salud.
Sectores políticos y de la salud han expresado sus cuestionamientos al presidente Gustavo Petro, argumentando que Ospina no cuenta con el perfil adecuado para ejercer el cargo en cuestión.
Igualmente, las críticas obedecen a que el exmandatario caleño enfrenta al menos 11 investigaciones judiciales por presunta corrupción durante sus mandatos, incluyendo un juicio formal por irregularidades en la contratación del alumbrado navideño de 2020, contrato que superó los 10.000 millones de pesos.
Pese a los cuestionamientos, el nuevo interventor de la Nueva EPS recordó su compromiso para evitar una posible liquidación de la entidad, durante una reunión con directivos de la entidad realizada el 18 de abril de 2026.
En su intervención, Ospina envió un mensaje de tranquilidad dirigido a los 11 millones de usuarios del sistema, asegurando que podrán acceder a los servicios de salud que ofrece dicha entidad.
El funcionario garantizó estabilidad para los 11 millones de usuarios de la entidad - crédito @NuevaEPS_/X
“Para todos los trabajadores de la Nueva EPS y para los 11 millones de usuarios, referir que esta empresa no será liquidada, es una empresa que saldrá adelante”, manifestó el exalcalde de Cali.
Así mismo, el médico enfatizó en que la estrategia del agente interventor contempla dos líneas de acción: corregir los problemas estructurales identificados durante la intervención estatal y mejorar de manera inmediata los servicios para evitar vulneraciones al derecho a la salud.
“Es necesario que todos los procesos que adelanta la Nueva EPS sean puestos a circulación de nuestra comunidad, que la gente sepa cuál es nuestro presupuesto, cómo se adelantan los procesos de contratación, de vinculación de talento humano, de relación de pagos”, complementó.
El directivo prometió que garantizará transparencia en los procesos contractuales, en la administración del presupuesto y en el pago a proveedores, comprometiéndose a hacer pública toda esta información.
“No pueden ser para nada procesos ocultos, tienen que ser procesos visibles y transparentes como lo define los procesos contractuales de ley en el estado colombiano”, agregó.
Para identificar directamente las quejas de los afiliados, Ospina puntualizó que realizará un recorrido por todo el territorio colombiano y atenderá personalmente en centros de atención y líneas de servicio, con el objetivo de construir soluciones eficaces a corto plazo.
“Ya va a empezar a haber resultados, estaremos visitando las, los territorios, estaremos haciendo una vuelta a Colombia, conociendo exactamente las dificultades de la gente y usted pronto me observará en muchos de los puntos de atención, en el call center, en las colas que se adelantan para hacer de manera asertiva una solución a su dificultad”, concluyó.
La Superintendencia Nacional de Salud intervino la Nueva EPS en abril de 2024, tras registrar dificultades financieras, operativas y administrativas. El periodo inicial de intervención culminó en los primeros días de abril de 2026, lo que dejó a la entidad—a cargo de la salud de 11 millones de personas—una semana sin dirección formal.
Durante ese lapso, la futura administración estuvo en entredicho. La Procuraduría reclamó explicaciones oficiales sobre el futuro de la EPS, bajo el argumento de que resultaba imprescindible definir, con base en evidencias, si la intervención debía mantenerse, modificarse o finalizarse.
La llegada de Jorge Iván Ospina como interventor se da bajo estas condiciones: enfrenta el desafío de destrabar recursos embargados judicialmente, afrontar compromisos de pago por sumas millonarias y restablecer la credibilidad de una entidad sumida en la crítica pública.
El propósito declarado por el propio funcionario es avanzar hacia una gestión saneada, transparente y centrada en el usuario, tarea que depende a su vez de medidas efectivas, coordinación institucional y restauración de la confianza social.
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