El Catatumbo, en Norte de Santander, enfrenta una nueva escalada de violencia que afecta a la población civil. Habitantes de varios municipios informan que continúan bajo confinamiento debido a la presencia de grupos armados y la intensidad de los enfrentamientos.
Las tropas del Ejército Nacional permanecen desplegadas en el territorio, ejecutando acciones para frenar el avance de las disidencias de las Farc y el ELN.
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Durante el fin de semana, los combates entre las fuerzas militares y el ELN se agudizaron, especialmente en áreas rurales de Tibú y El Tarra. Una nueva ofensiva aérea, autorizada por el Gobierno, se desarrolló en esta zona, siendo el segundo bombardeo reciente contra estructuras del ELN en Catatumbo.
El Comando Conjunto de Operaciones Especiales (Ccoes), considerado el cuerpo élite de las Fuerzas Militares, lideró la acción.
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De acuerdo con informes preliminares citados por LA FM, cinco uniformados resultaron heridos durante la operación y los combates, aunque sus lesiones no revisten gravedad. El personal médico ya se encuentra a cargo de su recuperación.
La región sigue bajo alerta, dado que la Operación Catatumbo continúa activa con el objetivo de debilitar el accionar de varios grupos armados. Desde el inicio del actual gobierno, las fuerzas militares han desarrollado 19 operaciones de alta precisión en el país: dos contra el ELN, cinco enfocadas en el Clan del Golfo y 12 dirigidas a las disidencias de ‘Mordisco’.
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Por su parte, el Ejército confirmó a Infobae Colombia que la operación sigue en desarrollo y que está a la espera de más información.
Primer bombardeo contra el ELN en Catatumbo dejó siete muertos y fortaleció el control militar en la zona
En febrero de 2026, las Fuerzas Militares ejecutaron una operación aérea de alto impacto contra el ELN en el Catatumbo, consolidando el control sobre una de las áreas más sensibles entre El Tarra y Tibú.
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Como resultado, siete integrantes de ese grupo armado murieron y uno más fue capturado durante el despliegue de las tropas en territorio.
El operativo permitió a los militares recuperar un sector clave para la seguridad regional, debilitando la estructura de la organización criminal que opera en el noreste de Norte de Santander. Además, unidades especializadas incautaron drones y diverso material bélico que, según los reportes oficiales, serían empleados por el ELN para ataques contra uniformados y habitantes de la zona.
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La acción, considerada uno de los golpes más relevantes contra el grupo durante este año, también contribuyó a reducir las capacidades logísticas y operativas del ELN en el Catatumbo.
El éxito del operativo confirmó la capacidad de respuesta de las autoridades, que mantienen presencia activa en puntos estratégicos para evitar la reorganización armada y proteger a la población civil.
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Robaron tres vehículos de protección asignados a líderes sociales en Norte de Santander
El 16 de abril de 2026 se dio a conocer que tres automóviles de la Unidad Nacional de Protección, asignados a líderes sociales de Norte de Santander, fueron robados en acciones simultáneas registradas en Ocaña, Sardinata y la vereda La Tarrita.
Hombres armados interceptaron los esquemas de seguridad y obligaron a los ocupantes a abandonar dos camionetas blindadas y otro vehículo convencional, según información obtenida por El Tiempo.
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Los hechos afectaron los esquemas de Gabriel Ángel Quintero, Arturo Garavito y Luis Jesús Prada, quienes han recibido amenazas.
En el caso de Quintero, líder de restitución de tierras y exintegrante del EPL, el ataque ocurrió cuando un grupo de hombres armados instaló un retén ilegal, obligando al líder a abordar un automóvil particular rumbo a Ocaña y despojando a los escoltas de armas, chalecos antibalas y equipos de protección.
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Situaciones similares se presentaron en los otros dos puntos. Las autoridades investigan si los responsables pertenecen a disidencias que operan en Catatumbo, quienes aprovechan estos vehículos para desplazarse en áreas rurales e ingresar automotores al mercado ilegal, incluso hacia Venezuela.
La UNP inició el proceso para reponer los vehículos robados, mientras la entidad enfrenta una crisis financiera que dificulta el pago a empresas arrendadoras y afecta la continuidad de los esquemas de protección.
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