Durante tres días, en varias zonas de La Guajira el silencio no fue tranquilidad, sino temor. Comercios cerrados, calles con menor circulación y comunidades que prefirieron resguardarse marcaron una jornada atípica provocada por amenazas atribuidas a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn), grupo armado que extendió su influencia más allá de Santa Marta y puso al departamento en máxima tensión.
Lo que comenzó con la difusión de audios, videos y mensajes en redes sociales terminó alterando la rutina de miles de personas. En esos contenidos se advertía sobre restricciones a la movilidad durante 72 horas y se lanzaban amenazas contra quienes desacataran las órdenes. El mensaje fue asociado a Naín Andrés Pérez Toncel, conocido como “Nain” o “Bendito Menor”, uno de los nombres visibles dentro de esa estructura ilegal.
Aunque posteriormente la propia organización emitió un comunicado desmarcándose del anuncio, el efecto ya estaba hecho. El miedo circuló más rápido que cualquier aclaración oficial y bastó para frenar la actividad comercial en distintos municipios del departamento.
“El Estado Mayor de las Acsn […] se permite informar que el video que circula en redes sociales, donde aparentemente se escucha a alias el Menor dando unas declaraciones […], no hemos tenido comunicación alguna con alias el Menor, por lo tanto, no podemos asegurar la veracidad del video”, señaló la estructura armada en un pronunciamiento difundido horas después.
En ese mismo documento añadieron que “no habrá paros armados ni mucho menos se verá alterado el orden público” en las zonas donde tienen presencia. Incluso enviaron un mensaje directo a la población: “A los habitantes, comerciantes y toda la sociedad civil, decirles que estén tranquilos”. Sin embargo, en el terreno la percepción fue otra. En regiones donde la presencia del grupo es conocida, las amenazas no suelen tomarse a la ligera. Muchos habitantes optaron por no salir de sus casas y numerosos negocios bajaron sus persianas para evitar riesgos.
El golpe económico fue inmediato para quienes dependen de las ventas diarias. Luis Salazar, comerciante de Riohacha, describió la situación en entrevista con Noticias Caracol: “Hubo afectaciones de diversas maneras, tanto psicológicas como económicas porque estamos perdiendo plata, no tenemos cómo pagar a los empleados, el recibo de la luz y aparte el arriendo del negocio. Nuestro negocio depende del día a día, si no trabajamos, cómo vamos a comer”.
Mientras eso ocurría, organismos de control también encendieron las alarmas. La Defensoría del Pueblo advirtió públicamente que “se consolidan amenazas de paro armado por 72 horas en La Guajira” y pidió respuestas urgentes para proteger a la población civil. La entidad alertó sobre mensajes intimidatorios y posibles afectaciones directas contra comerciantes y comunidades vulnerables.
Además, solicitó al Gobierno reforzar el espacio sociojurídico que adelanta con ese grupo armado. “Solicitamos al Gobierno nacional abordar este asunto en el espacio socio jurídico que se adelanta con Los Pachencas como también se conoce a ese grupo armado, e implementar acciones que permitan fortalecer compromisos y garantizar su monitoreo para proteger a la población civil”, expresó la Defensoría.
La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos también intervino. Desde ese organismo se indicó que la coyuntura “pone en riesgo los derechos humanos de la población” y se insistió en la necesidad de proteger a las comunidades expuestas.
“Instamos a las autoridades a desarrollar las acciones tendientes a la protección de la población civil del departamento de La Guajira y a coordinar acciones entre autoridades civiles y militares, que permitan avanzar hacia la garantía y ejercicio pleno de los derechos humanos”, manifestó la oficina.
En ciudades como Riohacha el impacto fue visible, menos tráfico, locales cerrados y jornadas comerciales perdidas. En otros municipios hubo transporte limitado y comunidades enteras que decidieron permanecer en confinamiento preventivo. Aunque no todos los territorios vivieron la situación con la misma intensidad, sí se repitió un mismo patrón: la vida cotidiana se redujo por una amenaza considerada creíble. Solo después de cumplirse las 72 horas comenzó un retorno paulatino a la normalidad. La reapertura de negocios y el regreso del movimiento en las calles evidenciaron el fin de una jornada marcada por la incertidumbre.
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