El expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez encendió una fuerte alerta en el escenario político nacional tras publicar un mensaje en sus redes sociales en el que advierte sobre un presunto plan para atentar contra la vida de la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia.
Según el exmandatario, la información que recibió en las últimas horas apuntaría a un posible “intento de magnicidio” en contra de la dirigente del partido Centro Democrático, lo que ha generado preocupación en distintos sectores políticos del país.
En su pronunciamiento, Uribe fue enfático al hacer un llamado urgente a reforzar las medidas de seguridad: “Máxima alerta para proteger a Paloma Valencia. De interlocutores del ELN recibo esta información: Los cabecillas Pablito Arauca y Antonio García son los responsables directos de un intento de magnicidio contra Paloma Valencia”, expresó el exjefe de Estado, señalando directamente a integrantes del ELN como los presuntos responsables.
La gravedad de la denuncia radica en que, de acuerdo con lo expuesto por Uribe, se trataría de un plan en el que estarían involucrados dos de los principales cabecillas de esa organización armada: alias Pablito Arauca y Antonio García.
Aunque hasta el momento no se han conocido pronunciamientos oficiales por parte de las autoridades sobre la veracidad de esta información, el mensaje ha generado una rápida reacción en la opinión pública.
En su publicación, el expresidente también aseguró que, según los mismos datos recibidos, existirían directrices dentro del ELN para incidir en el escenario electoral del país.
“Dan la orden de votar por Iván Cepeda para imponerlo como presidente en primera vuelta”, sostuvo Uribe en su cuenta de X, en referencia al senador Iván Cepeda.
El señalamiento agrega un componente político a la alerta de seguridad, en medio de un contexto marcado por la tensión entre distintos sectores ideológicos y el debate sobre las estrategias de paz en Colombia y en ese sentido, el exmandatario también lanzó críticas a la política de seguridad del actual Gobierno, al afirmar que “fue la política de ‘paz total’ de Petro y Cepeda la que asesinó a Miguel Uribe”, insistiendo en la necesidad de reforzar la protección de la dirigente política.
La advertencia se produce en un momento en el que la seguridad de líderes políticos vuelve a ser tema central en el país.
Hasta ahora, ni el Gobierno nacional ni los organismos de inteligencia han confirmado públicamente los detalles del supuesto plan denunciado por Uribe. Sin embargo, el pronunciamiento ha intensificado el debate sobre las garantías de seguridad para los candidatos presidenciales y figuras públicas en medio del actual panorama político.
En los últimos días, incluso desde el exterior se han encendido alarmas, pues el Gobierno de los Estados Unidos expresó preocupación por amenazas de muerte que, según reportes, no solo estarían dirigidas contra Paloma Valencia, también contra el abogado Abelardo de la Espriella.
La administración Trump advirtió que estos hechos pueden comprometer la estabilidad democrática de la región y el desarrollo seguro de las próximas elecciones presidenciales, según informó El Tiempo tras declaraciones de un portavoz del Departamento de Estado.
El portavoz estadounidense, al dialogar con el medio mencionado, recordó el antecedente del asesinato del senador y precandidato Miguel Uribe Turbay en 2025, al que calificó como un “recordatorio contundente de los días oscuros de violencia política en Colombia”.
El funcionario subrayó: “Condenamos enérgicamente cualquier intimidación o violencia dirigida contra candidatos políticos (...) tras el brutal asesinato de Miguel Uribe Turbay, son un recordatorio contundente de los días oscuros de violencia política en Colombia”, puntualizó la administración Trump.
La reacción estadounidense se produjo pocas semanas antes de la primera vuelta presidencial, en un contexto de aumento de la violencia política y el incremento de actos intimidatorios contra aspirantes a la Casa de Nariño. La administración Trump demandó al gobierno colombiano “una actuación rápida y decisiva” para investigar plenamente las amenazas y garantizar la integridad de quienes compiten en el proceso electoral.
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