
La construcción de la Cárcel Distrital II sigue detenida en una etapa previa a la ejecución, mientras el Distrito ajusta aspectos técnicos y financieros para avanzar en la expansión de la capacidad carcelaria en Bogotá. Según información obtenida por El Tiempo, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia confirmó que el proyecto aún no ha iniciado su fase de obras, pues actualmente se encuentra en proceso de revisión técnica y estructuración contractual.
La Secretaría Distrital explicó que la iniciativa se ubica en la etapa de definición de especificaciones técnicas, bajo los lineamientos de la NTC 19650 y la metodología BIM (Building Information Modeling). En este momento, la entidad adelanta el proceso para contratar los estudios y diseños de la nueva cárcel, y la solicitud respectiva ya fue radicada, aunque permanece en revisión interna.
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Este procedimiento implica establecer el EIR (Requisitos de Intercambio de Información), considerado un documento clave en el esquema de contratación. Hasta que este proceso no concluya, el cronograma y los entregables del proyecto seguirán sin fechas concretas.
El Tiempo detalló que, de acuerdo con los procedimientos del Distrito, la estructuración de los estudios previos puede demorar entre 30 y 90 días desde la definición técnica, pero la complejidad del proyecto y la necesidad de garantizar su sostenibilidad han motivado una reestructuración financiera.

Contratos, ajustes administrativos y recursos: por qué no ha avanzado la obra
En la revisión de antecedentes, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia suscribió el Contrato Interadministrativo n.º 1991 de 2024 con la Empresa de Renovación Urbana de Bogotá (RenoBo), por un valor de 5.196 millones de pesos. El objetivo de este acuerdo era garantizar una gerencia integral para la estructuración de estudios, diseños, interventoría, permisos y licencias.
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El contrato, firmado el 30 de diciembre de 2024 e iniciado el 29 de enero de 2025, no llegó a consolidarse. Durante la ejecución, el contratista solicitó una adición presupuestal que la Secretaría consideró jurídicamente inviable, lo que llevó a una terminación de mutuo acuerdo el 18 de agosto de 2025. Como resultado, los recursos fueron reintegrados a la Secretaría Distrital de Hacienda, pero el proceso permitió precisar aspectos técnicos para futuras contrataciones.
Este antecedente evidencia que el proyecto ha experimentado ajustes administrativos y financieros que han retrasado la transición hacia la etapa de ejecución. Las autoridades insisten en que la Cárcel Distrital II se mantiene como una prioridad dentro del Plan de Desarrollo ‘Bogotá Camina Segura’, aunque reconocen que requiere una reorganización técnica antes de avanzar.
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Estrategias alternativas para enfrentar el hacinamiento carcelario
Mientras el proyecto sigue sin fecha de inicio, la ciudad enfrenta el problema estructural del hacinamiento en centros de detención transitoria. Según la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, el indicador de sobreocupación, que alcanzó el 168,62% en julio de 2024 y el 172% en agosto de 2025, descendió al 52,7% en abril de 2026.
Para lograr esa reducción, el Distrito implementó varias estrategias. Una de las más resaltadas fue asumir con recursos propios la alimentación de las personas privadas de la libertad en estaciones de policía y Unidades de Reacción Inmediata (URI), cumpliendo mandatos de la Corte Constitucional. Desde el 19 de agosto de 2025, el Distrito suministra raciones diarias en 24 puntos de la ciudad, con cuatro servicios al día, y proyecta un gasto superior a 170.000 millones de pesos hasta 2028.
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Según la entidad, esta medida aceleró el traslado de personas condenadas a establecimientos de reclusión nacional, lo que permitió descongestionar los centros de detención local. Además, se puso en marcha PPL Connect, una plataforma para el seguimiento diario y en tiempo real de la población privada de la libertad en estos espacios.
Nuevas herramientas y acciones para la gestión penitenciaria
Entre las acciones recientes conocidas por el medio ya mencionado, la Secretaría reportó la creación de cinco jueces de deshacinamiento (tres municipales y dos de circuito) nombrados el 16 de marzo, encargados de atender procesos en las estaciones más sobreocupadas. Además, el Distrito planea utilizar unidades móviles de justicia para agilizar audiencias y definir la situación jurídica de los detenidos.
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El trabajo se complementa con brigadas jurídicas semanales, en convenio con la Universidad Libre, y un modelo de atención extramural en salud con la Secretaría de Salud, que hasta febrero de 2026 había caracterizado a 2.771 personas y realizado más de 600 atenciones individuales.

Una solución estructural a largo plazo, aún sin fecha de inicio
La Cárcel Distrital II figura como una solución de largo plazo para el hacinamiento, pero su avance depende de la reestructuración técnica y financiera del proyecto. La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia plantea que esta infraestructura funcione bajo un modelo de gestión carcelaria con enfoque restaurativo, orientado a la inclusión social, atención psicosocial y fortalecimiento de habilidades para la vida, además del respeto por la presunción de inocencia.
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El objetivo es que los 2.000 nuevos cupos ayuden a consolidar la reducción del hacinamiento, aunque el principal indicador de seguimiento sigue siendo el porcentaje de sobreocupación en los centros de detención transitoria. El Tiempo concluyó que la materialización de la obra aún depende de los ajustes técnicos y financieros en curso, mientras el Distrito sostiene una estrategia paralela para contener la crisis carcelaria.
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