Ministro de Salud le lanzó nueva pulla a la EPS Sánitas por decisión de Cruz Verde de no distribuir más medicamentos: “Nos venden caro y no le pagan a los laboratorios”

En medio de la instalación de la mesa técnica para evaluar el reajuste de la Unidad de Pago por Capitación, citada por la Corte Constitucional para este lunes 13 de abril, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, se refirió a la reciente decisión del gestor farmacéutico Cruz Verde de suspender la entrega de medicamentos a pacientes de Sanitas EPS.

Según indicó el jefe de cartera, los encargados de la distribución de medicamentos estarían sufriendo las consecuencias de un supuesto “abuso” de las EPS pese a los pagos realizados por el Gobierno nacional, además de criticar el modelo actual de aseguramiento.

Según Jaramillo, el caso específico de Cruz Verde se debería a una falta de voluntad de Sanitas para cancelar sus deudas, mientras invierten dinero en la construcción de nuevas sedes en algunas regiones del país.

“Nos venden caro posteriormente y no le pagan a los laboratorios. Ahí está, por ejemplo, qué pasa con Sanitas. El 17 de septiembre de 2023 fueron a mi despacho porque les debía 600.000 millones de pesos. Hoy le debe un billón de pesos los señores de Sanitas a Cruz Verde. Y ya dijeron que a partir de octubre ya no van a dispensar más. Entonces, tenemos unos gestores de almacén que hacen situaciones complejas. Se quiebran, y entonces están construyendo una clínica enorme en Pereira. ¿Cierto? He pedido que levanten el velo corporativo a todas", señaló el ministro.

Entretanto, la audiencia técnica de seguimiento, que se desarrolla desde la mañana, marca un momento clave para el sector salud colombiano, pues de su resultado depende la verificación del cumplimiento de las órdenes judiciales para recalcular el monto que el Estado reconoce a las EPS por cada afiliado.

La UPC es la suma que la Adres paga a las EPS para asegurar la atención de cada usuario del sistema de salud. El monto fijado para este año ha generado una confrontación entre el Ministerio de Salud, las EPS y entidades de control como la Procuraduría, que cuestionan tanto el procedimiento como la suficiencia del incremento.

La discusión surgió a raíz de un incidente de desacato abierto por la Corte Constitucional contra el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo. Según el alto tribunal, existían presuntos incumplimientos en la orden de ajustar la UPC, lo que motivó la citación del funcionario y la intervención de otras autoridades.

Posturas enfrentadas en la mesa técnica

Durante la audiencia, el ministro Jaramillo defendió el aumento aplicado y expresó su rechazo a las presiones de los gremios del sector. A su juicio, “no podemos permitir que una serie de actores se confabulen para pedir un aumento del UPC”, y planteó que la verdadera problemática radica en la eficiencia de las aseguradoras, no en la insuficiencia de los recursos destinados por el Estado.

Esta posición fue reforzada por Félix León Martínez, director de la Adres, quien argumentó que la crisis no es consecuencia de un déficit estructural de fondos, sino de deficiencias en la calidad y la trazabilidad de la información que reportan las EPS. Según Martínez, el flujo de dinero es suficiente, pero existe un problema en el manejo de los datos que afecta la transparencia del sistema.

La mesa técnica, presidida por el magistrado Carlos Camargo, busca determinar si el Gobierno Nacional ha cumplido las órdenes de la Corte respecto al reajuste de la UPC y si los argumentos del Ministerio de Salud se corresponden con la realidad financiera del sistema.

Críticas de la Procuraduría y del sector EPS

Por su parte, la Procuraduría, representada por Mónica Ulloa, sostuvo que persisten fallas estructurales en el cálculo de la prima y en la financiación del sistema de salud. Ulloa señaló que la problemática actual compromete la sostenibilidad del sistema, el flujo de los recursos y la confianza entre sus actores, y advirtió que la falta de una estimación confiable de la UPC es uno de los principales obstáculos para garantizar una atención adecuada.

Los gremios, como Acemi, también han manifestado su inconformidad con el aumento decretado para este año. Ana María Vesga, directora de Acemi, señaló que el incremento del 9,03 % resulta insuficiente en un contexto de inflación persistente y un aumento salarial que superó el 20 %. Según Vesga, la fórmula aplicada no responde a las necesidades reales del sector y pone en riesgo la estabilidad financiera de las EPS.

¿Por qué se produjo el desacuerdo sobre la UPC?

La controversia ante la Corte se originó por las diferencias en los criterios para calcular la UPC y la percepción de que el monto aprobado no cubre el costo real de los servicios de salud.

Mientras el Ministerio sostiene que ha cumplido los mandatos judiciales y que el problema es de gestión por parte de las EPS, la Procuraduría y los gremios insisten en que la fórmula utilizada subestima el impacto de la inflación y otros factores económicos.

El hecho desencadenó investigaciones por parte de la Fiscalía y la Procuraduría para analizar los presuntos incumplimientos del Ministerio de Salud y determinar si efectivamente se ajustó la UPC de acuerdo con las órdenes de la Corte Constitucional.