Una red criminal internacional fue desmantelada tras captar y trasladar a España a más de 1.000 trabajadores extranjeros, principalmente de Colombia y Perú, mediante el uso de documentación falsa y promesas laborales inexistentes.
Esta operación, coordinada entre la Policía Nacional de España, la Policía Judiciaria de Portugal, Europol y Eurojust, finalizó con la detención de cinco personas en la provincia de Barcelona, dos de ellas en prisión provisional.
El principal responsable, quien residía en Emiratos Árabes Unidos, fue arrestado tras una orden internacional emitida a través de Interpol.
La investigación se inició en mayo de 2025, cuando se detectaron empresas portuguesas con actividad en territorio español que ofrecían, a compañías del sector metalúrgico, personal cualificado como soldadores.
Los sospechosos captaban a trabajadores en Colombia y Perú con la promesa de ofrecerles empleo en Portugal, aunque el destino final era España. Al arribar, las víctimas firmaban contratos en portugués, sin comprender su contenido, y debían simular ser turistas en el paso fronterizo.
Según los datos recopilados por las autoridades, las víctimas pagaban hasta 300 euros por trámites que en numerosas ocasiones no llegaban a concretarse. No contaban con cobertura en la Seguridad Social y desempeñaban sus funciones sin medidas de protección adecuadas, situación que derivó en accidentes laborales. Además, los afectados debían abonar cuotas a la Seguridad Social portuguesa, aunque sus altas eran inexistentes o simuladas.
Para dar apariencia de legalidad, la red constituyó una empresa en Sabadell (Barcelona) con el mismo nombre que una sociedad mercantil portuguesa, lo que facilitó la subcontratación de servicios con empresas españolas del sector metalúrgico. Las pesquisas revelaron que la documentación presentada, incluidos certificados de desplazamiento, altas en la Seguridad Social portuguesa, tarjetas de residencia, cursos de formación y reconocimientos médicos, era falsa. Las compañías implicadas incumplían la normativa laboral, especialmente en materia de convenios colectivos y seguridad.
Durante la fase de explotación de la operación, desarrollada simultáneamente en España y Portugal en febrero de 2026, participaron más de cien agentes de ambos países. Se realizaron seis diligencias de entrada y registro, tres en territorio español.
Como resultado, las fuerzas de seguridad intervinieron tres vehículos, dos de ellos de alta gama, abundante documentación falsa y procedieron al bloqueo de diversas cuentas bancarias asociadas a la organización.
La estructura criminal estaba conformada, en su mayoría, por ciudadanos brasileños. Su actividad se centraba en la captación de trabajadores en América Latina, principalmente en Colombia y Perú, a quienes ofrecían condiciones laborales inexistentes. Una vez en España, los trabajadores carecían de derechos laborales y sanitarios, quedando desprotegidos en caso de accidente o enfermedad profesional.
Las víctimas, engañadas bajo la promesa de empleo estable, no solo carecían de protección social, sino que trabajaban en condiciones precarias, lo que incrementó el riesgo de siniestros en el entorno laboral. Las autoridades también identificaron que los contratos, al estar redactados en portugués, impedían a los afectados conocer las condiciones reales de su vinculación.
El dispositivo contó con la colaboración de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, así como del Centro Especializado de Combate al Tráfico de Migrantes y Trata de Personas, con sede en Brasil. El análisis de la documentación incautada permitió confirmar la magnitud del fraude y la sistematicidad en el incumplimiento de la legislación laboral por parte de las empresas implicadas.
La orden internacional de detención fue ejecutada por Interpol, permitiendo el arresto del líder de la red en Emiratos Árabes Unidos. De los cinco detenidos en Barcelona, dos se encuentran en situación de prisión provisional a la espera de las decisiones judiciales correspondientes.
Las diligencias policiales continuarán para determinar el alcance exacto de las actividades de la organización, identificar a posibles nuevos afectados y analizar la documentación intervenida. Las autoridades no descartan nuevas detenciones en el futuro.
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