Aeronaves de las Fuerzas Militares no están aseguradas, confirmó la Contraloría: el Estado colombiano tendría que pagar millones en indemnizaciones

El accidente de la aeronave C-130 Hércules FAC 1016, ocurrido el 23 de marzo de 2026 en Puerto Leguízamo, puso en evidencia un vacío crítico en la gestión de riesgos del sector defensa colombiano.

De hecho, en la mañana del lunes 13 de abril, la Contraloría General de la República reveló que el aparato no disponía de una póliza de seguro vigente al momento del siniestro, una omisión que puede traducirse en impactos directos sobre el patrimonio público.

Según indicó el ente de control, solo el 19 % de las aeronaves de la Fuerza Aeroespacial Colombiana cuentan hoy con aseguramiento, de acuerdo con el análisis fiscal presentado por la Contraloría.

Esta cifra expone a la entidad y al Estado a asumir los costos totales de accidentes, incluidas eventuales indemnizaciones, pues la ausencia de póliza impide la transferencia del riesgo a terceros.

La falta de aseguramiento en la FAC 1016 limita la cobertura ante daños y deja a los tripulantes y sus familias sin mecanismos claros de compensación económica, situación que preocupa especialmente a la Contraloría. Esta entidad ha anunciado que realizará un seguimiento detallado sobre las acciones tomadas para corregir esta situación en el marco de sus competencias de control fiscal.

Riesgos fiscales y brechas en la cobertura de activos estratégicos

El informe de la Contraloría destaca que, aunque el presupuesto del sector defensa ha experimentado aumentos durante los años 2024, 2025 y 2026, dichos recursos resultan insuficientes para solventar las necesidades estructurales.

Áreas como la modernización, el mantenimiento de aeronaves y la reposición de equipos siguen siendo deficitarias, lo que obstaculiza la gestión del riesgo y el fortalecimiento de capacidades estratégicas.

En la actualidad, la mayor parte del presupuesto se destina al funcionamiento y no a la inversión, lo que reduce la posibilidad de implementar esquemas robustos de mitigación de riesgos, según advirtió la entidad.

Aunque en 2026 se observó una recuperación en el componente de inversión, la Contraloría insiste en que se requiere una planeación de largo plazo para garantizar la seguridad operativa y la protección de los activos y del personal.

Para quienes se preguntan por qué solo un porcentaje tan bajo de aeronaves militares está asegurado, la Contraloría señala una serie de debilidades en la política de aseguramiento. Entre ellas, se ha identificado la subestimación del riesgo en aeronaves desplegadas en zonas de alta exposición y la sobreestimación en unidades con menor riesgo, lo que genera inconsistencias en la asignación de recursos y en la cobertura efectiva.

Llamado a fortalecer políticas de aseguramiento y sostenibilidad fiscal

El órgano de control emitió una serie de recomendaciones dirigidas a las entidades del sector defensa. Entre las medidas propuestas, se encuentran el fortalecimiento de las políticas de aseguramiento para los activos estratégicos, especialmente para aquellas aeronaves expuestas a mayores riesgos operativos.

También se insta a ajustar los modelos de valoración del riesgo para que reflejen las condiciones reales de operación y a incrementar de manera sostenida las partidas de inversión, con énfasis en mantenimiento, modernización e innovación tecnológica.

La Contraloría advierte además sobre riesgos estructurales en materia fiscal, como el rezago en la inversión tecnológica y el elevado pasivo del régimen pensional de la Fuerza Pública, el cual podría superar los 140 billones de pesos. Por ello, urge a adoptar medidas que aseguren la disponibilidad oportuna de recursos y que promuevan la sostenibilidad presupuestal del sector.

“La adecuada gestión del riesgo en el sector defensa no es opcional, es una condición necesaria para proteger el patrimonio público, garantizar la seguridad operacional y salvaguardar la vida del personal”, enfatizó la Contraloría en un pronunciamiento reciente. La entidad subraya que la ausencia de aseguramiento y las brechas detectadas requieren decisiones estructurales que fortalezcan la sostenibilidad y la operatividad de las fuerzas armadas.

Finalmente, la Contraloría General continuará sus labores de control fiscal sobre los hechos relacionados con el accidente de la FAC 1016, con el objetivo de prevenir la materialización de nuevos riesgos fiscales y de garantizar la transparencia en la administración de los recursos del sector defensa.