
Armando Novoa, jefe negociador del Gobierno colombiano en los diálogos de paz con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (Cneb), facción disidente de la Segunda Marquetalia, se refirió a los avances de las conversaciones con el grupo guerrillero, tras superar las dificultades que se habían presentado por la muerte de uno de los delegados de la organización alzada en armas.
El funcionario, en diálogo con Semana, destacó varios puntos efectuados durante los ciclos de negociaciones como la entrega de armas y la sustitución de cultivos ilícitos, así como su compromiso de no afectar violentamente a las poblaciones residentes en los departamentos de Putumayo y Nariño, zonas de mayor presencia del grupo insurgente.
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“Es un grupo que está territorializado en Putumayo y Nariño, tal vez hay unos reductos por el lado del Cauca, el Valle del Cauca, pero el grueso del grupo está en estos dos departamentos, en zonas fronterizas con unos niveles de coca tal vez de los más altos en el país. Las fuentes de inteligencia calculan que pueden ser alrededor de 2.000 o 2.500 personas”, explicó el jefe negociador al citado medio de comunicación.
Sin embargo, reveló un dato clave que aún no ha sido explicado por la organización armada. Se trata del financiamiento y remuneración al interior de la Cneb.
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Según Novoa, el grupo liderado por José Vicente Lesmes, conocido como alias Walter Mendoza, tendría un esquema de financiación a sus integrantes, conformada en su mayoría por excombatientes disidentes del acuerdo de paz de 2016, individuos provenientes de otros grupos armados y por jóvenes de las regiones mencionadas.
“A la gente, a diferencia de lo que pasaba en otras épocas, se le reconoce una remuneración. A nosotros, en los diálogos, nos ha sorprendido que ellos pagan salarios y dan vacaciones”, comentó.
Para el jefe negociador del Gobierno nacional, esta práctica poco convencionales en comparación con el pasado significa una transformación hacia una estructura que operaría bajo lógicas más cercanas a las de una empresa ilícita que a las de una organización ideológica tradicional.
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Incluso, detalló que se habría intentado abordar este punto en una reunión previa al inicio del séptimo ciclo de conversaciones entre ambas delegaciones, pero que fue cancelada por motivos de agenda del grupo guerrillero.
“En algún momento planteamos una reunión en Semana Santa y ellos dijeron que no porque eran los días de descanso (...) sabemos que pagan una remuneración, es decir, son grupos cuyo móvil fundamental no es un alzamiento insurreccional contra el Estado. Tienen otro tipo de móviles totalmente desideologizados”, complementó.
Avances de la negociación
De otro lado, Armando Novoa enfatizó que la negociación con la Cneb tiene un claro condicional. “Ellos tienen que abandonar las gobernanzas criminales en los territorios”, afirmó.
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Así mismo, el funcionario detalló que el Estado colombiano busca persuadir a la Cneb “de que el camino de la criminalidad no tiene futuro y que la oportunidad que tienen en esta mesa para hacer el tránsito a la vida civil va a ser irrepetible”.

Ante ello, recalcó que el grupo de alias Walter Mendoza, como muestra de disposición ante el Estado, ha entregado ya 15 toneladas de material de guerra y se ha comprometido en un acuerdo de erradicación voluntaria de 30.000 hectáreas de hoja de coca.
“Ellos dicen que quieren convertirse en líderes, por ejemplo, de los cultivos de cacao, de caña de azúcar. No todos pensarán lo mismo, porque el nivel de complejidad y descomposición que hay en el territorio es muy grande, pero la gente que tenemos en la mesa ha resistido crisis muy fuertes”, agregó.
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De igual forma, la negociación con este grupo contempla pasos concretos hacia la reincorporación civil, iniciando con la propuesta de que 100 integrantes ingresen a una zona de ubicación temporal en Putumayo, sin armas ni uniformes y bajo protección estatal. Novoa aclaró que no se trata de una zona de despeje, sino de una zona de concentración protegida y estrictamente civil.

“Tenemos la expectativa de que se pueda concretar en la primera semana de mayo y que en junio haya un contingente similar que ingrese a esa zona de ubicación en Putumayo, y ojalá podamos dar un paso en la misma dirección por los lados de la zona rural de Tumaco”, indicó.
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Por último, se refirió a la proximidad de un posible cambio de Gobierno, advirtiendo una eventual llegada de una nueva administración que podría oponerse a la continuidad del diálogo, lo que profundiza el sentido de urgencia.
“El tiempo apremia y para nosotros esto es un conteo regresivo. Tenemos dos meses. Hay que dejar una ruta que haga irreversible la decisión de una negociación definitiva de paz”, puntualizó.
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