
El presidente Gustavo Petro designó al exalcalde de Cali Jorge Iván Ospina como interventor de la Nueva EPS en medio de una crisis del sistema de salud en Colombia. La decisión fue confirmada este viernes 10 de abril a través de las redes sociales de la Casa de Nariño, donde el Gobierno nacional oficializó el nombramiento, según información obtenida por Revista Semana.
El nombramiento se produce en un contexto crítico para la atención en salud, marcado por la falta de medicamentos y dificultades en la asignación de citas médicas. Ospina asumirá la responsabilidad de liderar la intervención de la entidad en medio de estos problemas que afectan a millones de usuarios.
La decisión también se tomó tras varias especulaciones sobre otros posibles nombres, lo que generó controversia en sectores políticos y redes sociales. Entre las opciones mencionadas estuvo la del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, pero finalmente el presidente se inclinó por Ospina para asumir el cargo.

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La designación generó reacciones inmediatas desde distintos sectores políticos. El senador electo del Centro Democrático, Andrés Forero, cuestionó el nombramiento y afirmó:
“Como lo adelantamos @petrogustavo y @GA_Jaramillo nombraron a @JorgeIvanOspina como 5o agente interventor de Nueva EPS en 2 años”, citado por ese medio de comunicación.

El congresista también expresó críticas sobre el contexto de la decisión y el perfil del designado, al señalar: “Un político cuestionado en plena época electoral a cargo de la EPS más grande del país. Ya ni disimulan y muestran que no les importan los pacientes”, citado por ese medio de comunicación. Estas declaraciones evidencian el ambiente de tensión política que rodea la intervención de la entidad.
En paralelo a esta decisión, la Contraloría General de la República adelantó una inspección en las instalaciones de la Nueva EPS con el objetivo de recaudar información y establecer su realidad financiera. La diligencia fue realizada por funcionarios de la Policía Judicial, motivada por la preocupación institucional frente a la situación financiera y la ausencia reiterada de estados financieros de la EPS.
Desde el ente de control se explicó que la información recolectada servirá como base para posibles actuaciones. En ese sentido, la Contraloría indicó: “La información recaudada constituirá un insumo técnico para la valoración de eventuales actuaciones en los ámbitos fiscal y disciplinario, conforme a los procedimientos aplicables y a las competencias funcionales de las autoridades correspondientes”, citado por Revista Semana.
A este panorama se suman las alertas emitidas por la Defensoría del Pueblo, que evidencian un deterioro en la prestación del servicio. La entidad reportó un incremento significativo en el número de quejas y reclamos presentados por los usuarios de la Nueva EPS, lo que refuerza la gravedad de la situación que deberá enfrentar la nueva intervención.
De acuerdo con los datos conocidos, entre enero y diciembre de 2025 se registraron más de 14.000 quejas, lo que representó un aumento del 107 % en comparación con el año anterior. Este crecimiento en las inconformidades refleja el impacto de las fallas en el sistema y la presión sobre la entidad en medio de un escenario de incertidumbre institucional.
En este contexto, la llegada de Jorge Iván Ospina a la intervención de la Nueva EPS se produce en un momento crítico, con múltiples frentes abiertos que incluyen cuestionamientos políticos, vigilancia de los entes de control y un incremento sostenido de las quejas por parte de los usuarios del sistema de salud en el país.
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