Álvaro Uribe alertó sobre las consecuencias de las decisiones del Gobierno Petro en crisis comercial con Ecuador: “Miles de empleos se pierden”

El Gobierno ecuatoriano, liderado por el presidente Daniel Noboa, decidió elevar al 100% la llamada “tasa de seguridad” a las importaciones colombianas y suspender los canales técnicos de diálogo, una acción que Quito defendió como parte de su estrategia para reforzar la seguridad fronteriza.

“En el futuro, se podrá conversar con un gobierno que sí esté comprometido con combatir la delincuencia y el narcotráfico”, afirmó el mandatario ecuatoriano, condicionando el restablecimiento del diálogo bilateral a un cambio de postura por parte de Colombia.

Las diferencias respecto a la cooperación frente a delitos transnacionales marcan la actual tensión diplomática entre ambos países. Noboa remarcó la efectividad de las medidas adoptadas, apuntando que el descenso del 33% en las muertes violentas constituye un “resultado concreto” visible tras la implementación.

Álvaro Uribe Vélez, expresidente de la República, expresó su preocupación por la situación, por el efecto económico y social derivado de la medida. Según sus declaraciones, en redes sociales las relaciones con el vecino país son un factor fundamental para el comercio y economía de Colombia.

“El comercio con Ecuador vale 2.000 millones de dólares al año, con lo que ha ocurrido Ipiales está en ruina, empresas en Cali y en otras partes seriamente afectadas, empleos que se pierden (sic)”, escribió en su cuenta de X.

En su mensaje, el líder del Centro Democrático advirtió sobre el agravamiento de problemas de orden público en la frontera, señalando que el entorno favorece la actuación de grupos criminales.

Desde la perspectiva de Uribe Vélez, “la frontera está manejada por el narcoterrorismo de las FARC, imponen votar por Iván Cepeda. Paloma se pondrá de acuerdo con el gobierno ecuatoriano para recuperar las relaciones, seguridad, comercio, etc (sic)”.

Colombia evalúa aumentar en un 100% los aranceles a Ecuador

El Gobierno de Colombia analiza elevar aranceles a las importaciones de Ecuador del 30% al 100%, una respuesta directa a la reciente decisión del presidente ecuatoriano Daniel Noboa de imponer el mismo nivel de gravamen a los productos colombianos.

Diana Marcela Morales Rojas, ministra de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT), confirmó el 10 de abril de 2026 que la propuesta será evaluada tras comprobar que los canales diplomáticos y comerciales resultaron insuficientes para resolver el conflicto entre ambas naciones.

La cartera ministerial también enfatizó la necesidad de fortalecer el sector productivo local frente al entorno de incertidumbre. Se contempla la promoción de líneas de crédito en condiciones favorables, planes de financiamiento accesibles y herramientas especiales para que las empresas puedan sortear la coyuntura, manteniendo el flujo de empleo y la inversión.

En palabras del propio Ministerio de Comercio, “esta estrategia busca no solo atender las necesidades inmediatas del sector productivo, sino también consolidar la reactivación económica, dinamizar la inversión y garantizar la estabilidad de miles de empresas clave para el desarrollo del país (sic)”.

De hecho, Colombia presentó una demanda ante la Comunidad Andina (CAN), argumentando que la decisión ecuatoriana vulnera los principios del Acuerdo de Cartagena de 1969, que regula el comercio intrarregional. Las autoridades colombianas precisaron que, de concretarse el ajuste, el país replicará el gravamen en los mismos términos para restablecer la equidad comercial, medida supervisada por el Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior (Triple A), responsable de definir eventuales ajustes tarifarios.

Paralelamente, Gustavo Petro comunicó desde su cuenta de X una salvedad en la política de reciprocidad arancelaria: “El gobierno Colombiano permitirá que producción ecuatoriana necesaria para Colombia entré a cero por ciento de arancel (sic)”. No obstante, el mandatario no detalló cuáles productos o insumos específicos quedarían exentos de la subida, dejando sin precisiones qué sectores podrían beneficiarse de esta excepción.