A prisión presunto cabecilla del Frente 33 de disidencias de las Farc por ataques contra firmantes de paz en el Catatumbo

El hombre conocido como El Brujo deberá responder ante la justicia por ordenar el atentado contra Juan Antonio Castro Carrillo en Tibú, mientras las autoridades refuerzan el seguimiento a estos grupos ilegales

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Caída de Gerardo Álvarez Peña, alias El Brujo, sacude a las disidencias de las Farc en el Catatumbo - crédito Fiscalía
Caída de Gerardo Álvarez Peña, alias El Brujo, sacude a las disidencias de las Farc en el Catatumbo - crédito Fiscalía

La ofensiva judicial contra estructuras armadas ilegales que operan en el Catatumbo sumó un nuevo resultado con la judicialización de un hombre señalado de liderar acciones violentas contra firmantes del acuerdo de paz.

Se trata de Gerardo Álvarez Peña, conocido con el alias de El Brujo, el cual habría tenido un papel clave en la organización y ejecución de ataques entre 2020 y 2023 en el norte de Santander.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el procesado fue presentado ante un juez de control de garantías como presunto cabecilla del Frente 33 de las disidencias de las Farc, una estructura que mantiene presencia en zonas estratégicas del municipio de Tibú y las investigaciones lo vinculan con la conformación de milicias urbanas y la coordinación de acciones armadas dirigidas tanto contra la fuerza pública como contra otras organizaciones ilegales.

Según el ente acusador, el hoy imputado habría ejercido control territorial mediante el uso de la violencia, consolidando una estructura que operaba en distintos sectores urbanos y rurales. En ese sentido, la Fiscalía expuso en audiencias el alcance de su presunto liderazgo dentro del grupo armado.

La Fiscalía judicializa a presunto cabecilla del Frente 33 por ataques en Tibú - crédito Fiscalía

Gerardo Álvarez Peña, conocido dentro de esa temporalidad que data desde el año 2020 y hasta el año 2023, dio su voluntaria aceptación, no solo para ser parte de este Gaor (Los Grupos Armados Organizados Residuales), Disidencias de las Farc Frente 33, donde era conocido con el alias de Gerardo o El Brujo, que además pública y especialmente en los territorios donde hace presencia, como es el municipio de Tibú, es conocido como un grupo armado organizado residual, sino que además, él sabe que ejerce ese control sobre los territorios a través de la violencia y no solo para ser parte de él. Gerardo Álvarez Peña lo hizo con el fin de concertarse con este Gaor para cometer delitos indeterminados, pero determinables como el homicidio, ejerciendo el control territorial a través del uso de armas de fuego en el casco urbano, corregimiento de Campo Dos, vereda o sectores del veinticinco y la cuatro del municipio de Tibú, en el norte de Santander. Gerardo Álvarez Peña, alias Gerardo el Brujo, bajo el rol de cabecilla de milicias urbanas de las Disidencias de las FarcFrente 33 en el municipio de Tibú, ostenta un nivel de jerarquía que le permite una transmisión de órdenes de manera vertical hacia los demás integrantes de la organización”, indicó la fiscal en las audiencias concentradas.

Uno de los hechos más graves que se le atribuyen ocurrió el 23 de octubre de 2022, cuando el firmante de paz Juan Antonio Castro Carrillo fue atacado con arma de fuego en su vivienda en Tibú. La víctima resultó gravemente herida y tuvo que ser sometida a una cirugía de emergencia, y logró sobrevivir.

La Fiscalía sostiene que este ataque habría sido ordenado directamente por alias El Brujo como represalia, luego de que la víctima se negara a integrar nuevamente las filas del grupo armado ilegal tras haber firmado el acuerdo de paz en 2016.

Un juez impone medida de aseguramiento a alias El Brujo por ataque a firmante de paz - crédito Fiscalía
Un juez impone medida de aseguramiento a alias El Brujo por ataque a firmante de paz - crédito Fiscalía

“Con ocasión de esa pertenencia y rol de cabecilla de milicias del Gaor, frente 33 de las Farc y bajo ese control territorial, Gerardo Álvarez Peña ordena o transmite de manera descendiente y vertical la orden del homicidio de Juan Antonio Castro Carrillo, quien es un firmante del acuerdo de paz, entendido que él se configura en una persona enemiga de este Gaor, ya que en primer término dejó ese grupo armado organizado residual para ser parte de la construcción de la paz, precisamente a través de la firma de ese acuerdo final de paz en el año 2016. Y bajo ese entendido, este Gaor considera que estos firmantes del acuerdo de paz se convirtieron entonces en colaboradores del gobierno y por lo tanto son sus enemigos y objetivos militares”, aseguró la fiscal.

El relato presentado en audiencias detalla cómo se habría ejecutado el ataque. Dos hombres armados llegaron hasta la vivienda de la víctima y abrieron fuego en repetidas ocasiones, generando una escena de alta violencia en la zona.

“Esta orden se materializó el día 23 de octubre del año 2022 por parte de estos milicianos y efectivamente, ellos arribaron a La Esperanza, el municipio de Tibú, donde residía el señor Juan Antonio Castro Carrillo, firmante del acuerdo de paz. Descendió portando un arma de fuego, se dirigió a la parte externa del inmueble donde se encontraba el firmante del acuerdo de paz, Juan Antonio Carrillo. Le disparan repetidas ocasiones. Juan Antonio Castro Carrillo, con el objeto de resguardar su vida, corre hacia el interior de su vivienda, pero alias Chacal continúa disparando hasta quedarse sin munición y emprende la huida. Y finalmente, lo que logra es dejar malherido a Juan Antonio Castro Carrillo con una grave condición, pero finalmente, frente a la atención médica, logró salvar su vida”, mencionó la fiscal.

La justicia le pone freno a alias El Brujo: así fue la captura del líder de milicias urbanas en Norte de Santander - crédito Fiscalía

Por estos hechos, una fiscal de la Unidad Especial de Investigación le imputó a Álvarez Peña los delitos de concierto para delinquir, homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, todas las conductas agravadas, pero el procesado no aceptó los cargos.

Tras evaluar los elementos materiales probatorios presentados por la Fiscalía, la juez de control de garantías decidió imponer medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras avanza el proceso judicial en su contra.

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