El Tribunal Superior de Bogotá negó, en fallo de segunda instancia, la solicitud de preclusión presentada por la defensa de la ex consejera presidencial para las Regiones Sandra Ortiz, dentro del proceso que se adelanta por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
Con esta decisión, el proceso penal continúa y la exfuncionaria deberá enfrentar la etapa de juicio oral.
La determinación ratifica que existen elementos suficientes para que el caso avance, en el que Ortiz está acusada por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público, según la imputación realizada por la Fiscalía General de la Nación.
Acusaciones por entrega de sobornos
De acuerdo con la investigación del ente acusador, Sandra Ortiz habría actuado como “mensajera” en la entrega de sobornos dirigidos a altos funcionarios del Congreso, específicamente a los expresidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle.
Según el expediente, la Fiscalía sostiene que la exconsejera recibió el 12 de octubre de 2023 una maleta con 1.500 millones de pesos, dinero que habría sido entregado por los exdirectivos de la Ungrd, Olmedo de Jesús López Martínez y Sneyder Pinilla Álvarez, en un apartamento ubicado en el centro de Bogotá.
El ente acusador señala que estos recursos provenían de fondos de la Ungrd y que habrían sido utilizados con el objetivo de facilitar la aprobación de reformas legislativas. Adicionalmente, la Fiscalía asegura que Ortiz habría intermediado en la entrega de hasta 4.000 millones de pesos en sobornos, lo que la ubica como una de las figuras centrales dentro del entramado investigado.
Ortiz Nova permanece recluida en la Escuela de Carabineros de la Policía, en el norte de Bogotá, desde diciembre de 2024. Desde entonces, su defensa ha presentado múltiples recursos para obtener su libertad o revertir las decisiones judiciales en su contra.
El 18 de febrero de 2025, la defensa interpuso una acción de tutela ante la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la cual fue declarada improcedente por no cumplir con el requisito de subsidiariedad. Posteriormente, las solicitudes de libertad radicadas el 31 de diciembre de 2025 y el 21 de enero de 2026 también fueron rechazadas por el Juzgado 79 Penal Municipal de Control de Garantías de Bogotá.
Cuestionamientos de Ortiz al proceso
El pasado 8 de abril de 2026, durante una audiencia de solicitud de libertad por vencimiento de términos, Ortiz expuso cuestionamientos sobre el proceso penal en su contra, especialmente frente al acceso a pruebas.
En su intervención, la exfuncionaria aseguró: “Se oponen todos los que están acá. ¿Por qué se oponen? ¿Cuál es el miedo? Vamos por la verdad, se lo dije a las víctimas. Vamos a contarle al país la verdad; igual la van a saber. Tarde o temprano, todo se va a saber. Entonces, ¿cuál es el miedo? ¿Por qué no me acompañan a buscar mis pruebas? Hoy no tengo una sola prueba, señora juez”.
Asimismo, manifestó que existen más de 100.000 archivos que podrían contener material probatorio relevante para su defensa, pero afirmó que no ha tenido acceso a ellos. En ese contexto, señaló que no se encuentra en igualdad de condiciones frente a la Fiscalía.
Ortiz también cuestionó cambios en el enfoque de la acusación. Según explicó, en etapas iniciales del proceso fue vinculada con irregularidades relacionadas con contratos de carrotanques destinados a La Guajira; sin embargo, aseguró que esos hechos ya no hacen parte del escrito de acusación: “La Guajira ya no existe. Tanto que no existe, que sacan a las víctimas de La Guajira y dice la Fiscalía: (...) ‘No, es que ella no tiene nada qué ver con La Guajira’”.
Adicionalmente, señaló inconsistencias frente a un contrato relacionado con el municipio de Repelón, Atlántico. Según su versión, dicho contrato no existiría o no correspondería a las cifras señaladas en la acusación. “La Fiscalía no supo, no demostró, y admitió que sí podía ser un contrato falso, o sea, un contrato no existente”, afirmó durante la audiencia.
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