Recaudo prepago en El Dorado: la propuesta para beneficiar a usuarios que desató el paro de taxistas en Bogotá

Luego de dos jornadas de protestas protagonizadas por el gremio de taxistas que laboran en el Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá, el paro terminó tras alcanzar acuerdos entre los representantes del gremio, Taxi Imperial y las autoridades.

Entre los puntos principales se destacó la restricción del servicio especial únicamente a vans con capacidad para cinco o más pasajeros y la salida de vehículos sedán y SUV de la zona destinada a este transporte.

Las partes acordaron la eliminación de promotores e “impulsadores” que ofrecían servicios de manera informal en el aeropuerto y se reforzó la presencia de personal autorizado para información. Además, se fijó el retiro del plan piloto anterior y se ofreció apoyo a los conductores en los procesos de impugnación de comparendos. La normalidad operacional en El Dorado se restableció tras el anuncio oficial y la puesta en marcha de las nuevas reglas y controles.

Debido a que todas las partes expusieron sus versiones, quedó en evidencia que el factor principal de la protesta fue un proyecto llamado “Recaudo Prepago” que ya funciona en otros países.

Cómo habría funcionado el modelo

El recaudo prepago en el sector de taxis es un sistema mediante el cual el usuario paga la tarifa del servicio antes de iniciar su recorrido. El proceso puede realizarse mediante aplicaciones móviles, tarjetas recargables, plataformas digitales o terminales físicas instaladas en puntos estratégicos.

El monto a abonar se calcula previamente, ya sea con base en una tarifa fija, estimaciones proporcionadas por plataformas digitales o acuerdos entre el pasajero y el conductor, y se paga antes de abordar el vehículo, lo contrario a lo que pasa actualmente en el terminal aéreo en el que se registró la protesta.

Este modelo busca eliminar la necesidad de intercambiar efectivo durante el trayecto y de posibles inconvenientes con el valor final del trayecto. El usuario puede efectuar el pago utilizando diferentes medios electrónicos, como tarjetas bancarias, billeteras móviles o sistemas de recarga asociados a cuentas personales.

Una vez realizado el pago, se genera un comprobante o código que habilita al conductor para iniciar el viaje. El sistema también puede registrar información del trayecto y del usuario, facilitando la trazabilidad de los servicios prestados.

El recaudo prepago se ha implementado en diferentes países con modalidades adaptadas a las condiciones locales. En Sudáfrica, se utilizan tarjetas recargables en taxis tipo minibús, donde los pasajeros cargan saldo y lo utilizan para pagar sus trayectos. En Hungría, especialmente en la ciudad de Budapest, las aplicaciones móviles permiten calcular y abonar el costo del viaje antes de que el taxi llegue al punto de recogida.

En otros ejemplos, en Kenia los pagos móviles a través de servicios como M-Pesa han permitido que los usuarios hagan el pago anticipado al conductor, quedando registrado en la aplicación y en la cuenta del conductor. En India y Finlandia, existen experiencias con tarjetas inteligentes y pagos móviles que habilitan el viaje tras el abono previo.

Taxistas ahora tienen conflicto con el secretario de Seguridad de Bogotá

Tras superar la crisis registrada en el aeropuerto El Dorado, el presidente de la Asociación de Propietarios y Conductores de Taxis, Hugo Ospina, solicitó una rectificación del secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, que afirmó durante una atención a medios que el 60% de los taxistas en la ciudad tenían antecedentes penales.

Ospina aclaró que las personas mencionadas no eran taxistas activos, sino aspirantes que enviaron sus hojas de vida para optar a ingresar al gremio, y que esos documentos fueron remitidos a las autoridades para verificación.

Según Ospina, la cifra presentada no corresponde a la realidad del sector y la información divulgada generó una falsa alarma. Además, denunció que se hizo pública información confidencial sin la debida protección, lo que podría constituir una violación a la ley de habeas data. Por este motivo, radicó un derecho de petición ante el alcalde, la Fiscalía, la Secretaría de Seguridad y la Superintendencia, exigiendo la rectificación de las declaraciones y el manejo adecuado de los datos.