El 9 de abril, en la conmemoración del Día de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado, en Bogotá, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP escuchó las observaciones de las víctimas de los “falsos positivos” registrados en Boyacá, Arauca, Cundinamarca, Tolima y Santander.
Luego de un minuto de silencio y de que las familias presentes ubicaran los nombres de sus seres queridos en varias zonas del lugar, se encendió una vela para representar cómo los asesinados siguen estando presentes en las vidas de sus cercanos.
“Prendemos hoy esta vela en homenaje a nuestros seres queridos que ya no están en esta vida, pero siempre nos acompañan. Esta luz significa que ellos están aquí con nosotros”, indicó Ana Delina Páez, víctima acreditada ante la JEP.
Durante la audiencia, en la que participaron 32 familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales registradas entre 2005 y 2008, el magistrado Óscar Parra fue el encargado de presidir la diligencia en la que se confirmó que más de 4.740 víctimas han sido acreditadas hasta la fecha en el caso; cerca de 1.180 pertenecen a la fase nacional y 640 corresponden a víctimas de hechos atribuidos a integrantes de unidades militares de la segunda y la quinta división del Ejército Nacional.
El magistrado indicó que la JEP ha escuchado la versión de 13 generales retirados y que en la diligencia participaron 12 comparecientes que escucharon los testimonios de los familiares de las víctimas como parte del compromiso que tienen con la justicia.
Parra también confirmó que la JEP ha imputado a 209 responsables por casos de “falsos positivos”, de los cuales 125 han reconocido su responsabilidad y 53 lo harán en diligencias programadas en Barranquilla, Valledupar y Villavicencio.
Entre los testimonios expuestos se destacó el de Fabio Zarabanda, que recordó a su hermano en la fecha de su cumpleaños. “Mi hermano fue asesinado por tropas del Ejército en Ataco, Tolima. Hoy, 9 de abril, la fecha de su cumpleaños, quiero desearle feliz cumpleaños en el cielo”.
También fue escuchado José David Uribe Chacón, hermano de Alejandro Uribe Chacón, asesinado el 29 de abril de 2006 en Arenal, Bolívar, caso en el que el padre de la víctima murió sin conocer la verdad.
“Yo estaba muy cerca de donde pasó todo. Era la una y media, entre la una y las dos de la tarde, cuando escuchamos los disparos y yo dije en ese momento: ¿Quién habrá muerto?, pero no sabía que a quien habían asesinado era a mi hermano. Estamos agradecidos con la JEP porque por fin podemos hablar y por fin podemos ser escuchados”.
Otro de los momentos destacados fue cuando Mayola Inela, esposa de Aníbal Castillo, reclamó conocer toda la verdad sobre el asesinato de su pareja cuando ella estaba embarazada.
La mujer afirmó que Castillo viajó luego de haber recibido una propuesta de trabajo en junio de 2008 en San Martín, Cesar; semanas más tarde fue presentado como un guerrillero dado de baja en un combate.
“Siempre nos han dicho que somos unas locas, unas chillonas, pero siempre hemos dicho que estas locas decimos la verdad. Quiero una verdad con dignidad, sin burlas. No queremos una verdad a medias”, fueron las palabras de Ana Delina Páez, madre de Eduardo Garzón Páez e integrante de las Madres de los Falsos Positivos (Mafapo).
Garzón Páez fue presentado junto con Daniel Andrés Pesca como guerrillero abatido en Cimitarra, Santander, aunque fueron vistos por última vez en Soacha, Cundinamarca, en donde fueron interceptados por soldados de la quinta brigada del Ejército Nacional.
En la audiencia fue escuchado el sobreviviente de una ejecución extrajudicial múltiple, que relató que vio como vistieron con prendas militares a sus compañeros tras ser asesinados.
“Usted sembraba pitaya y mora cuando fue interceptado por integrantes del Ejército. Gracias por su valentía al estar aquí. Usted es una víctima sobreviviente; hay muy pocas. Logró escapar de lo que pudo ser una muerte segura y vio la ejecución de los asesinatos de sus compañeros y cómo los vistieron para presentarlos como bajas en combate. Su testimonio es fundamental para la investigación que adelantamos en la fase nacional”.
El magistrado también agradeció el testimonio de Cecilia Villamizar, hermana de Uriel Villamizar, que fue asesinado por el Ejército Nacional cuando se dirigía a su trabajo. “Fue muy triste para nosotros. Así fue pasando el tiempo y fue una lucha para que limpiaran el nombre de mi hermano. En una emisora salió que habían dado de baja a un guerrillero, que había habido un combate donde no hubo combate. El único combate que hubo fue entre el mismo Ejército y un campesino que se había ido a trabajar”.
Este relato generó la indignación de Alinton Asprilla Herrera, padre de Tomás Asprilla, asesinado el 4 de noviembre de 2006 en Puerto Rondón, Arauca, que resaltó cómo este proceso convirtió en asesinos de campesinos a personas que seguramente se formaron en contextos similares a los de las víctimas.
“Los militares, que también son campesinos o vienen de barrios populares de este país, fueron adoctrinados para ver a los campesinos como enemigos. Se convirtieron en recicladores de teorías para adoctrinar jóvenes para matar campesinos, manchando el nombre de la institución”.
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