Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Arnold Esteban Páez Herrera, Álvaro Andrés Gómez Méndez, Michael Andrés Chitiva Henao y Sergio David Vásquez Rivera por el presunto secuestro, hurto y asesinato del profesor de la Universidad Externado y funcionario de la Procuraduría General de la Nación Neill Felipe Cubides Ariza. El crimen fue perpetrado en Bogotá, el 15 de enero de 2026.
De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el motivo de la detención intramural responde a la gravedad de los hechos: el docente fue obligado a entregar datos bancarios bajo amenazas y golpes tras abordar un taxi en la localidad Chapinero.
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“El docente tomó un taxi en la localidad de Chapinero el pasado 15 de enero, que al parecer era conducido por Gómez Méndez, quien decidió cambiar la ruta a pocas cuadras de iniciar el recorrido. El trayecto era seguido por un carro particular manejado por Páez Herrera, de donde descendieron otros dos procesados para abordar el taxi”, detalló la delegada para la Seguridad Territorial, Deicy Jaramillo Rivera.

Posteriormente, sufrió asfixia y su cuerpo fue trasladado y abandonado en una zona rural de la localidad Usme, específicamente, en un lugar de la antigua vía al Llano. Allí, habrían rociado gasolina al cuerpo y lo habrían incinerado.
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“Durante la madrugada del 16 de enero, estos hombres, presuntamente, realizaron retiros por cerca de $6 millones de las cuentas del docente, así como compras en establecimientos de comercio ubicados en los sectores de Venecia y Fátima de la localidad de Tunjuelito”, precisó la funcionaria de la Fiscalía.
En consecuencia, a los cuatro procesados se les imputó cargos por los delitos de homicidio, hurto calificado, secuestro extorsivo –todas estas conductas agravadas– y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. Los investigados no aceptaron los cargos que les endilgó el ente acusador.

En su momento, la familia de la víctima se pronunció a través de un comunicado, en el que confesaron tener miedo de que los procesados quedaran en libertad, mientras se adelanta todo el proceso penal en su contra. Advirtieron sobre intimidaciones.
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“Hemos enfrentado el proceso judicial con entereza y hemos colaborado permanentemente con la Fiscalía, pero somos conscientes de que existen presiones sobre las autoridades, por lo que tenemos temor fundado de que los capturados queden en libertad mientras se adelanta el proceso, poniendo en serio peligro a nuestra familia y a la comunidad en general”, precisó la familia en la comunicación oficial.
Afirmaron que la justicia debe actuar en consonancia con la gravedad de los hechos, impidiendo que los responsables del crimen queden impunes. Además, recalcaron que otras familias podrían verse afectadas por el actuar delictivo de los sujetos.
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“Nadie puede entender cómo la vida puede cambiar en solo un segundo y cómo el dolor y la rabia se pueden apoderar de los corazones. No podemos permitir que estas personas sigan haciendo daño. No podemos permitir que otra familia sufra el horror de lo que nosotros estamos viviendo”, explicó la familia.

Las advertencias de la familia sobre intimidaciones y riesgos en medio del proceso penal se materializaron. Un testigo clave en las indagaciones sufrió un atentado, que previamente había sido blanco de amenazas.
El informante fue crucial en el proceso porque entregó detalles sobre las identidades de los sujetos que participaron en el secuestro y asesinato de la víctima, además de que reveló ubicaciones y el modo de operar de la organización delictiva.
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“Pedimos protección para la familia del profesor y para los servidores que atienden el caso. ¡Esto no puede ser normal!”, indicó el abogado Juan David Bazzani Montoya, representante de los familiares en X.
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