La JEP certificó que contratista de millonaria licitación con Ecopetrol no tiene investigaciones por nexos con el paramilitarismo

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) certificó que Inemec S.A.S., empresa contratista de Ecopetrol, no enfrenta investigaciones, actuaciones judiciales ni trámites relacionados con nexos con el paramilitarismo dentro de esa jurisdicción.

Esta decisión refuerza la posición de la compañía y de su representante legal, Dorain Celis, luego de que circularan versiones sobre presuntos vínculos con estructuras armadas ilegales.

De acuerdo con la respuesta oficial proporcionada por la JEP, tras una revisión en sus sistemas documental, judicial y de monitoreo integral, no se halló evidencia alguna que comprometa a Celis o a la empresa en investigaciones dentro de ese organismo. La empresa había solicitado la certificación luego de que su nombre fuera mencionado en informes periodísticos que la vinculaban con supuestos colaboradores de grupos paramilitares.

Contexto del contrato y la polémica mediática

La controversia surgió a raíz de la adjudicación a Inemec S.A.S. de un contrato de mantenimiento integral para los campos de producción de gas Cusiana y Cupiagua en el departamento de Casanare, por parte de Ecopetrol. El acuerdo, valorado en $254.000 millones y con una duración de 28 meses, implica la contratación de cerca de 1.300 personas y la ejecución de tareas en instalaciones de producción, sistemas eléctricos y operaciones en superficie.

Según reportes de El Tiempo, la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación de los Hechos y Conductas de la JEP había solicitado a la petrolera información sobre personas vinculadas a la empresa que pudieran haber colaborado con estructuras paramilitares. En ese contexto, el nombre de Dorain Celis apareció en una lista elaborada en abril de 2024, lo que llevó a una alerta interna del área de Ética y Cumplimiento de Ecopetrol durante el proceso de selección de contratistas.

No obstante, ejecutivos de la petrolera señalaron que la decisión de adjudicar el contrato a Inemec S.A.S. se basó en el principio de libre competencia, ya que la sola existencia de una indagación preliminar no constituye una inhabilidad legal para participar en los procesos de contratación estatal. Además, la oferta presentada por la empresa representó un ahorro de $12.000 millones respecto al valor pagado previamente por servicios similares.

Posturas de los involucrados y revisión judicial

El representante legal de la compañía, Dorain Celis, negó haber sido requerido por la JEP o por ninguna otra autoridad judicial, al tiempo que cuestionó la difusión de información que, según sus palabras, afecta su buen nombre y reputación.

Celis manifestó: “Hasta la fecha no hemos sido requeridos por ninguna autoridad judicial ordinaria o transicional para brindar nuestra versión como víctimas de los fenómenos delictuales que fueron realizados por grupos delincuenciales en el departamento de Santander”.

Por su parte, la representante suplente de la firma, Magda Cubides, indicó no tener conocimiento sobre indagaciones de la JEP ni sobre la alerta interna de Ecopetrol. Actores del sector defendieron la integridad de Celis y manifestaron confianza en que la empresa cumplirá a cabalidad los términos del contrato.

La complejidad de operar en el Magdalena Medio

El caso de Inemec S.A.S. y su representante legal ilustra los desafíos de operar en regiones como el Magdalena Medio, históricamente afectadas por el conflicto armado. Según documentos aportados ante la JEP, Celis solicitó ser reconocido como víctima en el Caso 8, subcaso Magdalena Medio, donde se investigan crímenes cometidos por agentes estatales en asociación con grupos paramilitares y terceros civiles.

El empresario relató haber sido objeto de presiones y extorsiones por parte de actores armados ilegales durante su actividad en la región, contexto que también afectó a numerosas empresas en la zona.

La certificación emitida por la JEP no solo aclara la situación procesal de Inemec S.A.S., también evidencia la necesidad de mecanismos de verificación institucional en procesos de contratación pública en regiones donde persisten los efectos del conflicto armado.