De hotel del cartel a sede pública: edificio de los Rodríguez Orejuela tendrá nuevo uso en Soacha

El inmueble pasará a manos de la Personería municipal tras ser recuperado por el Estado y dejar atrás su uso comercial

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Hermanos Rodríguez Orejuela  | (AP Photo/Colombian National Police)
Hermanos Rodríguez Orejuela | (AP Photo/Colombian National Police)

En las últimas horas, el Gobierno nacional definió el destino de un edificio que perteneció a los hermanos Rodríguez Orejuela, antiguos jefes del cartel de Cali, según información obtenida por Revista Semana.

El inmueble, ubicado en Soacha, dejará de operar como hotel y será destinado a funciones institucionales relacionadas con la defensa de derechos humanos.

La decisión se tomó luego de que la Sociedad de Activos Especiales recuperara el control del predio por irregularidades en su administración, según información obtenida por ese medio de comunicación.

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- crédito Sociedad de Activos Especiales/Facebook
- crédito Sociedad de Activos Especiales/Facebook

Recuperación del inmueble y cambio de uso

El edificio, que durante años funcionó como el Hotel Soacha Plaza, hacía parte de los bienes incautados a los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, exlíderes del cartel de Cali.

Tras su captura y posterior extradición, el Estado colombiano inició procesos de extinción de dominio sobre varias de sus propiedades, con el objetivo de recuperar activos obtenidos de manera ilícita.

En el caso de este inmueble, la extinción de dominio se formalizó en 2024, lo que permitió que pasara de manera definitiva a manos del Estado.

Sin embargo, pese a estar bajo control estatal, el predio continuaba siendo explotado comercialmente como hotel.

De acuerdo con la Sociedad de Activos Especiales, esta situación presentaba irregularidades, ya que el inmueble había sido arrendado y posteriormente subarrendado sin autorización.

Estas condiciones generaban beneficios económicos indebidos, lo que motivó la intervención de la entidad para recuperar el control del edificio.

Como resultado, se llevó a cabo un operativo de desalojo que permitió restablecer el uso legal del bien.

Tras este proceso, el Gobierno tomó la decisión de redefinir el destino del inmueble, dejando atrás su uso comercial.

Nuevo destino institucional y significado del cambio

Luego de la recuperación, el edificio será destinado a la Personería municipal de Soacha.

El objetivo es que funcione como una sede institucional enfocada en la atención a la ciudadanía, especialmente en temas relacionados con control, vigilancia y protección de derechos humanos.

Según lo informado, esta decisión busca fortalecer la presencia institucional en el municipio y ampliar los servicios que se prestan a la comunidad.

El cambio de uso del inmueble también representa una transformación simbólica.

El predio pasa de estar vinculado históricamente a actividades del cartel de Cali a convertirse en un espacio orientado al servicio público.

Hermanos Rodríguez Orejuela | IMAGEN DE ARCHIVO PARTÍCULAR
Hermanos Rodríguez Orejuela | IMAGEN DE ARCHIVO PARTÍCULAR

Esta transformación se enmarca en las políticas de administración de bienes incautados, que buscan dar un uso social a los activos recuperados por el Estado.

En ese sentido, la Sociedad de Activos Especiales ha impulsado iniciativas similares en los últimos años, entregando bienes para proyectos de vivienda, educación y fortalecimiento institucional.

El caso de este edificio refleja esa estrategia, en la que propiedades asociadas a economías ilegales son reincorporadas a la legalidad mediante su uso en beneficio de la ciudadanía.

De acuerdo con la información conocida, este tipo de decisiones también buscan generar impactos en los territorios, al destinar infraestructura existente a servicios públicos.

Así, el inmueble ubicado en Soacha se integrará a la red institucional del municipio, con funciones orientadas a la defensa de derechos y la atención de la población.

El proceso evidencia el tránsito de un bien ligado a estructuras criminales hacia un uso institucional, en el marco de las acciones del Estado para recuperar y resignificar activos provenientes de actividades ilícitas.