Corte Suprema de Justicia investigará al senador Alirio Barrera por presunto acoso sexual a una funcionaria: la besó a la fuerza

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación formal contra Alirio Barrera, senador del Centro Democrático, por una acusación de presunta agresión sexual presentada por una exfuncionaria de la Gobernación de Casanare, según informó Semana.

El caso, correspondiente a una denuncia interpuesta en 2016 y enviada a la Corte Suprema de Justicia por la Fiscalía Seccional del Casanare debido al fuero constitucional del senador, quedó asignado al despacho del magistrado Marco Antonio Rueda de la Sala Especial de Instrucción, conforme a fuentes citadas por el medio.

Conforme a la querella, la exfuncionaria habría sido víctima de un beso forzado por parte del entonces gobernador cuando acudió a su despacho en la capital del departamento para solicitar apoyo económico en nombre de una congregación religiosa. Tras el incidente, la denunciante relató que Barrera le entregó $400.000 en efectivo destinados a actividades de la iglesia.

La víctima señaló que no hizo pública la denuncia antes por temor a represalias, dada la influencia política de Alirio Barrera, e informó que al ingresar al despacho le retiraron el teléfono celular, lo que le impidió documentar lo ocurrido.

El equipo del senador rechazó la acusación y afirmó en diálogo con Semana que se trata de “una estrategia política destinada a perjudicar el nombre y la honra” del congresista. Los colaboradores señalaron a una persona actualmente vinculada a la Gobernación de Casanare como parte de la motivación detrás de la denuncia.

Está previsto que en los próximos días se programe una audiencia para tomar la versión de Alirio Barrera, que comparecerá acompañado por su abogado, confirmaron fuentes al mismo medio.

Alirio Barrera bajo la lupa por tierras baldías

Alirio Barrera, senador por el partido Centro Democrático y exgobernador de Casanare, figura en un expediente administrativo tras detectarse que administra más de 412 hectáreas de bienes de origen baldío en los municipios de Nunchía y Aguazul, en ese departamento. La Agencia Nacional de Tierras (ANT) investiga si la adquisición y consolidación de este patrimonio inmobiliario, otrora destinado prioritariamente a campesinos sin tierra, vulnera el límite legal establecido para la concentración de terrenos rurales en Colombia.

La pesquisa sobre Barrera, revelada en un reporte de Casa Macondo citado por El Tiempo, resalta una diferencia específica: la normativa de Unidad Agrícola Familiar (UAF) fija para Aguazul un máximo de 61 hectáreas para quienes no son sujetos de reforma agraria. En el caso concreto del senador, la diferencia entre la extensión de tierras de origen baldío bajo su control y el tope legal es de 351 hectáreas, lo que supone 6,7 veces más de lo permitido en esa zona, conforme a los datos divulgados por la propia entidad estatal.

El expediente detalla que Barrera aparece como propietario de 14 predios en Colombia, de los cuales ocho tienen origen baldío. La mayoría de estos terrenos se encuentran ubicados en áreas expresamente protegidas para evitar la concentración de la propiedad rural. La ley colombiana prohíbe la adquisición de terrenos previamente adjudicados como baldíos si ello implica sobrepasar el máximo admitido por la UAF, criterio que es examinado en este caso por la Dirección de Gestión Jurídica de Tierras de la ANT.

La investigación, expuesta por el medio citado, también expuso que parte del crecimiento patrimonial de Barrera estaría asociado a la adquisición directa de predios adjudicados por el extinto Incora y a un sistema de transacciones que posibilitó su fragmentación y posterior comercialización. Dichas operaciones habrían tenido lugar desde los primeros años de la década del 2000, periodo en que Barrera ya ocupaba cargos públicos en Casanare.

Este mecanismo permitió la generación de ingresos por la venta de tierras a otros actores, incluidos personajes con reconocimiento político en la región, según la información publicada por el periódico. La ANT subrayó que los bienes de origen baldío tienen como finalidad principal favorecer el acceso equitativo a la tierra y bloquear la acumulación en pocas manos. La investigación indaga si Barrera utilizó mecanismos como englobe, subdivisión y permutas para consolidar una acumulación que sería incompatible con los objetivos declarados en la legislación agraria colombiana.

Actualmente, la agencia mantiene abierta una investigación formal en fase preliminar, centrada en la acumulación de predios de origen baldío que, aunque ya no poseen esa clasificación, así fueron adjudicados en su origen. La normativa dispone que, tras el análisis, se identifiquen los titulares y se determine si procede declarar la nulidad de los títulos o contratos de compraventa, en caso de comprobar infracción al régimen de tierras.