Una decisión del Consejo de Estado puso bajo revisión una de las apuestas más sensibles del Gobierno en materia de salud. El alto tribunal admitió la demanda que busca tumbar el Decreto 182 de 2026, norma que habilitaba el traslado de millones de pacientes hacia la Nueva EPS y que generó un amplio debate por sus efectos en la atención.
La determinación judicial se produjo tras la acción interpuesta por la representante a la Cámara Katherine Miranda, del Partido Verde, que cuestionó el alcance de la medida y sus posibles consecuencias sobre los usuarios. Con este paso, la corporación abre un proceso que examinará la legalidad de un decreto que redefine la operación de las EPS en el país.
El anuncio lo hizo la propia congresista, que difundió la noticia y fijó su postura frente a la iniciativa del Ejecutivo. La admisión no implica un fallo definitivo, pero sí da paso a un análisis de fondo que pone en el centro la continuidad de los tratamientos y la capacidad del sistema para responder a cambios de gran escala.
El caso pone en discusión la capacidad de la Nueva EPS para recibir usuarios
“Hoy es una excelente noticia para el país. El Consejo de Estado admitió nuestra demanda contra el decreto del Gobierno Nacional que pretendía el traslado sin el consentimiento de las personas a dos coma seis millones de pacientes hacia la Nueva EPS”, afirmó Katherine Miranda por medio de un video publicado en su cuenta en la red social X.
La congresista insistió en que la medida puede afectar la atención. “Nos oponemos firmemente a que se siga poniendo en riesgo la continuidad de los tratamientos, la entrega de los medicamentos y la vida de los pacientes”, señaló en su mensaje.
En su pronunciamiento, Miranda también cuestionó la capacidad de la entidad receptora: “Es claro, hoy la Nueva EPS no está en la capacidad de absorber esta carga ni de garantizar la continuidad en la atención”.
La decisión judicial no suspende el proyecto, pero activa su revisión: de qué se trata el decreto
El Decreto 182 de 2026 introduce una reorganización del sistema de salud con base en criterios territoriales y poblacionales. La norma establece límites al número de Entidades Promotoras de Salud (EPS) que pueden operar en una misma zona, con el propósito de evitar la concentración de actores sin respaldo operativo suficiente.
Ese rediseño fija condiciones específicas para la permanencia de las EPS en los territorios. En departamentos con población intermedia, las entidades deben alcanzar al menos el 10% de participación. Quienes no cumplan con ese requisito deben salir de esos mercados, lo que activa un proceso de reasignación de afiliados.
Como resultado, el decreto habilita el traslado de usuarios hacia otras EPS autorizadas en cada región. El plazo definido para ese proceso es de cinco días hábiles y contempla la protección de pacientes con enfermedades de alto costo, con el fin de evitar interrupciones en sus tratamientos.
La normativa incluye además un impulso a la red pública hospitalaria. Las EPS del régimen subsidiado y las públicas del contributivo deben dirigir al menos el 60% de su gasto en salud a la contratación con Empresas Sociales del Estado, una disposición que apunta a fortalecer la sostenibilidad de los hospitales públicos.
También crea un sistema nacional de monitoreo que permite evaluar la gestión de las EPS, la calidad de los servicios y la experiencia de los usuarios. Este instrumento amplía las facultades de control del Ministerio de Salud, que actualmente está en cabeza de Guillermo Alfonso Jaramillo, frente al desempeño de las entidades.
Con la admisión de la demanda, el Consejo de Estado abre una etapa clave en la discusión jurídica sobre el decreto. El proceso determinará si la norma se ajusta al ordenamiento o si debe salir de vigencia, mientras tanto, el debate sobre el futuro del sistema de salud sigue abierto y suma un nuevo frente en los tribunales.
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