En las últimas horas, la Procuraduría General de la Nación ordenó la suspensión provisional de la agente interventora de Capresoca EPS tras detectar irregularidades en la gestión de la entidad.
La medida afecta a Betty Cecilia Anaya Nieto, quien fue separada de su cargo por un periodo inicial de tres meses mientras avanzan las investigaciones disciplinarias, citado por Revista Semana.
El ente de control advirtió un deterioro en los servicios de salud y en la situación financiera de la EPS desde que fue intervenida por el Gobierno nacional, según información obtenida por ese medio de comunicación.
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Decisión disciplinaria y alcance de la medida
La decisión fue firmada por la procuradora delegada disciplinaria, Tatiana Moreno Shett, quien ordenó la suspensión inmediata de la funcionaria.
“Suspender provisionalmente del ejercicio de la función de agente especial interventor de Capresoca EPS, Betty Cecilia Anaya Nieto, por el término inicial de tres (3) meses”, señala la determinación, citada por ese medio de comunicación.
Asimismo, se solicitó al superintendente nacional de salud ejecutar de manera inmediata la medida cautelar.
En paralelo, la Procuraduría abrió investigación disciplinaria formal contra Anaya Nieto y Yeferson Caicedo Pardo, también vinculado como agente interventor.
Deterioro financiero y operativo
De acuerdo con las indagaciones preliminares, el ente de control identificó un deterioro en la sostenibilidad financiera de la EPS.
Entre los hallazgos se reporta un aumento de la siniestralidad del 121 %, así como un déficit de 375.000 millones de pesos entre facturación y pagos realizados.
Además, se evidenció una disminución patrimonial superior a 207.000 millones de pesos, según los datos recopilados.
Estos indicadores fueron considerados como señales de alerta sobre la situación de la entidad.
Incremento de tutelas y PQR
La Procuraduría también advirtió un incremento en las reclamaciones de los usuarios.
Según los registros, las PQR pasaron de 249 mensuales en 2023 a 606 en 2025, lo que representa un aumento del 144 %.
En cuanto a las tutelas, se reportó que en 2022 el promedio mensual era de 65, mientras que en 2023 subió a 108 y se mantuvo en 102 con corte a octubre de 2025.
Estos datos reflejan un aumento en las solicitudes de los afiliados para acceder a servicios de salud.
Riesgos para los afiliados
El ente de control advirtió que la situación podría afectar derechos fundamentales.
“Se mantienen condiciones de riesgo la vulneración de los derechos fundamentales a la salud, la vida, y mínimo vital de los afiliados”, indicó la Procuraduría, citada por ese medio de comunicación.
Según la entidad, la falta de atención oportuna y continua puede generar deterioro en las condiciones de salud de los usuarios.
Evaluación de la intervención
Finalmente, la Procuraduría señaló que la alta rotación de agentes interventores ha impactado el cumplimiento de los objetivos de la intervención.
El organismo indicó que esta situación requiere revisar los procesos de selección de los responsables designados.
En ese sentido, se planteó la necesidad de evaluar la actuación de la Superintendencia Nacional de Salud frente a la designación de los interventores.
La decisión se da en medio del seguimiento a las intervenciones del sistema de salud y sus efectos sobre la prestación del servicio a los afiliados.
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