Diputada del Magdalena que sufrió un atentado denunció falta de respuesta estatal tras pedir protección: “Me obligaron al exilio”

La diputada del Magdalena por el partido Alianza Verde, Rosita Jiménez, denunció públicamente la ausencia de respuesta por parte de las autoridades tras el atentado del que fue víctima el 31 de marzo de 2026.

A través de su cuenta en la red social X, la funcionaria aseguró que, pese a haber solicitado medidas urgentes de protección, no ha recibido respuestas concretas ni se han implementado acciones para salvaguardar su vida.

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En su pronunciamiento, la diputada indicó que, siete días después del ataque, persiste la falta de reacción institucional frente a su situación de riesgo, lo que, según afirmó, la ha llevado a tomar decisiones para proteger su integridad personal.

“Hoy luego de 7 días, no hay respuestas institucionales. Ni siquiera se ha convocado consejo de seguridad para tratar el grave atentado que sufrí”, escribió Jiménez. Asimismo, agregó que “la UNP y la Policía tampoco han adoptado medidas para reforzar mi esquema de protección”, señalando directamente a varias entidades responsables de su seguridad.

En el mismo mensaje, la diputada manifestó su preocupación por el nivel de vulnerabilidad en el que se encuentra actualmente y responsabilizó a las autoridades por la falta de acciones frente al riesgo que enfrenta. “Hoy estoy más vulnerable que nunca y hago responsable a todas las autoridades que han omitido acciones urgentes ante mi riesgo inminente”, expresó.

Jiménez también afirmó que la situación la ha obligado a salir de su lugar de residencia como medida de protección. “Me han dejado sola, sin acciones por parte de los respondientes para mi protección, obligándome al exilio para salvaguardar mi vida”, señaló en su publicación, en la que además cuestionó la efectividad de las garantías para el ejercicio político en el departamento.

En ese contexto, la diputada concluyó: “En el Magdalena ejercer control político puede costar la vida. GOBERNAR TAMBIÉN ES PROTEGER”.

Posteriormente, Jiménez respondió a un mensaje emitido por la gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, quien el 31 de mayo expresó su solidaridad frente al atentado. En su declaración, la mandataria departamental señaló: “Lamento profundamente el atentado del que fue objeto la diputada Rosa Jiménez. Como víctima de violencia política y gobernadora del departamento del Magdalena, expreso toda mi solidaridad y acompañamiento personal e institucional en este difícil momento”.

La gobernadora también indicó que había impartido instrucciones a los organismos de seguridad para avanzar en el esclarecimiento de los hechos y lograr la captura de los responsables, reiterando el compromiso de la administración con la seguridad y la defensa de la vida.

No obstante, la diputada respondió señalando que, pese a ese pronunciamiento, la activación de rutas institucionales no ha derivado en medidas efectivas: “La activación de ruta no ha generado ninguna acción para mi protección. Me han obligado al exilio para proteger mi vida. La protección no puede quedarse en declaraciones”.

Sobre el atentado y reacciones institucionales

El ataque contra la diputada se registró en la noche del martes 31 de marzo de 2026, cuando se desplazaba en una camioneta blindada por la Troncal del Caribe, en el sector de Don Jaca, a las afueras de Santa Marta. Según información del medio Hoy Diario del Magdalena, dos hombres en motocicleta interceptaron el vehículo y dispararon en al menos cinco ocasiones contra las ventanas.

Los proyectiles no lograron penetrar el blindaje, por lo que no se reportaron personas heridas. Tras el hecho, Jiménez se dirigió a una estación de Policía en el barrio La Paz, donde se inició un operativo de búsqueda de los responsables, sin que hasta el momento se hayan reportado capturas.

La Asamblea Departamental del Magdalena solicitó a las autoridades acelerar las investigaciones para esclarecer el atentado y garantizar la seguridad de la diputada y de otros líderes políticos de la región. La corporación también expresó su preocupación por las condiciones de seguridad para el ejercicio democrático en el departamento.

Por su parte, Amed Zawady Púpo, presidente de la Asamblea, reiteró el compromiso institucional con la defensa de la vida y el ejercicio de la política. En la misma línea, la Confederación Nacional de Asambleas y Diputados de Colombia (Confadicol) calificó el hecho como una vulneración a los derechos fundamentales de la funcionaria.

“Hacemos un llamado urgente a las autoridades competentes para adelantar de manera inmediata, rigurosa y efectiva las investigaciones correspondientes que permitan el esclarecimiento de los hechos (...) Identificar, judicializar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales”, manifestó la organización.

El partido Alianza Verde también rechazó el ataque y solicitó medidas urgentes de protección. “Solicitamos al Gobierno nacional y a los organismos competentes reforzar su esquema de seguridad de forma urgente y adoptar las medidas necesarias para proteger la vida de la diputada Rosita Jiménez y la de su familia”, indicó la colectividad.