El presidente Gustavo Petro generó una ola de cuestionamientos entre sectores políticos y abogados tras señalar en redes sociales la existencia de informes de inteligencia que vincularían a empresarios con el candidato presidencial Abelardo de la Espriella, en el contexto del nuevo modelo de expedición de pasaportes.
Las declaraciones, publicadas el sábado 4 de abril en X, provocaron múltiples reacciones que exigen aclaraciones sobre la posible utilización de recursos estatales en la vigilancia de opositores políticos.
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En su publicación, Petro se refirió a los hermanos Bautista, dueños de la firma Thomas Greg & Sons, afirmando que aún no habrían devuelto información clave del sistema de pasaportes: “Los hermanos Bautista dueños de Thomas Greg, aún no devuelven el PIK, las claves para devolver toda la información de los usuarios de pasaportes”.
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El presidente también aludió a reportes de inteligencia que, según dijo, relacionarían a los empresarios con De la Espriella: “No puedo dejar de encajar la actitud negativa del procurador con los informes hechos desde inteligencia de conversaciones entre los hermanos Bautista y de la Espriella intercambiando la devolución del contrato de pasaportes a sus manos, y la promesa, a cambio, de ciertos algoritmos que le aseguren la presidencia a de La Espriella”.

Reacciones políticas y jurídicas
La publicación del presidente generó cuestionamientos inmediatos sobre la legalidad de posibles interceptaciones o seguimientos. Germán Calderón, abogado de Abelardo de la Espriella, señaló: “Grave noticia: Presuntamente y por lo que se desprende de este X, el gobierno podría estar chuzando a Abelardo de la Espriella. Hasta Vicky Dávila lo intuyó. Solicitamos al gobierno claridad sobre este tema crucial en el juego electoral y democrático del país”.
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En un hilo de X, Vicky Dávila preguntó directamente: “¿Petro, estás chuzando al candidato Abelardo de la Espriella y al expresidente Iván Duque?”, mientras que el abogado Víctor Muñoz añadió: “Señor Presidente: Su trino plantea preguntas gravísimas para la democracia colombiana. Si el Gobierno está usando información de inteligencia sobre particulares, campañas y empresarios, el país tiene derecho a saber: ¿La DNI está haciendo seguimientos con fines políticos? ¿La UIAF está siendo usada para perfilar opositores o personas incómodas para el poder? ¿Se están utilizando capacidades del Estado para intervenir, intimidar o influir en la competencia electoral?”.
En esa misma línea, la senadora María Fernanda Cabal cuestionó: “¿Está haciendo seguimientos a opositores suyos usando el aparato de inteligencia del Estado? ¿Ordenó interceptar a Abelardo de la Espriella? Si eso que afirma es verdad ¿por qué no ha interpuesto como se lo ordena la Constitución la respectiva denuncia? Petro participa en política y aquí las instituciones calladas. ¡Hasta cuándo!”
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Por su parte, Victor Mosquera, abogado de la familia de Miguel Uribe Turbay, señaló: “En este trino de Gustavo Petro está reconociendo interceptaciones ilegales por parte de la inteligencia colombiana a Abelardo de la Espriella. Esto es gravísimo, no solamente al servicio de Farc sino también para perseguir a la oposición!”.
El senador Germán Rodríguez agregó: “Eso tiene nombre: ABUSO DE FUNCIÓN PÚBLICA. ESPIONAJE POLÍTICO. PERSECUCIÓN DE OPOSICIÓN. No hay interpretación posible. Usted mismo lo dijo. Procuraduría y Fiscalía: esto no es opinión. Es prueba en boca del propio presidente. ¿Cuándo actúan?”
Martha Lucía Ramírez también se pronunció señalando a Petro de ser un “experto en cortinas de humo”: “Esta es otra para minimizar inaceptable levantamiento órdenes de captura a personas que jamás han funcionado del lado de la legalidad , sino en contra y con su apoyo espera que Cepeda gane elección”.
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Paloma Valencia reaccionó con carta dirigida a Gustavo Petro

La senadora Paloma Valencia se pronunció mediante una carta abierta dirigida al presidente Gustavo Petro, en la que advirtió que sus declaraciones podrían sentar un precedente peligroso para la democracia: “En una democracia, el presidente no puede convertirse en quien insinúa, acusa y al mismo tiempo ejerce autoridad sobre las instituciones que deberían investigar. Esa no es una línea gris. Es una línea que no se cruza”.
La senadora también hizo referencia a denuncias previas sobre el uso de herramientas de vigilancia: “Más grave aún, cuando altos funcionarios de su propio gobierno han advertido posibles interceptaciones ilegales mediante herramientas como Pegasus. Lo que antes era una denuncia aislada, hoy empieza a parecer un patrón que exige respuestas de fondo”.
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Valencia subrayó la dimensión política del asunto y la necesidad de transparencia, afirmando que “Este no es un debate técnico sobre inteligencia. Es una discusión de fondo sobre si en Colombia el poder se usa para competir o para intimidar”.
Asimismo, expresó su apoyo a Abelardo de la Espriella y a los ciudadanos preocupados por el respeto de las reglas; y planteó preguntas concretas al gobierno sobre la legalidad y supervisión de posibles interceptaciones: “¿Se están realizando interceptaciones a ciudadanos o candidatos? ¿Cuentan con orden judicial? ¿Qué entidades están involucradas? ¿Se están utilizando estos mecanismos en el marco del proceso electoral?”, enfatizando que las garantías legales deben respetarse y no solo anunciarse.
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Llamados a la comunidad internacional
El exalcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, advirtió sobre posibles riesgos para la seguridad del candidato y su entorno: “Es demasiado grave que un presidente afirme abiertamente que utiliza la inteligencia del Estado para perseguir a un candidato presidencial y perfilarlo de forma peligrosa, tanto a Abelardo de la Espriella como a su familia. A Abelardo quieren hacerle lo mismo que a Miguel Uribe y es el mismo presidente de la República quien pone en riesgo su vida”.

Por su parte, el senador Mauricio Gómez Amín declaró: “Si desde el poder se insinúan interceptaciones ilegales contra un candidato presidencial, estamos ante un hecho gravísimo que amenaza la democracia. El fervor que hoy despierta Abelardo de la Espriella en Colombia es imparable. Eso no se combate con abusos ni con intimidaciones, sino con ideas y propuestas. La pregunta es clara: ¿cuál es el siguiente paso? ¿asesinarlo? Hago un llamado a la comunidad internacional, en especial a Estados Unidos, para que acompañe una investigación seria y se garanticen plenamente las condiciones de seguridad y transparencia para Abelardo de la Espriella en este debate electoral. Esto no puede seguir así”.
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A esto se sumó el concejal de Bogotá Marco Acosta, que señaló: “Estamos frente a un jefe de Estado que lanza acusaciones gravísimas sobre conspiraciones, manipulación electoral y supuestos acuerdos criminales… sin presentar una sola prueba. Si el presidente tiene pruebas, está obligado a presentarlas de inmediato ante el país y las autoridades competentes. Pero si no las tiene, lo que está haciendo es aún más grave: utiliza el Estado para sembrar miedo, confusión y deslegitimar el proceso electoral. Mi respaldo a Abelardo de la Espriella es claro y sin ambigüedades: en democracia, quien acusa tiene que probar. Y quien no prueba, responde políticamente por sus palabras”.

La controversia generada por estas declaraciones del presidente Gustavo Petro mantiene el debate político activo y plantea interrogantes sobre supuesta inteligencia en medio de las campañas electorales.
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