Fiscalía acusa a cuatro militares por la muerte de un campesino en Bolívar durante operativo contra cabecilla del ELN

Un caso ocurrido hace casi nueve años en zona rural del municipio de Arenal, en Bolívar, vuelve a tomar relevancia tras la acusación formal de la Fiscalía General de la Nación contra cuatro integrantes del Ejército Nacional, señalados de haber causado la muerte de un campesino en medio de un operativo militar.

Los hechos se remontan al 9 de abril de 2017, cuando un teniente y tres soldados profesionales, que hacían parte de un grupo élite de tiradores de alta precisión del Batallón de Acción Directa N.° 1 de la Quinta Brigada, participaban en una misión cuyo objetivo era ubicar y capturar a un cabecilla financiero del ELN conocido con el alias de Cusi.

De acuerdo con el ente acusador, el teniente Luis Adolfo Barrios Zuzunaga y los soldados Alcibiades Machado Herrera, Mario Calderón Campos y Óscar García habrían incurrido en un uso desproporcionado de la fuerza durante el desarrollo de la operación, lo que terminó con la muerte de un civil que no tenía relación con el objetivo militar.

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Según la investigación, en medio de uno de los desplazamientos por la zona, el oficial ordenó interceptar a dos hombres que caminaban por un camino veredal. Sin embargo, la situación escaló rápidamente cuando los civiles, al percatarse de la presencia de los uniformados, emprendieron la huida.

La reconstrucción de los hechos indica que los militares accionaron sus armas de dotación para impedir que escaparan, provocando la muerte de uno de ellos, mientras que el otro fue detenido. Posteriormente, se estableció que ninguno de los dos correspondía al cabecilla del ELN que buscaban.

El material probatorio recopilado por la Fiscalía apunta a que los uniformados no actuaron conforme a los protocolos establecidos para este tipo de operaciones, especialmente en lo relacionado con la identificación y la comunicación con civiles en zonas de conflicto.

En ese sentido, el ente sostiene que los militares no adoptaron medidas suficientes para identificarse plenamente ni garantizar que las personas entendieran la orden de detenerse, lo que habría derivado en una reacción desproporcionada.

Durante la audiencia de acusación, la fiscal del caso expuso los argumentos que sustentan el proceso judicial en contra de los implicados.

“Se puede afirmar con probabilidad de verdad que el comportamiento del oficial Luis Adolfo Barrios Zuzunaga y los soldados Mario Calderón Campos, Alcibiades Machado Herrera y Óscar García accionaron sus armas de fuego coetáneamente de manera consciente y voluntaria, dirigidas hacia la humanidad de quien creían correspondía a alias Cusi, causándole la muerte a un ciudadano ajeno al conflicto armado”, indicó la fiscal del caso a los procesados durante la audiencia de de acusación.

Asimismo, detalló cómo se habría tomado la decisión que desencadenó el desenlace fatal: “Hacia el mediodía del día nueve de abril, el teniente Barrios Zuzunaga recibió una información según la cual dos personas que se desplazaban por el mencionado camino veredal, uno de ellos correspondía presuntamente a alias Cusi. Tras hacer una comparación visual con unas fotografías, el oficial Barrios Zuzunaga dispuso que en su compañía, los soldados bajo su mando salieran al camino e interceptaran a las personas que transitaban por allí con el objeto de capturar a José Alejandro Chinchilla, conocido con el alias de Cusi. Es así que los civiles, al notar la presencia de los uniformados, emprendieron la huida corriendo”.

El caso ha sido asumido por un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, que imputó a los uniformados el delito de homicidio en persona protegida, una figura que se aplica en contextos del conflicto armado cuando las víctimas son civiles.

La investigación también establece que el cabecilla del ELN fue capturado horas después en un lugar distinto, lo que refuerza la hipótesis de que el campesino fallecido no tenía ningún vínculo con la estructura ilegal que era objetivo del operativo.

Este proceso judicial reabre el debate sobre el uso de la fuerza en operaciones militares en zonas rurales y la necesidad de garantizar protocolos que protejan a la población civil en medio de acciones contra grupos armados ilegales.