En varias regiones rurales de Colombia, sacerdotes han denunciado que están siendo obligados por grupos armados ilegales a cumplir funciones ajenas a su labor pastoral, según información obtenida por Revista Semana, en medio de un escenario de riesgo creciente.
Los testimonios señalan que los religiosos son presionados para cobrar dinero, mediar con comunidades e incluso promover movilizaciones contra la fuerza pública.
La situación refleja el nivel de control territorial que ejercen estructuras ilegales en zonas donde la presencia del Estado es limitada.
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Denuncias desde territorios bajo control armado
En las últimas semanas, distintos testimonios recogidos en terreno han evidenciado que sacerdotes en regiones como Cauca, Jamundí, Chocó, Caquetá, Putumayo y zonas de Antioquia enfrentan presiones constantes por parte de grupos armados ilegales.
Entre las estructuras señaladas se encuentran las disidencias de las Farc, el ELN y el Clan del Golfo, organizaciones que han consolidado control territorial en varias zonas rurales del país.
De acuerdo con los relatos, los religiosos son obligados a cumplir tareas como el cobro de dinero a comunidades o la transmisión de instrucciones impuestas por estos grupos.
“Nos dicen que ayudemos a ‘organizar’ a la comunidad. Pero eso significa cobrar plata”, afirmó un sacerdote que ejerce en zona rural entre Jamundí y el norte del Cauca, citado por Revista Semana.
Según el testimonio, negarse a cumplir estas órdenes implica riesgos graves, en un contexto donde ya se han registrado hechos de violencia contra quienes no acatan las imposiciones.
Otro religioso explicó que incluso reciben listas con montos y directrices específicas, lo que evidencia un esquema de presión sistemática sobre su labor.
“Nos entregan listas, montos, instrucciones. Nos dicen que hay que colaborar con la ‘causa’. Pero eso no es pastoral, eso es presión”, indicó otro sacerdote del norte del Cauca, citado por ese medio de comunicación.
Instrumentalización y control social
Los testimonios también advierten que los sacerdotes están siendo utilizados como intermediarios para influir en las comunidades, aprovechando la confianza que generan.
En algunos casos, las presiones incluyen llamados indirectos para que desde espacios religiosos se promuevan movilizaciones o asonadas contra la fuerza pública.
“Nos han pedido que desde el púlpito hagamos llamados a la comunidad. No lo dicen como orden directa, pero uno entiende. Que la gente salga a protestar, que se movilice contra el Ejército”, relató otro sacerdote, citado por Revista Semana.
Este tipo de situaciones ha sido documentado especialmente en zonas como Jamundí y el norte del Cauca, donde autoridades han advertido sobre la presencia de estructuras como el frente Jaime Martínez.
En estos territorios, además de retenes ilegales y presencia armada, se han registrado presiones sobre la población civil para participar en acciones contra la fuerza pública.
La posición de los sacerdotes se vuelve especialmente vulnerable, al quedar en medio de la presión de los grupos armados y la expectativa de las comunidades.
“Si uno no colabora, lo señalan. Si colabora, queda expuesto ante el Estado. Es quedar en medio de dos fuegos”, explicó otro párroco.
Expansión del fenómeno y riesgos crecientes
El fenómeno no se limita a una sola región. En departamentos como Chocó, comunidades han denunciado que el ELN ejerce control sobre amplias zonas rurales, regulando la movilidad y presionando a líderes comunitarios y religiosos.
Asimismo, en el sur del país, en regiones como Caquetá y Putumayo, estructuras armadas han replicado modelos de control similares, vinculados a economías ilegales y al dominio territorial.
En estos contextos, los sacerdotes son vistos como figuras clave para legitimar decisiones o transmitir mensajes, lo que incrementa su exposición al riesgo.
“Hay lugares donde la única institucionalidad es la Iglesia. Y eso nos convierte en blanco”, señaló un sacerdote con trabajo pastoral en el Pacífico, citado por Revista Semana.
Las dinámicas también incluyen restricciones a la labor religiosa, como la imposición de horarios, rutas o incluso contenidos de las actividades comunitarias.
En Antioquia, donde operan estructuras del Clan del Golfo y otros grupos armados, también se han reportado situaciones en las que los sacerdotes deben informar o solicitar autorización para realizar actividades.
En medio de este panorama, la Conferencia Episcopal ha advertido sobre las amenazas y presiones que enfrentan los religiosos, aunque en terreno las medidas de protección son consideradas insuficientes.
Los testimonios coinciden en que, pese a los riesgos, muchos sacerdotes continúan en sus territorios por el compromiso con sus comunidades.
“Nos toca seguir. No podemos abandonar a la gente”, afirmó uno de los párrocos, citado por ese medio de comunicación.
En varias regiones, la Iglesia continúa siendo uno de los pocos referentes de confianza para la población, pero también uno de los más expuestos en escenarios donde el control territorial está en manos de actores armados ilegales.
Así, los sacerdotes enfrentan una realidad marcada por la presión constante, el miedo y la necesidad de mantener su labor en medio de un conflicto que sigue afectando a las comunidades rurales del país.
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