
Wilmar Mejía, director de inteligencia de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), presentó su renuncia en medio de las investigaciones por presuntos vínculos con disidencias de las Farc comandadas por alias Calarcá. La decisión se conoció este martes 31 de marzo, luego de que la Procuraduría General de la Nación levantara la suspensión que lo apartaba temporalmente del cargo.
De acuerdo con declaraciones entregadas por el propio Mejía, la decisión de renunciar se produjo el pasado 3 de marzo, el mismo día en que fue reintegrado a sus funciones dentro de la entidad.
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“Me presenté en la dirección a firmar mi acta de reincorporación, pero esa misma tarde, en un lapso de 15 minutos, presenté mi renuncia”, afirmó el exdirector en entrevista con Noticentro Uno.
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La suspensión había sido impuesta como parte de las investigaciones disciplinarias en curso. Sin embargo, tras el levantamiento de la medida, Mejía optó por apartarse de manera definitiva del cargo.

Investigaciones por presuntos nexos
El nombre de Mejía fue mencionado en el marco de un caso que involucra posibles relaciones entre funcionarios del Estado y disidencias de las Farc conocidas como el grupo de alias Calarcá, estructura que opera en zonas con presencia de economías ilegales.
Estos señalamientos surgieron luego de que se conocieran archivos incautados por la Fiscalía durante un operativo militar realizado el 23 de julio de 2024 en Anorí, Antioquia.
En ese procedimiento, tropas del Ejército interceptaron una caravana de camionetas de alta gama en la que se movilizaban integrantes de esa estructura armada, incluyendo cabecillas, armas, dinero y un menor de edad.
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Entre los elementos decomisados se encontraban computadores, memorias USB y teléfonos celulares, cuyo contenido habría dado lugar a los señalamientos contra Mejía y el general del Ejército Juan Miguel Huertas.
Decisiones de la Fiscalía y liberación de capturados
Tras el operativo, la fiscal general, Luz Adriana Camargo, emitió un oficio en el que ordenó la libertad de la mayoría de los capturados, argumentando que eran gestores de paz.
Como resultado de esta decisión, quedaron en libertad alias Calarcá, su compañera Erika, y otros jefes de frente identificados como alias Ramiro y Urias Perdomo.
No obstante, las autoridades mantuvieron en su poder los dispositivos electrónicos incautados, los cuales forman parte de las investigaciones en curso.

Cuestionamientos por avances en la investigación
Según la información revelada, la Fiscalía habría tenido en su poder estos archivos durante cerca de un año sin que se registraran avances significativos en las indagaciones relacionadas con los presuntos vínculos.
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Este hecho ha generado cuestionamientos sobre el desarrollo de las investigaciones, dado que el caso involucra a funcionarios de alto nivel del Estado.
Posición del exdirector de inteligencia
Frente a los señalamientos, Mejía ha negado la existencia de vínculos con las disidencias de alias Calarcá, asegurando que dichas versiones no corresponden a la realidad.
El exfuncionario también indicó que estos supuestos nexos han sido desmentidos por la misma estructura armada, y sostuvo que su actuación se ha mantenido dentro de los principios éticos.
“Mis hechos o mis acciones no pueden ser inferiores a mis principios ni a mi ética”, manifestó según Semana.
Adicionalmente, señaló que el proceso en su contra habría presentado irregularidades en algunos procedimientos, aunque no entregó detalles adicionales sobre estos señalamientos.
Impacto institucional y contexto
La Dirección Nacional de Inteligencia es la entidad encargada de recolectar información estratégica para la prevención de amenazas contra el orden constitucional, por lo que los señalamientos han generado atención en distintos sectores.
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La renuncia de Mejía se produce en un contexto de investigaciones en curso, en las que las autoridades buscan esclarecer los hechos relacionados con los posibles vínculos entre funcionarios del Gobierno y estructuras armadas ilegales.

Investigaciones continúan
Tras la salida de Mejía, las investigaciones disciplinarias y judiciales continúan su curso, con el objetivo de determinar la veracidad de los señalamientos y las posibles responsabilidades.
Por ahora, no se han dado a conocer conclusiones definitivas sobre el caso, mientras las autoridades avanzan en el análisis del material incautado y en la recolección de pruebas.
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