Crisis de familias emberá en Bogotá: persiste la espera de soluciones y el alcalde Galán acusa al Gobierno nacional de abandono

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, denunció que el Gobierno nacional no cumplió con los compromisos asumidos con la comunidad emberá en el proceso de retorno y reubicación de los indígenas desplazados en la ciudad.

En un llamado directo al presidente Gustavo Petro, Galán afirmó: “Presidente Petro cúmplale a la comunidad Emberá, Bogotá ya lo hizo y su gobierno los está dejando solos”.

“Bogotá le cumplió a la población emberá que salió del Parque Nacional en 2024”, aseguró el funcionario. El mandatario local detalló que la Alcaldía culminó el último de los siete giros pactados para apoyar el retorno de las familias emberá a sus territorios de origen. También explicó que cerca de 176 hogares recibieron estos pagos de ingreso mínimo garantizado y que funcionarios distritales realizaron siete visitas de verificación a las zonas de retorno.

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Además, la Consejería de Paz de Bogotá mantuvo contacto constante con la comunidad y con entidades nacionales para asegurar el cumplimiento de los acuerdos. Galán enfatizó que la administración distrital ya no está en capacidad de atender nuevamente a quienes ya recibieron apoyo, y pidió que el Gobierno nacional “honre sus compromisos en materia de vivienda, infraestructura, vías, salud, educación y atención a la primera infancia”.

También señaló que el proceso de reubicación, que según el acuerdo debía realizarse dos meses después de la salida del Parque Nacional, continúa pendiente dieciocho meses después, con varias familias aún en albergues distritales.

Reubicación y retorno de los emberá en Bogotá

La reubicación de los indígenas emberá en Bogotá ha sido un proceso complejo y prolongado durante 2025, marcado por el retorno de más de 500 personas a los departamentos de Chocó y Risaralda. Sin embargo, otro grupo se resistió a abandonar tanto el Parque Nacional como la Unidad de Protección Integral (UPI) La Rioja, pese a los esfuerzos de las autoridades y un fallo judicial que ordenó la reubicación para mejorar sus condiciones de vida.

Más de 280 personas rechazaron salir de la UPI La Rioja, y unas 100 personas se negaron a dejar el Parque Nacional en septiembre de 2025, aun después de las ofertas de traslado colectivo e incentivos individuales. El distrito intentó trasladar a más de mil indígenas a las instalaciones del IDEPAC en Salitre Occidental, lo que provocó protestas de los vecinos de la zona.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó en mayo de 2025 la reubicación de la comunidad en un plazo de 90 días para proteger sus derechos ante las deficientes condiciones de salubridad y hacinamiento reportadas.

Denuncias y tensiones en los albergues

La situación en los albergues donde permanecen familias emberá se ha deteriorado. Se reportaron denuncias sobre presuntas prácticas de extorsión por algunos líderes y la resistencia de parte de la comunidad a aceptar las soluciones ofrecidas por el distrito, incluidas opciones de arriendo individual. Según registros oficiales, al menos 24 niños indígenas emberá han fallecido en Bogotá desde 2021, lo que evidencia el alto grado de vulnerabilidad de esta población.

A comienzos de 2026, el concejal Jesús David Araque, del Nuevo Liberalismo, denunció públicamente el uso de menores indígenas por adultos de la comunidad para ingresar drogas y licor a las instalaciones de las UPI durante las celebraciones de fin de año. “Es infame y vergonzoso que los niños y niñas indígenas Emberá sean utilizados por borrachos de esa comunidad para ingresar drogas y licor a las instalaciones de las Unidades de Protección Integral (UPI) como sucedió los días 31 de diciembre y 1 de enero”.

El concejal pidió investigar también las agresiones contra funcionarios distritales que denunciaron estos hechos en los albergues transitorios de Eduardo Santos y La Florida. Debido a la gravedad de la situación, 51 menores de edad de la comunidad emberá fueron trasladados a los Centros Amar de la Secretaría de Integración Social, con el objetivo de proteger su integridad.

Condiciones de habitabilidad y peticiones al Gobierno nacional

En la UPI La Rioja, ubicada en el barrio Eduardo Santos, residen 160 familias Emberá en un edificio con fallas estructurales, eléctricas y sanitarias, lo que mantiene en riesgo la vida de 388 personas indígenas. “No son condiciones para vivir allí. ¡No esperen a que ocurra una tragedia!”, advirtió Araque, quien reiteró el llamado al Gobierno nacional para que garantice el retorno de la comunidad en condiciones dignas y seguras.

En diciembre, el concejal Araque envió una carta firmada por 43 de los 45 concejales de Bogotá solicitando al director de la Unidad de Víctimas mayor apoyo para el retorno de la comunidad Emberá, en cumplimiento de las órdenes de la Corte Constitucional y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.