La Armada de Colombia ejecutó una operación que impidió la expansión de la extracción ilegal de yacimientos mineros en la Orinoquía, frenando un avance que habría generado grandes pérdidas ambientales y millonarios ingresos para redes delictivas.
El procedimiento, realizado por el Batallón Fluvial de Infantería de Marina No. 50 en coordinación con el Ejército Nacional y la Policía Nacional, tuvo lugar en el sector de Amanavén, sobre el río Guaviare, donde fueron incautadas 17 unidades de producción minera (UPM) antes de que fueran ensambladas y puestas en funcionamiento.
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Según informó la autoridad militar, este despliegue operativo alcanzó su objetivo principal: evitar la instalación de maquinaria destinada a la minería ilegal, protegiendo así los ecosistemas estratégicos del Guaviare.
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La incautación bloqueó el ingreso de estructuras que, una vez operativas, hubieran provocado contaminación por combustible, afectación de fuentes hídricas y degradación ambiental, con consecuencias sobre la biodiversidad y la seguridad alimentaria de las comunidades ribereñas.
Golpe a las economías ilícitas
De acuerdo con datos oficiales, cada Unidad de Producción Minera incautada tiene un valor estimado entre 200 y 280 millones de pesos, lo que representa una afectación directa a las finanzas de las redes criminales dedicadas a la minería ilícita.
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Las autoridades calcularon que cada unidad puede generar ingresos mensuales cercanos a $7.922 millones, mientras que los Grupos Armados Organizados obtienen aproximadamente $790 millones mensuales por concepto de cobros extorsivos a los mineros.
La motivación detrás de este modelo criminal radica en el alto valor del oro en el mercado. En zonas como Inírida, el gramo puede llegar a venderse en $420.000, mientras que en Bogotá alcanza hasta $640.000. Esta diferencia de precios incentiva la explotación ilícita y alimenta la cadena de criminalidad asociada.
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El coronel de Infantería de Marina Andrés Alejandro Varón Daza, comandante de la Brigada de Infantería de Marina No. 5, describió el alcance de la acción: “Neutralizamos una fuente de financiación de los grupos armados organizados y prevenimos un daño ambiental crítico en los ecosistemas de la Orinoquía colombiana”.
El oficial explicó que este resultado representa un doble impacto, al afectar las estructuras financieras ilegales y proteger el entorno natural.
Resultados operacionales y aumento de la efectividad
Durante 2026, la Armada de Colombia ha incautado 26 Unidades de Producción Minera, superando las 19 reportadas en 2025. Estos resultados reflejan un incremento en la efectividad de los operativos y un fortalecimiento del control territorial sobre este fenómeno delictivo. El material decomisado, que incluye equipos, maquinaria especializada y más de 2.100 galones de combustible, fue entregado a las autoridades competentes en el departamento del Guainía.
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El comandante Varón Daza subrayó que “cada una de estas unidades, utilizadas para la extracción ilegal de yacimientos mineros, tiene un valor estimado de 200 y 255 cincuenta millones de pesos, lo que representa un impacto de más de 3.400 millones de pesos”. Según el informe oficial, la acción conjunta evitó que las UPM fueran instaladas en el lecho del río, lo que habría causado un impacto ambiental directo y difícil de revertir.
Compromiso institucional y retos pendientes
La Armada de Colombia reiteró su compromiso con la protección del medio ambiente, la defensa del territorio y la lucha frontal contra las economías ilícitas en la Orinoquía. Las operaciones conjuntas buscan debilitar el poder financiero de los grupos armados organizados y garantizar la seguridad de las comunidades locales.
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“Nuestra misión es clara: proteger los recursos naturales, debilitar las economías ilícitas y garantizar la seguridad de las comunidades en la Orinoquía colombiana”, afirmó el coronel Varón Daza.
Las autoridades continúan desplegando esfuerzos para contener la minería ilegal y sus consecuencias, en una región donde la presión sobre los recursos naturales y la presencia de actores criminales representan desafíos persistentes para el Estado.
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