El presidente Gustavo Petro sancionó el viernes 27 de marzo de 2026 la Ley Estatutaria de Jurisdicción Agraria durante un evento realizado en el polideportivo de Cereté, Córdoba. En la misma jornada, el mandatario oficializó la entrega de más de 3.000 hectáreas de tierra a familias campesinas afectadas por la emergencia climática y dio inicio a la demolición de jarillones para la recuperación de la Ciénaga Grande del Bajo Sinú.
La nueva normativa modifica la Ley 270 de 1996 de administración de justicia y establece un marco institucional para la resolución de conflictos agrarios mediante jueces especializados. La ley busca que los asuntos relacionados con la tierra, los derechos campesinos y los territorios rurales sean atendidos de manera exclusiva, con enfoque técnico y mayor cercanía a las comunidades.
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Durante su intervención, el jefe de Estado se refirió al alcance de la reforma agraria y su relación con la nueva jurisdicción: “No es poco lo que aquí estamos celebrando, es una manera de hacer la reforma agraria que junta el deseo de justicia social del campesinado sin tierra o con poca tierra del departamento de Córdoba”.
Asimismo, añadió: “La tierra fértil de la mejor de Colombia sólo sirvan de pastizales (...) pudiendo generar muchísimo más empleo, pudiendo generar muchísima más riqueza”.

Uno de los componentes incorporados en la nueva normativa es la figura de los facilitadores agrarios y rurales, quienes tendrán la función de orientar de manera gratuita a los ciudadanos sobre sus derechos y los procedimientos legales. Esta medida está dirigida a reducir las barreras de acceso a la justicia en zonas donde históricamente ha existido baja presencia institucional.
En su discurso, el presidente Petro enfatizó el papel de la justicia en la resolución de conflictos: “Cuando hayan conflictos entre el grande y el pequeño, no sea el machete sangriento, no sea la sierra eléctrica ensangrentada el camino de la solución, que sean los jueces, que sean los magistrados, que sea la justicia”. También señaló: “que sea una justicia al servicio del pueblo, no del poderoso”.
Entrega de tierras a familias campesinas

Durante el evento, el Gobierno formalizó la adjudicación de más de 3.000 hectáreas de tierra destinadas a más de 1.000 familias campesinas afectadas por la reciente emergencia climática. Algunas de estas tierras, que fueron recuperadas tras haber estado en manos de estructuras vinculadas a exjefes paramilitares, están ubicadas en municipios como Planeta Rica, Sahagún, Buenavista, Montería, Cereté, San José de Uré y Puerto Libertador.
De acuerdo con el Gobierno, las tierras fueron entregadas a organizaciones campesinas, asociaciones productivas y comunidades étnicas, incluyendo el Resguardo Indígena Zenú, con el fin de facilitar la reactivación económica rural y fortalecer las condiciones para la producción agrícola en la región.
En su intervención, el mandatario también hizo referencia al proceso de distribución de tierras en el país: “hablar ya de más de 700.000 hectáreas es la cuota inicial fundamental de la justicia social en Colombia y de la superación de la pobreza, pero tiene que ser entregada al campesinado”.
Además, afirmó: “la tierra tiene que quedar en manos campesinas antes de cualquier riesgo” y agregó: “cada metro cuadrado que hoy tengamos ya adquirido, debe pasar a una familia campesina para que pueda vivir cultivando”.
Recuperación ambiental en el Bajo Sinú

Como parte de la jornada, el Gobierno dio inicio a la demolición de jarillones en el Bajo Sinú, una medida orientada a la recuperación de ecosistemas estratégicos como la Ciénaga Grande. Esta intervención busca restablecer los flujos naturales del agua y mitigar los efectos de las alteraciones ambientales en la región.
La recuperación de estos espacios pretende mejorar las condiciones de vida de las comunidades que dependen de los recursos hídricos, así como contribuir a la sostenibilidad ambiental del territorio. Según lo expuesto durante el evento, la intervención responde tanto a necesidades sociales como ambientales.
En ese contexto, el presidente Petro vinculó las acciones de recuperación ecológica con la política agraria: “Estamos enseñándole al mundo que si queremos justicia climática, hay que construir justicia social”. También advirtió sobre el impacto de la crisis climática: “La crisis climática afecta de primer grado, en primer lugar a la gente pobre (...) si no la detenemos en esta generación, traerá más hambre para el mundo”.
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