El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, criticó la tardanza de la Fiscalía General de la Nación en tomar una decisión sobre la reactivación de las órdenes de captura contra Alexander Díaz, alias Calarcá, cabecilla del autodenominado Estado Mayor de Bloques y Frentes de las disidencias de las FARC (Embf). El mandatario advirtió que la demora institucional favorece la impunidad y un abandono para las víctimas.
“Cada hora que pasa protege a Calarcá, abandona a las víctimas y crece la impunidad. Fiscalía y Gobierno Petro le vuelven a allanar el camino a alias Calarcá: ya lo hicieron una vez al dejarlo libre tras su captura en Antioquia por el Ejército Nacional”, expresó Rendón en un contundente mensaje en sus redes sociales, en referencia a la más reciente controversia sobre el estatus jurídico del jefe disidente.
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La reacción del mandatario seccional se produjo luego de que el ente acusador anunció que en los próximos días evaluará si reactiva la orden de captura contra alias Calarcá, tras la recolección de evidencia técnica que lo vincula con delitos graves cometidos mientras fungía como vocero en la mesa de diálogos de paz con el Gobierno nacional; en lo que sería una grave violación a su estatus, y obligaría a tomar nuevas medidas.
En sus declaraciones, Rendón recordó la gravedad de los delitos atribuidos a Calarcá. “Hablamos del responsable del asesinato de 13 policías y el derribamiento de un Black Hawk de EE. UU., entre muchos otros delitos”, reiteró, al tiempo que exigió una actuación inmediata por parte de las autoridades judiciales. “Si hay evidencia suficiente, no se anuncia: se captura. Lo demás es darle ventaja y es complicidad”, concluyó.
Sobre este caso, cabe destacar que la Fiscalía informó que la decisión responde a un procedimiento definido en reunión entre la fiscal General Luz Adriana Camargo y el comisionado de Paz, Otty Patiño, en un encuentro que se dio con los precedentes jurídicos de la Ley 2272 de 2022 y la sentencia C-525 de 2023 de la Corte Constitucional. Lo anterior, mientras sectores sociales y políticos exigen respuestas eficaces.
Intenso debate sobre la suspensión de órdenes de captura sobre alias Calarcá
La controversia surgió tras el anuncio de la Fiscalía sobre la revisión urgente del caso. En una entrevista con Blu Radio, Camargo explicó que el agravamiento de la situación jurídica del insurgente se debe al “hallazgo de dispositivos electrónicos en un retén donde fue interceptado el líder insurgente”, los cuales contenían mensajes que lo vinculan directamente con homicidios posteriores a su designación como vocero.
“Encontramos el asesinato de un líder social. Y lo que encontramos ahí fue exactamente la conversación escrita que tiene con el chat que tiene con el ejecutor material de ese homicidio y luego la evidencia de que esa muerte por orden de él se habría ejecutado,” declaró Camargo al citado medio, en el que sostuvo que estos elementos contradicen el compromiso exigido a los voceros de paz y que la situación es “grave”.
Es por ello que se definió un procedimiento para la revisión de la suspensión de las órdenes de captura, y entre Camargo y Patiño se definió una metodología de seguimiento periódico y la vinculación de instituciones responsables en la materia. De acuerdo con la Fiscalía, la decisión sobre la reactivación de la orden de captura depende de la verificación rigurosa de los requisitos legales y del cumplimiento del cese de hostilidades.
En palabras de la fiscal general, “la oficina del comisionado para la Paz ha sido plenamente informada sobre estas pruebas y las consecuencias penales que acarrean”. Por eso este expediente representa, según la institución, un punto de inflexión en el proceso de diálogos, por lo cual es necesaria una verificación estricta de hechos concretos para definir si se puede mantener o no la suspensión de procesos judiciales sobre Díaz.
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