
La senadora del partido Comunes Sandra Ramírez ha sido blanco de críticas debido a su nombramiento como vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República. Los críticos rechazan la designación de la política, que lleva ocho años fungiendo como legisladora, debido a su pasado guerrillero, como miembro de las extintas Farc-EP.
El exconcejal de Bogotá y congresista electo Daniel Briceño es una de las personas que ha expresado públicamente su rechazo a dicho nombramiento. En conversación con la revista Semana, el exfuncionario comparó a Ramírez con Luis Alfredo Garavito, un asesino y agresor sexual en serie, cuyas víctimas fueron más de 170 niños.
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“Esto es como si hubiésemos nombrado a Garavito director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), poner a Sandra Ramírez a dirigir la Comisión de Derechos Humanos cuando tiene una cantidad de procesos y de cuestionamientos en materia de derechos humanos”, señaló el exconcejal.
La congresista es señalada de haber propiciado abusos sexuales contra menores de edad reclutados por las Farc. Deisy Dorelly Guanaro, una de las miles de víctimas del grupo armado, aseguró que fue violada por Pablo Catatumbo, uno de los cabecillas del extinto grupo armado, cuando ella tenía 12 años. Afirmó que Ramírez impulsó este y otros abusos sexuales.
“En repetidas ocasiones, me obligó a desfilar en ropa interior frente a criminales pedófilos que hoy son congresistas, mientras me apuntaba con un fusil a la cabeza”, aseveró.

En ese sentido, Briceño aseguró que los excombatientes de las Farc que firmaron el Acuerdo de Paz de 2016 con el Estado colombiano y que se reincorporaron a la vida civil se muestran como si fueran “personas bondadosas” y como si hubieran “hecho un favor” a la población colombiana al dejar las armas.
Sin embargo, desde su perspectiva, la realidad es otra. En el caso de Ramírez, considera que, aunque no está condenada por ningún delito y esté ejerciendo como política, sigue siendo “criminal”.
“La señora Sandra Ramírez es una criminal y, por más curules que haya tenido durante ocho años y que haya tenido camionetas y sueldo y demás, en medio de un proceso mal negociado, no deja de ser una criminal y es lo que es. Y así la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz) no la vaya a juzgar, el país y la historia tienen que reconocerla siempre como es, como una criminal”, señaló el representante a la Cámara electo en la entrevista.

A través de su cuenta de X, la congresista defendió su nombramiento en el Senado, indicando que siempre ha reconocido su participación en las antiguas Farc-EP y que ha “puesto la cara” por los hechos violentos perpetrados por la guerrilla. Además, aseguró que no ha instrumentalizado a las víctimas con fines políticos.
Asimismo, aclaró que, debido a su trabajo como legisladora, tiene el derecho de hacer parte de los procesos de selección para las mesas directivas, así como a ser elegida y a elegir a otros. Ese derecho, según precisó, no debe ser tomado como una “burla” hacia las víctimas de las Farc.
Insistió, además, en que en varias oportunidades ha pedido perdón por los delitos cometidos por el grupo armado y que seguirá pidiendo disculpas por los hechos victimizantes que enfrentaron miles de víctimas en el país.

“Soy vicepresidenta de la Comisión de DDHH porque durante casi 8 años como Senadora he trabajado por la paz de Colombia, por los territorios, por los derechos de la gente. He pedido perdón mil veces a quienes por consecuencias de todos los intervinientes de la guerra sufrieron hechos dolorosos y lo seguiré haciendo siempre. Aquí estamos para reconocer y para garantizar la no repetición de la guerra (sic)”, añadió.
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