El abogado Iván Cancino aseguró que también ha sido víctima de amenazas provenientes de la cárcel La Picota, luego de que se conociera la alerta sobre un posible atentado contra el jurista Miguel Ángel del Río Malo.
La advertencia inicial fue hecha pública por Del Río Malo, abogado de la excongresista Aida Merlano y de su hija Aida Victoria Merlano, quien aseguró haber recibido información urgente sobre un plan criminal en su contra, que se estaría gestando desde ese centro penitenciario.
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Según explicó, el presunto atentado también tendría como objetivos al periodista Gonzalo Guillén, al sargento Wadith Velásquez y a otros testigos vinculados a investigaciones en curso.
Tras conocerse esta denuncia, Cancino reaccionó públicamente señalando que su caso no sería aislado. “A mí me han amenazado desde ese recinto”, afirmó, al tiempo que cuestionó la actuación de la Fiscalía General de la Nación frente a este tipo de hechos.
El abogado fue más allá y criticó lo que calificó como una práctica sistemática de archivo de denuncias. Según explicó, los procesos por amenazas estarían siendo cerrados de forma expedita mediante formatos estandarizados de varias páginas que solo cambian el nombre del denunciante, lo que —a su juicio— evidencia la ausencia de investigaciones de fondo y una posible desprotección para las víctimas.
En paralelo, Del Río reiteró la gravedad de la información recibida. El abogado penalista advirtió públicamente sobre el riesgo que enfrenta tras conocer detalles de un posible atentado en su contra, el cual —según su denuncia— habría sido planificado desde La Picota, uno de los principales centros penitenciarios del país.
El plan, aseguró, no solo lo tendría como objetivo a él, sino también a Guillén, Velásquez y otros testigos relacionados con procesos judiciales de alto impacto.
Ante esta situación, Del Río hizo un llamado urgente a las autoridades, incluyendo a la Fiscalía, al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y a la Policía Nacional de Colombia, para que adopten medidas inmediatas de protección e investiguen la veracidad de la información.
La denuncia ha generado preocupación en distintos sectores, especialmente por la posibilidad de que desde centros de reclusión se estén coordinando acciones criminales.
Este no sería un hecho aislado. En 2024, Del Río ya había denunciado amenazas similares en su contra. En ese momento, responsabilizó al Clan del Golfo y al narcotraficante Marquitos Figueroa de planear su asesinato.
Según documentos presentados por el abogado ante las autoridades, existía información que advertía sobre un plan para atentar contra su vida y la de otras personas vinculadas a investigaciones sensibles.
Ese antecedente refuerza la preocupación actual, pues evidencia la recurrencia de las amenazas y la persistencia del riesgo para quienes participan en procesos judiciales contra estructuras criminales.
Además, introduce un elemento adicional de gravedad: la posible articulación de estas amenazas desde el sistema penitenciario.
Las reacciones no se hicieron esperar. El senador Iván Cepeda Castro expresó su solidaridad con Del Río y pidió a las autoridades actuar con eficacia para protegerlo e investigar los hechos denunciados.
En la misma línea, el exembajador Camilo Romero calificó la situación como “muy grave” y advirtió sobre los riesgos que enfrentan quienes defienden causas judiciales en el país.
Organizaciones internacionales también se han pronunciado. La Asociación Freytter Elkartea destacó la trayectoria de Del Río y Guillén en la defensa de los derechos humanos y solicitó al presidente Gustavo Petro adoptar medidas urgentes de protección.
Para esta organización, la denuncia sobre amenazas provenientes desde La Picota refleja un problema estructural que compromete la seguridad de testigos, abogados y periodistas.
Del Río, por su parte, ha insistido en que la información que recibió es de carácter “urgente” y que el esquema del presunto atentado incluiría múltiples víctimas.
Sus declaraciones, difundidas a través de redes sociales, han puesto nuevamente sobre la mesa el debate sobre la seguridad en las cárceles y la capacidad de las autoridades para prevenir la planificación de delitos desde estos espacios.
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