El Gobierno de Gustavo Petro destinó una gran suma de dinero en contratos directos bajo una figura creada por el Plan Nacional de Desarrollo que la Corte Constitucional declaró inconstitucional por falta de transparencia. La mayoría de los contratos, pese a la cuantía invertida, siguen inconclusos, lo que pone en duda el impacto real de esos fondos, de acuerdo con la respuesta que dio Colombia Compra Eficiente a un derecho de petición de El Tiempo.
De acuerdo con el mismo, entre 2023 y 2025, el Ejecutivo firmó 80.736 contratos directos con asociaciones comunales, cabildos, resguardos, juntas de acción comunal y consejos comunitarios.
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Se conoció que el gasto total superó los $31 billones. De este monto, más de $25 billones se adjudicaron a 55.434 contratos con asociaciones comunales. Además, según la entidad:
- Consejos comunitarios: recibieron más de $2 billones en 13.970 contratos
- Resguardos: más de $1 billón distribuidos en 2.274 contratos.
- Cabildos: unas 1.389 contrataciones por más de 700.000 millones.
- Juntas de acción comunal: obtuvieron más de 6.900 millones a través de 6.927 contratos.
- Cabildos indígenas:742 contratos por más de 382.000 millones.
El modelo permitía que se designaran de manera directa las organizaciones beneficiarias, lo que la Corte Constitucional objetó por no garantizar competencia y reglas claras para la selección, de acuerdo con la sentencia divulgada en 2025. Las normas anuladas, los artículos 100 y 101 del Plan Nacional de Desarrollo, facultaban a las entidades estatales a celebrar este tipo de contratos hasta por la mínima cuantía, de manera directa y bajo parámetros definidos en la legislación nacional.
Distribución del gasto y avances en contratos directos
Según lo resportado por el medio, el avance de las obras financiadas por estos contratos fue bajo en comparación con el monto comprometido:
- Asociaciones comunales: de los 55.434 contratos firmados, solo 7.309, por un valor de $4,7 billones, figuran como terminados.
- Cabildos: apenas 165 contratos por $137.000 millones están concluidos.
- Consejos comunitarios: presentan poco más de 1.000 contratos ejecutados por cerca de $300.000 millones.
- Juntas de acción comunal tienen 539 proyectos con reporte finalizado, por $22.000 millones.
- Cabildos indígenas: se registran 48 contratos concluidos por 17.000 millones.
- Resguardos: de 2.274 contratos celebrados, solo 214 están terminados, lo que suma cerca de $448.000 millones.
El grueso de los contratos sigue en estados de ejecución, fueron modificados o solo firmados sin evidencia de obras finalizadas, una situación que se sostiene más de un año después del inicio de la política, según datos obtenidos por El Tiempo.
Alertas sobre ejecución de obras y control fiscal
La Contraloría ya emitió alertas sobre la baja materialización de las obras comprometidas por este esquema. Un informe señaló que, con la política Caminos para la Paz, apenas 2.387 de los 33.000 kilómetros de vías rurales programados por el Gobierno estaban construidos hasta 2025, lo que representa solo el 7% de la meta fijada.
El reporte resalta la brecha entre los recursos desembolsados y los resultados verificables en infraestructura local. Además, advierten sobre contratos modificados o nunca iniciados que comprometen cuantiosos fondos públicos sin resultados concretos.
Organizaciones de control advirtieron riesgos de corrupción, ausencia de estudios técnicos suficientes y posibles concentraciones de recursos en grupos afines al oficialismo.
Debate legal y gremial sobre la contratación directa
La Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI) criticó la focalización de la ejecución de obras públicas en organizaciones comunitarias. El ya expresidente del gremio Juan Martín Caicedo, durante la aprobación del plan, expresó que la medida “promovía la concentración de obras públicas en manos inexpertas, lo que favorecía a grupos poblacionales en detrimento de las pequeñas y medianas empresas de ingeniería asentadas en las regiones”.
Según la CCI, asignar obras especializadas a asociaciones comunales puede redundar en baja calidad y riesgo elevado de proyectos inconclusos. El gremio también sostuvo que la contratación directa restringe la libre competencia y la pluralidad de oferentes, apartándose de los principios fundamentales del estatuto contractual.
En contraste, la Procuraduría, por medio del procurador General, Gregorio Eljach, defendió el esquema ante la Corte Constitucional el 13 de mayo de 2025. Según el concepto remitido, “flexibilizar la contratación para potencializar este segmento de la economía resulta razonable y proporcional, como lo ha reconocido la jurisprudencia constitucional”. Eljach argumentó que las disposiciones estaban debidamente reguladas por la legislación nacional y limitaban la contratación directa a los casos previstos y bajo reglas claras.
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